TIJUANA.- Guadalupe García pasó más de cuatro años buscando a Brandon Alejandro, su hijo desaparecido en Tijuana, sin saber que todo ese tiempo las autoridades tuvieron su cuerpo en calidad de desconocido en la fosa común.
La familia de Edgar Jovani, en otro caso de desaparición, recibió de la misma fosa común dos veces un cuerpo que no era el que ellos buscaban, todo en medio de una confusión de la que ninguna autoridad se ha hecho responsable.
Colectivos de búsqueda en Baja California dicen que esas historias no son extraordinarias y solo evidencian el desorden que comparten la Fiscalía General Estatal (FGE), y el Servicio Médico Forense (Semefo), en la identificación, resguardo y entrega de cadáveres.
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La autoridad investigadora pidió no repartir culpas y Semefo se deslindó de responsabilidades, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), tiene documentadas desde 2021 “violaciones estructurales de derechos humanos en la bu´squeda e investigacio´n de personas desaparecidas en la entidad”.
“No comprendo cómo se les hace tan difícil desde que levantan los cuerpos ponerles una etiqueta, que se supone que lo hacen, pero tienen un cochinero. Respetar las cadenas de custodia en Semefo (...) realmente ha pasado mucho que los han entregado erróneamente, la gente no alza la voz”, denunció Angelita Meraz, presidente del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros desaparecidos, de la ciudad de Tecate.
La activista fue quien acompañó a la hermana de Edgar Jovani a la fosa común, ubicada en la zona colindante entre Tijuana y Tecate, para recoger el cuerpo que la fiscalía le informó a la familia Ávila Moreno coincidía con su ADN; pero el cadáver que la funeraria ya llevaba en la carroza cuando ellas llegaron al cementerio, resultó ser el de una mujer.
Cuando se dieron cuenta del error, la solución que les dieron fue llevarse el siguiente cuerpo en la lista por número de identificación, una salida que el colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos considera ilegal porque se trató de la exhumación de un cuerpo que no era el autorizado por la fiscalía.
Aun así, la funeraria se llevó ese segundo cuerpo y cuando más tarde la hermana de Edgar acudió a la funeraria donde ya lo preparaban para el velorio descubrió que tampoco era su familiar.
“Estaba el ministerio público a la hora de la exhumación. Nomás tomaron fotos y se retiraron del área. No se aseguraron que lo que se estuviera sacando era lo que venía en su oficio”, reclamó Angelita Meraz.
Edgar cumplirá pronto 3 años desaparecido, uno y medio menos de lo que Brandón Alejandro estuvo en la misma fosa común, mientras su madre Guadalupe García lo buscaba junto a decenas de familias que, como la suya, un día sencillamente no volvieron a saber de sus seres queridos.
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Brandon fue visto por última vez el 4 de septiembre del 2018 y su cadáver fue localizado dos días después, pero nadie lo reclamó y, sin identificación, terminó en la fosa común.
“Como no había indicios de que mi hijo hubiera sido víctima de algún delito (al momento de su desaparición), lo tomaron en calidad de no localizado, nunca como víctima. Posteriormente, luchando logré que en 2019 me hicieran una prueba de ADN. Siempre arrojó negativo. Ya el 24 de abril de este año, cuando identifiqué a mi hijo plenamente por unas fotografías, me doy cuenta de la ineptitud de las dependencias ya que al cuerpo nunca le hicieron prueba genética”, cuenta Guadalupe.
UNA DÉCADA DE FALLAS
En su recomendación general 1/2021, la CEDHBC consignó que en Baja California hay antecedentes de prácticas irregulares en la integración de expedientes de personas desaparecidas al menos desde 2012.
También, que las autoridades se han visto rebasadas por la falta de personal y equipo especializado, aunque legalmente hoy existan más herramientas y entes para atender el fenómeno, además de que es incierta la cantidad de personas desaparecidas en Baja California.
Según datos obtenidos mediante un recurso de revisión interpuesto por una asociación de derechos humanos, tan solo entre octubre del 2009 y febrero del 2021 la fiscalía registró en 6 municipios el hallazgo de 164 fosas clandestinas de las que fueron exhumados 140 cuerpos y 115 restos o fragmentos.
La recomendación general 1/2021 fue dirigida al Poder Judicial, como responsable de Semefo, a la fiscalía bajacaliforniana, al Congreso local y al entonces gobernador, Jaime Bonilla Valdez, y fue producto de la revisión de 106 expedientes relacionados con la desaparición de personas.
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La CEDH destacó desde entonces la necesidad de atender la salud mental y la no revictimización de las familias, además de la urgencia de un panteón forense en el que haya control de los cuerpos para evitar casos como los que acaban de vivir Guadalupe García y la familia de Edgar Jovani.
César González, director de Semefo en Baja California, dijo que en este último caso el cuerpo llegó en calidad de desconocido en julio del 2020 y dos meses después la FGE autorizó su envió a fosa común junto a otros nueve cuerpos para ser enterrados en un mismo espacio.
“El Servicio Médico Forense termina su función cuando lleva los cuerpos a la fosa común. Para resumir: Semefo inhuma, Semefo lleva los cuerpos a la fosa común y cualquier procedimiento de exhumación es fiscalía quien lo realiza con la funeraria que haya contratado la familia”, explicó.
El deslinde de responsabilidad por parte de Semefo, sin embargo, no exenta al Poder Judicial de la obligación de contar con un panteón forense, algo que junto al Ayuntamiento de Tijuana no ha podido cumplir.
La fiscalía de Baja California reconoció que es el ministerio público es el responsable de la exhumación de los cuerpos, pero no dio más explicaciones por la falla en el caso de Edgar Giovanni.
“Habría que revisar cómo se está realizando esa custodia o ese mantenimiento, esa guardia de los cuerpos sin vida, para poder determinar dónde hay una situación que corregir. Es importante al final del día, como instituciones gubernamentales, no estarnos echando la bolita”, dijo el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez.
El deslinde de responsabilidad por parte de Semefo, por otro lado, no exenta al Poder Judicial de la obligación de contar con un panteón forense, algo que junto al Ayuntamiento de Tijuana no ha podido cumplir.
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El magistrado presidente, Isaac Fragozo López, confirmó en mayo de este año que el gobierno de la ciudad entregó finalmente un predio en comodato para que el gobierno estatal construya un cementerio para cuerpos no localizados.
“Yo creo que empezarían a construir en septiembre, octubre. Mexicali creo que vamos a empezar en julio y la primera fase quedaría en unos 8 meses. Hay que recordar que aquí (Tijuana) está proyectado para 8 mil michos, la primera fase son dos mil”, mencionó.
Miguel Mora Marrufo, presidente de la comisión de Derechos Humanos en el estado, mencionó que Baja California aún necesita personal especializado en antropología forense, pero sobre todo requiere desnormalizar la desaparición de personas.
“No se han reducido las desapariciones. Si tenemos retos para identificar cuerpos de la Guerra Sucia y otros años, ¿cómo vamos a abatir estos retos si día a día siguen desapareciendo las personas?”.
“Es uno de los grandes retos que tiene el Estado en materia de desapariciones. Una parte tiene que ver especialmente con la clasificación de los cuerpos, con la fosa común, con el panteón forense y con el trato digno a los familiares”, destacó.