José Santiago Meza López, alias “El Pozolero”, y Héctor Manuel Diarte Guerrero, ex agente ministerial de la desaparecida Procuraduría General de Justicia de Baja California, fueron sentenciados a 30 años y ocho meses por los delitos de delincuencia organizada y secuestro y disolver un cadáver en sosa cáustica.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo sentencia condenatoria de 30 años ocho meses de prisión en contra de dos personas por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro) y secuestro.
Historia de un secuestro, asesinato y disolución de cadáver
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), sostiene que “El Teo” llamó por teléfono a su entonces novia “para invitarla a cenar y terminar su relación”.
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A la reunión acudieron la novia, junto con su mamá, el hermano y el sobrino, y ya nunca se volvió a saber de ellos, por lo que Víctor Alejandro López Soto, padre de la joven, denunció los hechos en la extinta Procuraduría.
Acto después, López Soto fue secuestrado por los agentes ministeriales Marcos Javier Lujan Rosales y Héctor Manuel Diarte Guerrero, quienes lo entregaron a El Pozolero para privarlo de la vida y deshacerlo en sosa cáustica.
Confesión y vinculación a proceso
El Pozolero fue arrestado el 23 de enero de 2009 en Tijuana, Baja California, ahí confesó llevar más de nueve años disolviendo cuerpos y en donde confesó haber deshecho más de 300 cadáveres en el tiempo que sirvió a la organización delictiva, cuya mezcla consistía en agua con sosa cáustica en tambos.
Ficha de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo sentencia condenatoria de 30 años ocho meses de prisión en contra de dos personas por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de secuestro) y secuestro.
En marzo de 2014, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron orden de aprehensión por reclusión en contra de Santiago “M”, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, en 2015, Héctor “D”, también fue aprehendido por reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, en Villa Aldama, Veracruz. Ambos compurgaban condena por otros delitos.
En días pasados y luego de una serie de procedimientos solventados satisfactoriamente por la autoridad ministerial, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dictó la sentencia mencionada en contra de ambas personas.
Santiago “M”, está preso en el Centro Penitenciario número 18 “CPS-Coahuila”, en Ramos Arizpe, Coahuila y Héctor “D”, en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente” en Villa Aldama, Veracruz.