TUXTLA GUTIÉRREZ.- Un peruano, un hondureño y tres egipcios, son las nacionalidades de cinco de los seis migrantes fallecidos el pasado martes por la noche, a la altura del tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, por parte de elementos castrenses, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó, en un primer comunicado emitido este miércoles, que dos de sus soldados habían escuchado disparos cuando perseguían a los vehículos y que por eso ellos activaron sus armas de fuego, la FGR, en su boletín de hoy jueves, especificó que los tripulantes de esos automóviles los agredieron primero y que por eso los uniformados repelieron el ataque.
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Personal de la Sedena, detalló la misma dependencia, “fue alertado sobre personas armadas; razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, cercana a Tapachula, donde encontraron tres vehículos, cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se fugaron, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran (…)”.
Entre otros datos, la FGR refirió que, según los testigos del hecho, el chofer que los transportaba (“coyote”) escapó del sitio donde se registró el suceso: en un camino de extravío de la localidad conocida como Los Cocos que, de acuerdo con expertos del tema y activistas de la zona, se ha convertido en un paso para el tráfico de migrantes.
De acuerdo con el reporte, 33 personas, de nacionalidades como Cuba, Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, entre otros, viajaban en los vehículos que fueron agredidos por personal castrense; de ese número, cuatro fallecieron en el lugar de los hechos y un par más pereció cuando era llevado al Hospital General de Huixtla. Otra decena de personas resultó herida, pero cuatro ya fueron dadas de alta, como lo informó José Torres, corresponsal de la agencia internacional Reuters.
Según el periodista originario de Tapachula, el hospital donde permanecen los demás lesionados está resguardado por el Ejército Mexicano, por lo que el acceso al mismo no está permitido, y no pudo contactar a ningún familiar o conocido de las víctimas que eran llevadas por “polleros”.
Dio a conocer que, entre otras cuestiones, quienes resultaron ilesos (alrededor de 17 migrantes) fueron llevados por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que se prevé que ya estén en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.
Cuestionado sobre los asesinatos de seis migrantes durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves en el Congreso local, Luis Avendaño, diputado local y presidente de la Mesa Directiva de ese espacio, comentó que lo único que sabe es que dos elementos del Ejército fueron separados de sus cargos, “y ahí procederá la ley y la justicia; de entrada, un hecho lamentable”.
Ponen “en tela de juicio” actuar del INM y otras autoridades
A través de un video, Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), lamentó que este tipo de situaciones le siga ocurriendo a la comunidad migrante, “esta zona, donde fueron balaceados, hay unas vías terrestres, alternas, donde muchos de los migrantes viajan en camionetas que salen de Tapachula”.
Para él, comentó, hay un “negocio redondo” con el tema migratorio, pues existen personas, sobre todo en motocicletas, que les ayudan a cruzar y librar los retenes del INM y de otras instancias como la Policía Federal.
“Muchas veces la Sedena no está involucrada en estas situaciones; lo más seguro es que los migrantes toman esas vías aledañas, en camionetas de redilas, que son permitidas por el INM, pues la corrupción ha aumentado ahí, y eso, creo, lo desconoce el mismo Ejército, y por eso se dan estos ‘accidentes’”, detalló.
Comparó la situación que se vive en la Frontera Norte de México, en donde los “polleros” o traficantes de humanos sí están armados y listos para enfrentarse a las autoridades, si es necesario. “Lo que pasa en el sureste, con los ‘coyotes’, es que sólo buscan huir”, cuestionó.
En un comunicado y tras especificar que la persecución militar se registró en el ejido Saltillito, en la Costa de Chiapas, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur reiteró su denuncia sobre las políticas migratorias y la omisión del Estado mexicano que ha provocado la muerte de migrantes y con necesidades de protección internacional.
Exigió que este tipo de hechos, “los cuales no son aislados ni accidentales”, no se queden en la impunidad y, sobre todo, que haya garantías para que no se repitan, “nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias”.
Además, reveló que, entre los muertos, hay cuatro adultos, una niña y un joven. “Imágenes sugieren que fallecieron por impactos de bala”, escribió en un documento.
Agregó: “Si bien se reconoce la gravedad de estos hechos y la probable responsabilidad de los agentes implicados, refrendamos que este tipo de investigaciones deben de centrarse en el testimonio de las víctimas, en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad”.
Argumentó que las políticas migratorias mexicanas orillan a que las personas en movilidad tomen vías riesgosas, clandestinas y cada vez más costosas, por lo que son atrapadas por redes de tráfico y trata.
Recordó que, hace un año, 10 migrantes fallecieron en un accidente carretero; eran transportadas en un camión, mientras que, en diciembre de 2021, cerca de 55, la mayoría de Guatemala, fallecieron cuando el tráiler que los transportaba se volteó en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez.
VGB