Diputados y diputadas de la 56ª Legislatura solicitaron un informe detallado a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Uriel Carmona Gándara, sobre los 16 presuntos suicidios de mujeres en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) de Michapa, Morelos, que ocurrieron entre 2021 y la fecha actual. También pidieron un reporte sobre el cumplimiento de la recomendación 276/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con estos casos.
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El exhorto, presentado como punto de acuerdo por el diputado Alfonso Sotelo Martínez, de Morena, fue aprobado en sesión ordinaria. Durante su intervención, Sotelo subrayó las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en prisión y la falta de derechos humanos en su tratamiento.
“Las mujeres representan el 5.7% de todas las personas privadas de libertad en el país, y esa cifra sigue creciendo; actualmente, 13,300 mujeres están en prisión frente a 219,500 hombres”, detalló el diputado morenista, aludiendo a la situación crítica que atraviesan las internas en los centros penitenciarios.
Asimismo, Sotelo enfatizó que las mujeres privadas de libertad, en proceso o sin sentencia, “padecen graves violaciones a sus derechos humanos. Desde el momento de su detención hasta su ingreso a los centros de reclusión, se enfrentan a discriminación y vulneración al debido proceso”.
El legislador también resaltó la falta de condiciones de seguridad e higiene, las cuales agravan el impacto psicológico de las internas, en muchos casos lejos de sus familias y sin acceso a atención psicológica o psiquiátrica inmediata.
“No podemos quedarnos sin alzar la voz sobre lo que sucede en el Cefereso 16, en Michapa, Cuatlán del Río, donde 13 mujeres privadas de su libertad han perdido la vida en circunstancias que llevaron a la CNDH a emitir la recomendación 276/2023 por graves violaciones a derechos humanos”, afirmó Sotelo.
En el informe solicitado a la Fiscalía, se espera que se explique el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, entre las que se incluyen colaborar en la denuncia administrativa presentada por esta comisión, debido a deficiencias en la exhaustividad y plazos de las investigaciones de los casos. También se exige que se adjunte la recomendación a las carpetas de investigación y se capacite al personal ministerial en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.
“El 15 de diciembre de 2023, se emitió la recomendación, pero el 18 de agosto de 2024 se reportó un nuevo caso de presunto suicidio, sumando ya 16 muertes con tres casos adicionales en este año. Urge atender esta situación y establecer una estrategia para prevenir que sigan ocurriendo”, explicó Sotelo, enfatizando la necesidad de una respuesta clara y de acciones preventivas.
Esta situación ha despertado sospechas y preocupación entre los legisladores, quienes exigen claridad y rendición de cuentas para evitar que continúe esta cadena de muertes bajo custodia estatal.