Tuxtla Gutiérrez.- Durante al menos tres días, siete migrantes, entre peruanos, de Ecuador, Nicaragua, Guatemala y El Salvador fueron llevados a una especie de bodega entre los límites de Guatemala y Suchiate, Chiapas, pues tenían que pagar, cada uno, 700 dólares (poco más de 14,400 pesos mexicanos) para quedar libres o, de lo contrario, existía la amenaza de que a sus familias les enviaran “la cabeza, restos de orejas, dedos, manos”.
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De acuerdo con el migrante salvadoreño Isaac, una de las víctimas, ellos estaban a punto de tomar una de las “cámaras” (balsas) para atravesar el afluente que divide a México con el país “chapín”, cuando varios sujetos los interceptaron y se los llevaron.
Cuenta que esas personas los metieron en una bodega a finales de agosto pasado, los marcaron en los brazos (seña de que son parte del tráfico humano controlado por una red criminal), y luego de que sus seres queridos les depositaran a los plagiarios la cantidad acordada, obtenían su libertad.
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Sin embargo, Isaac narra que, cuando llegaron a Tapachula, empezaron a vender algunas cosas para obtener ganancias y poder continuar con su viaje. Luego, lograron ampararse ante un juez federal para no ser molestados durante su caminar por territorio nacional.
Sin embargo, lamenta que, una vez que tocaron la instancia judicial, recibieron mensajes telefónicos de amenazas, tanto de texto como audios, y eran fotografiados en distintas ocasiones para intimidarlos.
Para él, hay una especie de confabulación entre esos grupos mafiosos y el Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que, una vez que pagan lo que les exigen, los llevan hasta Tapachula, sin ningún problema en el camino.
Les cerraron las puertas
Ante ello, él y sus compañeros Jairo, de Perú, y Juan, de Nicaragua decidieron unirse a un grupo de migrantes que caminó hasta Arriaga, donde han intentado denunciar de forma oficial lo que sufrieron a manos del crimen organizado, pero una instancia de la Fiscalía General de la República (FGR) les ha negado el apoyo.
“Nos dice que ahí no tenemos nada que ver, que nos regresemos a Tapachula, pero no queremos volver porque nuestras vidas corren peligro allá”, dice la víctima, quien lamenta que, en la actualidad, ya no tengan dinero ni para comer.
Aclara que los otros cuatro migrantes que también intentaron denunciar el secuestro que sufrieron, se retiraron porque ya no desean recibir más amenazas, “pero ellos tienen un poco de dinero, y se quedan en un hotel o algo, pero nosotros no, somos vulnerables”.
De acuerdo con Isaac, este lunes los trasladarían a un albergue, sin embargo se negaron a entrar porque se trataba de una bodega similar a donde los habían llevado en modo de plagio.
La tensión para ellos es más intensa, debido a que temen que los regresen a Tapachula y, lo peor de todo, que los silencien. Lo que también le preocupa, acepta, es que su compañero peruano no puede caminar, o al menos se le dificulta, y no ha recibido atención médica, por falta de recursos económicos.
VGB