TIJUANA.- Javier Salas Espinoza, fiscal anticorrupción de Baja California, nombrado hace menos de un año luego de 18 meses en los que la oficina estuvo acéfala, enfrenta una denuncia en su contra. La acusación, confirmó la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, es por la supuesta entrega sin fundamento de placas para el servicio de transporte público.
La investigación, dijo, está a cargo de la Dirección de visitaduría y asuntos internos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Apenas se recibió, estamos analizando la denuncia, los hechos, las evidencias para tomar la decisión en cuanto a retirarlo del cargo para la mayor transparencia de las investigaciones”, apuntó Andrade Ramírez.
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Salas Espinoza fue director de Vialidad y Transporte en el Ayuntamiento de Tijuana durante la segunda mitad del 2019.
Salió de la oficina cuando la regulación del servicio pasó al gobierno estatal y a unos días de que criminales arrojaran una cabeza humana cercenada al estacionamiento de la dependencia.
Posteriormente fue elegido por el Congreso local para encabezar la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2023, en sustitución de Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, la primera en ocupar esa silla.
La abogada solo permaneció en el puesto entre diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando renunció argumentando falta de presupuesto e infraestructura para trabajar.
Más de 2 años después, el nuevo fiscal anticorrupción fue elegido de una terna enviada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en una sesión fast-track en la que ninguno de los aspirantes fue entrevistado por los legisladores
Y tal como ocurrió con su antecesora, recibió una oficina sin presupuesto suficiente para atender denuncias por posibles actos de corrupción.
De acuerdo con la fiscal general, la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP), tiene 80 carpetas que deberían pasar a la fiscalía especializada, aunque podría haber más.
Además, no pudo precisar qué porcentaje de los 2 mil 532 millones 720 mil pesos que erogará este año la FGE serán destinados a la operatividad de la fiscalía anticorrupción.
“Ahorita cuenta con el personal suficiente porque va en expansión, en un proceso de acomodo”, dijo Andrade Ramírez.