La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, es uno de los peores casos criminales en los que se ha visto implicado el ejército mexicano en la historia reciente del país. Sin embargo, el New York Times ha revelado que los militares no fueron los únicos implicados en la desaparición de los normalistas, otros miembros del aparato gubernamental del estado también estarían relacionados.
A través del análisis de 23 mil mensajes de texto, archivos de investigación y entrevistas, el New York Times habría descubierto que casi todas las ramas del gobierno en Guerrero trabajaban como empleados para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual se asocia la desaparición y homicidio de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
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De acuerdo con los mensajes y llamadas interceptadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) a los que el New York Times tuvo acceso, los militares, así como miembros del gobierno estatal y municipal en Guerrero, habrían no solamente recibido sobornos por parte del grupo criminal que controla la zona, sino que literalmente estarían incluidos en la nómina de la organización, recibiendo un salario mensual y debiendo devoción y lealtad a los líderes de la organización.
Incluso, la penetrabilidad del cártel de los Guerreros Unidos en la región incluiría a miembros de la sociedad civil, como el caso de un carnicero, cuya función sería reportar al cártel los movimientos de los militares, aunque sea sólo porque se detuvieron a comparar agua. Los mensajes expuestos por el New York Times dejan en evidencia que el cartel gozaba de un control total de la zona, donde todos los estratos de la sociedad formaban parte de la red de control y vigilancia para el cártel.
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El papel de los militares dentro de la organización criminal del cártel sería la de facilitar el tráfico de mercancías, drogas, armas o personas, así como combatir a los grupos criminales rivales de los Guerreros Unidos. Esta última, aparentemente fue la razón por la que la organización les habría dado la orden de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron confundidos por los líderes de la organización como miembros de una banda rival que se estaba infiltrando en su territorio.
The New York Times reveló que el cártel contaría entre sus empleados del gobierno a un médico forense, quien se habría encargado de incinerar los cuerpos de los estudiantes una vez asesinados para encubrir el crimen sin dejar huella.
Los mensajes expuestos por el medio estadounidense forman parte de un grupo de comunicaciones interceptadas por la DEA a los que el gobierno no tuvo acceso hasta el 2017, pues según señala el artículo del medio, la agencia antidroga tendría desconfianza del gobierno mexicano debido a sus conexiones con el grupo criminal, relación que aparentemente no sólo es de cooperación sino de subordinación.
VGB