Los sacerdotes que conforman el Decanato de Chilpancingo recordaron que en las últimas semanas se registraron los asesinatos de los funcionarios Ulises Hernández Martínez, Francisco Gonzalo Tapia y Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, lo que, aseguraron, dejó de manifiesto que el Estado de Derecho ha sido rebasado.
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En una declaración enviada a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señalaron que “se demuestra la vulnerabilidad de los actores que buscan paz ya que el alza en el clima de violencia siguen siendo una barrera para el desarrollo y bienestar de las personas del estado de Guerrero visibilizando, una vez más, la urgente necesidad de intensificar la aplicación de las políticas de seguridad en el marco del debido respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, con la apertura para generar acuerdos interinstitucionales y sociales para atender la problemática de seguridad dentro del Estado de Guerrero”.
Los sacerdotes expusieron que la requiere de la voluntad y los esfuerzos concretos de los distintos grupos que coexisten en el territorio de Chilpancingo, lo que debe darse a través del diálogo y entendimiento.
“Quitar la vida de las personas servidoras públicas y la ciudadanía, no resuelve las diferencias que existan entre ellos”, lanzaron.
El Decanato de Chilpancingo reiteró su petición para que se realice la debida aplicación de las estrategias de seguridad mediante acciones preventivas, inteligencia e investigación que abonen a la recuperación de la paz de Chilpancingo.
“Saludamos y reconocemos la pertinencia de la estrategia de seguridad planteada para estos 100 días para Guerrero, misma que contempla velar por la protección de mujeres y hombres; niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultos mayores; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con presencia en nuestro Estado; las líneas de acción en materia de seguridad deben estar enfocadas en el respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación, en otras palabras, se encuentra en concordancia con los principios rectores constitucionales”, apuntaron.
Hicieron las siguientes peticiones
- Al Estado mexicano, para la debida aplicación de normas mexicanas e internacionales que garanticen políticas de seguridad protectoras de derechos humanos que permitan garantizar la seguridad de las personas en Estado de guerrero.
- Se repare el daño integralmente a las víctimas y familiares, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición.
- Establecer mesas de diálogo con diversos actores sociales para proponer estrategias consensadas para la recuperación del tejido social y/o mesas de paz con los tres niveles de gobierno, iglesias y sociedad civil.
- Promover mediante instituciones debidamente capacitadas para establecer la justicia restaurativa, mediación y resolución positiva de conflictos sociales para la pacificación social.
- A los grupos que convergen en la vida social de Chilpancingo, para generar la voluntad para la generación de acuerdos de paz, que contribuyan al tejido social, basado en el respeto de los derechos humanos de las personas habitantes de Chilpancingo y servidoras públicas que permitan el desarrollo y bienestar de la colectividad.