TUXTLA GUTIÉRREZ. - Cuando escucharon que el gobierno del estado pretendía echar andar un proyecto de una “supercarretera” que conectara a dos Pueblos Mágicos: San Cristóbal de Las Casas con Palenque, un grupo de pobladores del municipio indígena de San Juan Cancuc se opuso debido a que serían afectadas algunas de sus comunidades y, sobre todo, cientos o miles de árboles.
Esta determinación de frenar una megaobra les traería consecuencias a cinco personajes del movimiento: Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez.
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Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (“Frayba”), a los tres primeros los aprehendieron el 29 de mayo de 2022 por el delito de portación de armas y enervantes. Durante su arresto, participaron elementos de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.
Por casi un día y ya en manos de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal de Las Casas, esas personas fueron incomunicadas y víctimas de tortura.
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Aunque, por falta de pruebas, los exculparon de ese delito, se les arrestó de nuevo por un segundo ilícito, también fabricado: el asesinato de un policía municipal de San Juan Cancuc en el 2021 y, por ello, fueron encerrados en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) número 5.
Según Jorge López, abogado del “Frayba”, en este caso hubo “mano negra” debido a que ese elemento policiaco fallecería tras caerse en un barranco, porque estaba alcoholizado.
Por desgracia, recuerda, Manuel y los demás hombres ayudaron a sacar al uniformado y lo entregaron a otros policías que, asimismo, lo llevaron a un centro médico, pero no soportó y pereció en el camino.
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El estado busca “callarlos”
“El meollo es que ellos se oponían a ese proyecto carretero, además de que la iglesia de San Juan Cancuc tiene promotores de derechos humanos, entre ellos Manuel, quien impulsaba que, dentro de su pueblo, no se llevaran a efecto proyectos de ese tipo, u otros como el de una presa hidroeléctrica”, argumenta.
Para su defensa, el “Frayba” reunió a tres testigos, quienes presenciaron el momento en que el policía, en estado de ebriedad, cayó al “voladero” y luego murió.
El día en que se celebraba la audiencia de apertura en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, dos de los testigos que manifestaban su respaldo a las afueras del CERRS 5, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, también fueron detenidos por el mismo delito.
“La Fiscalía generó otra orden de aprehensión, y a ellos los acumularon en el ‘homicidio’ del policía”, asevera el abogado, quien afirma que en la actualidad están en la etapa de reposición del procedimiento.
Pese a que todos ya fueron sentenciados por 32 años de prisión y una reparación de daños para la víctima de casi 900 mil pesos, aún existe una esperanza de que obtengan su libertad.
Como en su proceso se les negó o, más bien, no se les garantizó el protocolo de actuación para condenar a personas con perspectiva intercultural, un juez del Tribunal Federal analizó el caso y ordenó la reposición de la audiencia del juicio oral.
Por ello en un par de semanas, calcula Jorge López, tendría que culminar ese juicio, ya sea para que se determine la sentencia o que ésta sea absolutoria.
Común la fabricación de culpables
Por su parte, Dora Lilia Roblero García, directora del “Frayba”, aclaró que, desde hace tiempo, han documentado todo lo necesario para demostrar su inocencia, sin embargo, lamentó que aún exista una criminalización en contra de defensores de derechos humanos y del territorio.
“Hemos visto una serie de faltas al debido proceso, en donde no se garantizó, en primer lugar, el título de defensores, y se les trató muy mal, los torturaron para que se inculparan”, aseveró.
La fabricación de culpables, puntualizó, es común en la entidad chiapaneca, sobre todo en contra de compañeros que están en pie de lucha y organizados ante diferentes situaciones que afectan sus derechos y territorios.
Según ella, no cuentan con un número exacto de los casos en los que habría fabricación de delitos, pero estimó que podría haber irregularidades en todos, “porque hablamos de un patrón de incumplimientos y abusos de las autoridades”.