TUXTLA GUTIÉRREZ.- Mientras la Embajada de Estados Unidos en México emitió este miércoles una alerta para que sus empleados no visitaran Ocozocoautla, Chiapas, ante el clima de inseguridad que ahí prevalece, decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, continúan llegando a ese municipio.
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Apenas el 11 de abril, un grupo como de 300 extranjeros caminó alrededor de 22 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez hacia esa localidad, en un tramo carretero que es considerado “foco rojo” ante la presencia de grupos del crimen organizado que, incluso, han protagonizado enfrentamientos.
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Wilfran, joven de 22 años de edad y originario de Venezuela, lamenta que, en México, haya vivido ya dos episodios complicados, el último este miércoles, cuando un elemento de la Guardia Nacional (GN) le apuntó con su rifle en la frente, cuando se dirigía con el grupo hacia Ocozocoautla.
Pero la situación ha sido complicada para él, pues hace como dos semanas, en Veracruz, un grupo armado secuestró a cerca de 60 migrantes, entre éstos a él. el panorama se complicó cuando los delincuentes comenzaron a pedirles dinero a sus familias.
“Decían que les dieran de 2 mil a 2,500 dólares, a cambio de órganos, o cosas así. Pero, junto a otros compañeros, nos brincamos de las camionetas en las que nos transportaban; de los demás no sé nada”, recuerda.
Sin embargo, Wilfran proviene de un contexto de violencia. En su tierra natal, le tocó ver cómo amigos morían a manos de las pandillas o bandas; incluso, perdieron su hogar por la misma situación. De hecho, su estado es uno de los más caóticos en esa nación sudamericana (aunque no quiso revelar cuál es).
“Quedamos en la calle (por el acoso de las pandillas), y mi madre, abuela y hermanos tuvieron que irse a Colombia; en mi caso, busqué esta alternativa, y gracias a Dios ya estoy aquí, en esta lucha por llegar a los Estados Unidos”, revela el entrevistado, cuyo deseo es regalarle una “casa digna” a su familia.
Para el pintor de casas, los dos meses de estancia en territorio mexicano han sido complicados. Pese a que ya había llegado a la Ciudad de México, las autoridades migratorias lo devolvieron a Chiapas. Sin embargo, no pierde las esperanzas de lograr su objetivo.
RIESGO LATENTE
Aunque Ocozocoautla es un “foco rojo”, los migrantes permanecen en el Auditorio Municipal, a donde les llega ayuda (ropa, alimentos, agua, calzado, entre otros) de todos lados: desde la autoridad municipal, hasta de la sociedad y grupos religiosos.
A diferencia de otros días, con el calor agobiante, hoy el viento fresco obligó a varias mujeres a cubrirse con las colchas que les obsequiaron, y así descansar un rato más.
Para Wilfran, sólo Dios los puede librar de la maldad, debido a que, asegura, hasta los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les roban o les piden cierta cantidad de dinero para permitirles avanzar. “Te digo, si uno de la Guardia me apuntó en la mera frente, ¿qué nos podemos esperar?, ¿cómo nos defendemos?”
LA VIDA SIGUE…
En este poblado, también conocido como Coita, la rutina de los ciudadanos es casi normal. Sólo algunas escuelas del nivel básico decidieron suspender clases, ante el temor que se vive. En una de las calles (a la altura de la 3ª Poniente, entre 3ª y 4ª Sur), La Silla Rota observó a gente armada que atravesó un par de camionetas blancas para bloquear el tránsito.
A pesar de que los hombres, encapuchados y con chalecos antibala, parecieran de una corporación de seguridad o de la misma Fiscalía, la gente se desconcierta, pues piensa que se trata del crimen organizado.
PEQUEÑA CARAVANA SE “ESTACIONA” EN AUDITORIO
En el Auditorio Municipal de esa localidad, otra mujer, originaria de Valencia, Venezuela, cuenta el viacrucis que ella y su familia que la acompaña han sorteado para llegar hasta donde están.
Desde que pisó suelo mexicano, recuerda la entrevistada, quien prefiere el anonimato, gente de un cártel los paró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, y les exigió dinero. “Aunque la intención era robarnos, pero también nos querían llevar, eran como 40 hombres, y nosotros un grupo como de 150”.
Lo que recuerda, dice, es que se trataba de un grupo criminal “de peso”, “porque tenían como un símbolo de un águila, no recuerdo bien cómo se llama, pero nos dijeron que eran pesados, de los cárteles más duros”, confiesa. Roy, también originario del país gobernado por Nicolás Maduro, asevera que, desde hace como 45 días, arribó a Tapachula con una mochila “llena de esperanzas”.
Pese a que él sí empezó un trámite ante las instancias competentes, el calvario se origina en cada retén donde son encarados por elementos del INM o de la GN o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Es decir, aunque avance seis o siete poblados, esas autoridades los regresan, con la promesa de brindarles un permiso especial. La última vez, comenta que lo detuvieron en Mapastepec y le quitaron una cédula.
“Lo que ocurrió es que nos metieron en un albergue, nos devolvieron la cédula y nos tiraron en Tapachula”, puntualiza el hombre de 40 años y quien, en su país, era dueño de un taller de pintura automotriz.
En Venezuela, menciona, dejó a sus padres y sobrinos, pues aún no se ha casado, ni tiene hijos. Si decidió huir, menciona, es por el acoso del propio gobierno y el “estrangulamiento” de la economía. Para Roy, el miedo prácticamente no está dentro de su vida, sobre todo, confiesa, porque tiene mucha fe en que Dios los cuidará en su trayecto hacia los Estados Unidos.
Este 12 de abril, los migrantes que permanecen en el Auditorio de Coita emprenderán su camino, aunque “su brújula” no sabe hacia dónde partirán con certeza. Mientras tanto, pequeños grupos de migrantes, incluidos niños y mujeres embarazadas, caminan a orilla de la carretera que conduce de Tuxtla hasta ahí, para alcanzarlos y organizarse mejor.
Asimismo, en algunos puntos “estratégicos”, elementos de la Guardia Nacional están listos para entrar en acción en caso de que se requiere; además, algunas patrullas de la Policía Estatal efectúan recorridos en esa vía terrestre, como parte de la “Operación Chiapas Seguro” que entró en vigor hace tres días, con la presencia, en varias regiones del estado, de más de mil elementos de diferentes corporaciones de seguridad.
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), desde el 2013 a febrero de este año, ha reconocido a 116,224 personas extranjeras como refugiadas, de las cuales alrededor del 89.36 por ciento se otorgaron en lo que va de esta administración federal.