TUXTLA GUTIÉRREZ. - Uberlaín y su cuñado Marco Antonio salieron el pasado 26 de junio con dirección al ingenio Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, debido a que harían un mandado; a poco más de dos meses, nadie sabe nada de ellos, y la Fiscalía General del Estado (FGE), según familiares, no avanza en las investigaciones para dar con su paradero.
De acuerdo con las versiones de integrantes de la OCEZ-RC, organización campesina a la que pertenecen los originarios de la comunidad El Cascajal, sólo se simuló una búsqueda 42 días después del “levantón”, pero, advirtieron, “eso sirvió para que le tomaran la foto (a la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda)”.
Aberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez son padres de cuatro y tres hijos, respectivamente. Además, ambos se han dedicado al campo y, en sus ratos libres, se enfocaban en las necesidades que tenían los cientos de miembros de la mencionada agrupación. De hecho, el primero era uno de los líderes.
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EL CASO YA ESTÁ EN GINEBRA, SUIZA
Abel Álvarez García, vocero de la OCEZ-RC, puntualizó que, a través del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en San Cristóbal de Las Casas, entregaron una respuesta al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de un informe del gobierno mexicano sobre este tema, formulado el 18 de julio de este año.
“Ahí señalamos la responsabilidad del Estado mexicano, pues con sus omisiones y negligencias ya se configura la desaparición forzada de nuestros compañeros, quienes al parecer fueron desaparecidos por el crimen organizado o por grupos que actúan con la autorización o apoyo del Estado”, evidenció.
Basado en testimonios de personas, reveló que Uberlaín y Marco al parecer fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en camionetas, y se los llevaron. “Tampoco aparece la camionetita en la que mis compañeros se trasladaban ese día”.
Lo más lamentable, agregó, es que hasta la fecha no cuentan con indicios de dónde podrían estar las víctimas, “ni siquiera sabemos quiénes son los autores materiales ni intelectuales de esta desaparición forzada; no podemos señalar a nadie, pero sí al gobierno del estado para que intervenga”.
CONFLICTO TERRITORIAL
De acuerdo con la información registrada desde hace al menos tres años, la OCEZ-RC ha mantenido un conflicto agrario con otra organización, la Alianza San Bartolomé de los Llanos y con otro personaje de la región, el líder cañero Jesús Alejo Orantes López.
Incluso, en ese lapso la OCEZ-RC y las propias autoridades habían reportado el asesinato de cinco integrantes de la OCEZ-Casa del Pueblo, y tres más de su agrupación (28 de mayo de 2021), entre ellos el hijo de uno de sus líderes históricos conocido como José Manuel Hernández Martínez, “el Chema”. Por ello, algunos integrantes creen que este tipo de acciones podrían estar vinculadas a estos hechos.
“Uberlaín estaba confiado, hacía sus mandados con normalidad; pero también le habíamos manifestado al gobierno para que ya haya paz en la región, pues además se suma lo que ha hecho el crimen organizado en varias zonas del estado”, destacó Abel Álvarez.
Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, mencionó que la OCEZ-RC ha acompañado a la OCEZ-Casa del Pueblo en su lucha por la recuperación de tierras, conflicto que mantiene con la Alianza San Bartolomé de los Llanos.
“La Fiscalía tiene que investigar, porque ésa es una hipótesis o línea de investigación que tendría que seguir. Además, existe la presencia de la delincuencia organizada en Venustiano Carranza, la Fiscalía lo sabe, pero no actúa y, por el contrario, ha habido permisividad”, argumentó.
FISCALÍA SE MOVIÓ POR PRESIÓN INTERNACIONAL
Inclusive, expuso que esa dependencia empezó a hacer su labor una vez que el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa” presentó una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
“El gobierno mexicano presentó su informe el 28 de julio al Comité, pero es una burla, porque es un informe ‘hecho con las patas’ por la Fiscalía, pues lo único positivo que dijeron es que sólo realizaron intervenciones de llamadas telefónicas de las víctimas y que, a partir de ahí, hacían las diligencias, pero que las familias no habían presentado indicios y que, por ello, no había forma de investigar o hacer la búsqueda”.
De acuerdo con él, México tiene las cifras más altas de acciones urgentes ante el mencionado Comité, sólo después de Irak, país en guerra y donde se vive una violencia extrema.
“Hay un aumento de desapariciones en Chiapas, había más de 1,300 personas desaparecidas en la entidad, cuando antes no llegaba ni a 500, según los registros oficiales; aunque la cifra puede ser mayor, porque la Fiscalía no informa todo, hay un sesgo”.
Parada a las afueras de la Fiscalía de Chiapas, Josefa Díaz Gómez, hermana de Marco Antonio, externó que, lo más lamentable, es no tener hasta ahora una respuesta por parte de la autoridad.
Antes de su desaparición, recordó, convivió con él, pues celebraron el Día del Padre (17 de junio), “estaba muy contento, nunca nos dijo sobre alguna preocupación, nada de eso”.
De hecho, refirió que tanto su hermano como Uberlaín se dedicaban al campo, y no le hacían nada malo a nadie; por ello, confesó, le extraña que los hayan “levantado”. “Pero no aparece ni la camioneta”.