MÉRIDA. - En Yucatán hasta agosto de este 2023, dos personas fueron denunciadas por cometer el “delito de aborto”. De acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se inició una carpeta de investigación en febrero y otra en abril. Pese a que, en el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo.
“Dado ese contexto, solicitamos a las instancias del gobierno federal y estatal a que se realice la difusión del programa Aborto Seguro para que todas las mujeres, niñas y adolescentes conozcan y puedan ejercer ese derecho”, detalló una de las integrantes de la asociación Redhmy, Isabel Rodríguez.
Además, ese mismo año, 2022, colectivas feministas interpusieron amparos contra la regulación del delito de aborto en Yucatán y la cláusula de protección de la vida establecida en la constitución estatal. El fallo resultó favorable para las activistas.
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Entre las acciones para exhortar a las autoridades estatales y federales a promocionar el programa de Aborto Seguro, la Redmhy realizó un estudio del programa que permite que las mujeres accedan a este derecho con seguridad.
Encontró que en Yucatán, en el hospital público “Agustín O'Horán” se brinda a toda niña, adolescente o mujer que lo desee la posibilidad de abortar, en horario de 14:00 a 19:00 horas. En el 2022 atendieron a 190 mujeres y en el primer semestre de 2023, accedieron al servicio de la Interrupción Legal del Embarazo 232 mujeres. Además, les informaron que hay períodos en los que no hay medicamento.
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“Durante el primer semestre ninguna mujer atendida con protocolo de medicamentos presentó complicaciones, posterior al aborto. Este dato es fundamental, ya que desmiente la idea de que las mujeres que acceden al aborto medicamentoso tienen complicaciones”, apuntó, la psicóloga, Adriana Bautista.
La traba: Falta de medicamentos
En lo que refiere a Campeche, recordaron que tiene la tercera legislación más punitiva de todo México contra el aborto.
Aseguraron que, aunque el programa de Aborto Seguro es una obligación del estado, aún no está activado por falta de personal médico e insumos. “Incumplen con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres campechanas”, acotó Isabel Rodríguez.
En Quintana Roo hallaron que existen tres módulos de atención en los municipios de Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco. El de Isla Mujeres, no está en funcionamiento desde junio de 2022 y el de Solidaridad dejó de brindar atención en diciembre pasado. La justificación del gobierno de ese estado es que no hay presupuesto para su operación.