MEXICALI. - En septiembre del 2016, Wilfrido García Cervantes y otros dos agentes de la policía de Tijuana fueron atacados a balazos con armas largas, esto cuando atendieron un reporte por disparos de arma de fuego en la calle Coahuila de Zona Norte, en pleno corazón del área de tolerancia de la ciudad.
Jesús Armando Martínez Escobar, uno de sus dos compañeros murió a los días mientras recibía atención médica; él resultó con una lesión expuesta en el fémur lo que le provocó que le pusieran un clavo intramedular, un bastón y una incapacidad subsecuente, ya que no ha recibido respuesta a su solicitud de incapacidad permanente, aunque no pueda volver a vestir el uniforme nunca más.
“Llevo tres órdenes por parte del Issstecali que me han dado de medicina ocupacional, desde hace cinco años para entregarla a recursos humanos para que iniciaran el proceso de retiro o incapacidad permanente”, comentó.
Wilfrido fue uno de los agentes integrantes de la Asociación de Policías de Tijuana AC (APT), que protestó en palacio municipal para exigir al gobierno de la ciudad mayor cobertura de seguridad social, una oficina en la Dirección General de policías desde la que puedan vigilar el respeto a los derechos de la corporación y un aumento salarial.
Actualmente alrededor de 1,600 agentes de la policía de Tijuana reciben atención en Issstecali pero no tienen derecho a jubilación, mientras que otros 800 están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una modalidad que el Ayuntamiento abrió a los agentes en la última década.
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Sin embargo, esta última opción que permite la jubilación sólo es viable para los nuevos ingresos, ya que los policías con más años de carrera pierden su antigüedad al cambiar de una institución a otra.
Pabel Eduardo Martínez, secretario de la APT, afirmó que los oficiales también se ven obligados a pedir cooperación entre sus compañeros para cubrir los sepelios porque no hay apoyo desde el gobierno de la ciudad.
“Nada más te toman en cuenta para el acto fúnebre y rapidito porque ya vete. No tiene ninguna garantía la familia”, acusó.
Y aunque cuentan con un seguro de vida, oficiales en activo sostienen que las familias se enfrentan a complicados y tardados trámites para tratar de cobrarlo.
"Vamos a tener que plantear un paro"
Noé Ramírez, el policía que encabeza la APT, dijo que buscan prestaciones similares a las que tienen los burócratas sindicalizados y el ajuste salarial obedece a que ganan 182 pesos diarios, lejos de los 312 pesos de salario mínimo para la franja norte del país.
“Si después del día de hoy nos llevamos un sabor amargo, creo que sí vamos a tener que plantear un paro laboral bien diseñado, estratégico, donde no se afecte a la ciudadanía al 100% pero que se reconozca que hace falta la policía, porque el ejército y la Guardia Nacional tienen otras funciones”, mencionó.
Días antes de la protesta de este miércoles, la APT sostuvo una reunión con el gobierno municipal que terminó sin acuerdos concretos, por lo que ahora decenas de agentes y sus familias se reunieron primero afuera del palacio municipal, y posteriormente ingresaron hasta la oficina de Presidencia para pedir la presencia de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.
Pero la primera edil morenista no salió, fue el secretario de gobierno, Miguel Ángel Bujanda, el encargado de tratar de tranquilizar a los policías y sus familias.
Al final, el único acuerdo fue una nueva reunión para el 11 de septiembre en la que se supone que el gobierno de la ciudad dará respuesta al pliego petitorio.