TUXTLA GUTIÉRREZ. - Adolfo Gómez Gómez salió de su comunidad Chigtón, municipio de Ixtapa, para buscar una mejor vida en el Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas junto con su familia; sin embargo, el 15 de julio de 2020, su esposa Josefa Sánchez Gómez y él fueron llevados a prisión; 12 días después, lo sacaron muerto de ahí.
El hombre, en ese entonces de 57 años de edad, lo habían acusado de liderar una red de trata de infantes, a quienes supuestamente escondía en una vivienda del barrio de Tlaxcala; tras un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) no sólo lo arrestaron a él y a su mujer, sino a otros 32 familiares, entre estos sus 23 nietos.
DYLAN, LA MANZANA DE LA DISCORDIA
Esta acción, ejecutada por parte de la FGE, se efectuó debido a que había una imperiosa necesidad de dar con el paradero del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, quien fue robado de un mercado de San Cristóbal de Las Casas, el 30 de junio de 2020.
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De hecho, este caso llegó a Palacio Nacional, y el mismo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció desde sus tradicionales conferencias de prensa, para que se agilizaran las investigaciones y encontraran al menor.
Inclusive, Juana Pérez, madre de Dylan, viajó a la Ciudad de México donde instaló, por unos días, un plantón para ser escuchada y atendida, lo que dio resultados, pues el 13 de agosto de ese año ella volvió a ver a su hijo, quien estuvo en poder de una mujer que se le llevó al municipio de Cintalapa.
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LAS IRREGULARIDADES
Aunque Josefa obtuvo su libertad, Adolfo no corrió con la misma suerte, pese a que no había pruebas en su contra. Según Patricia Aracil Santos, de la Colectiva Cereza, está comprobado que él fue sometido a tortura en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal, pues “le querían sacar la supuesta verdad de dónde estaba el niño Dylan, porque lo acusaban de haberlo robado”.
El 27 de julio de 2020, él apareció colgado en la celda conyugal, donde lo tenían en aislamiento.
“Un estudio de criminalística de campo demostró que lo mataron, que él no se quitó la vida”.
Reveló que incluso Josefa, su esposa, fue testigo del maltrato al que Adolfo era sometido, lo que comprobó en algunas visitas que ella le hizo:
“supimos que a él le abrían la celda por las madrugadas para golpearlos, para meterlo de cabeza en las aguas fecales, y preguntarle dónde estaba el niño Dylan”.
De acuerdo con la representante de Colectiva Cereza, a Adolfo le hacían amagues de ahorcamiento, lo que se demostró en una audiencia, donde Josefa se percató de que su marido portaba doble cubrebocas, uno en la posición correcta, y otro que le tapaba la parte del cuello.
“Josefa le pregunta: ‘¿Por qué tienes, Adolfo, un cubreboca en el cuello?’; él le responde: ‘Querida, Josefa, me voy a despedir de ti, me están maltratando mucho, me amenazaron con matarme si no se entrega la cantidad que piden’; asimismo, le mostró la marca de intento de ahorcamiento”.
Con base en una carta que el propio Adolfo entregó a sus parientes, en el CERSS 5 le exigían 100,000 pesos para que no le pasara nada ni a él ni a su esposa.
De acuerdo con Patricia Aracil, en la actualidad cuentan con peritajes, testimonios, pruebas como llamadas de extorsión que grabó la familia de la víctima, entre otros elementos o datos probatorios contemplados en la carpeta de investigación (CI) 353/2020 de la Fiscalía Altos.
Lo más lamentable, evidenció, es que las autoridades han intentado que los principales responsables del asesinato de Adolfo, entre ellos un exdirector del CERSS 5, sean acusados por delitos leves, y no por homicidio, tortura y extorsión como debería de ser. En la actualidad, dijo, se sigue la causa penal 262/2020 por el deceso del varón.
MUCHAS TRABAS
Para ella, el camino hacia la justicia ha sido complicado. De hecho, recordó que cuando tomaron el caso, en 2021, detectaron que a la CI le hacían falta, por lo menos, nueve pruebas contempladas en un oficio presentado por la familia de Adolfo a la mencionada Fiscalía.
El 31 de mayo de 2021, la situación se tornó más turbia, debido a que la titular de la Fiscalía Altos, Adriana Rebolledo, determinó la no acción penal por homicidio.
Sin embargo, la Colectiva Cereza y la familia de Adolfo no se quedaron de brazos cruzados y se ampararon; aunque en primera instancia la perdieron, en la revisión les dieron la razón, por lo que en junio del año pasado se reabrió la investigación por homicidio.
“Mientras tanto, la Fiscalía llevó una doble cuerda dentro de la misma CI, y acusar a los dos principales responsables, como el exdirector del CERSS, de un delito no grave como el de ejercicio ilegal del servicio público”, causa que se lleva a efecto en la actualidad ante Martha Patricia Maldonado Utrilla, jueza de Control de “El Canelo”, en Chiapa de Corzo.
ENGORROSA RECUPERACIÓN DE LOS 23 MENORES
Además, la familia de Adolfo sufrió otra pesadilla: los 23 nietos fueron llevados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, en donde estuvieron por al menos cuatro meses, debido a que no contaban con actas de nacimiento, lo que era uno de los impedimentos para que fueran recuperados.
Según Patricia Aracil, la libertad de los pequeños se dio a través de un amparo, “no fue algo sencillo, pero la Fiscalía los mantuvo retenidos en el DIF, y los usó contra las causas de sus madres; recordemos que toda la familia fue acusada por la desaparición de Dylan y luego de la trata de sus propios hijos”.
Lo más lamentable condenó, es que, pese a que la Fiscalía estaba enterada de la aparición del niño de 3 años, aún mantuvo a la familia de Adolfo en un proceso legal. Incluso, rememoró, la acusaron de otro delito, el de venta de drogas en la colonia Salsipuedes, del mismo San Cristóbal de Las Casas, pero se demostró que tampoco lo habían cometido.
“En vez de que esa instancia reconociera su error, siguió, pero su propio peritaje le salió en contra, y se demostró que no había trata, sino que el que las familias vivan así, en grupos grandes, es una forma de cultura”.
Tras ser devueltos a sus madres, algunos de los pequeños presentaron problemas de salud, uno de ellos incluso de la vista.
Quienes también sufrieron las consecuencias tras ser arrestadas fueron: Juana Montejo González, Maribel Gómez Sántiz y María Hortencia Gómez Sánchez, mismas que fueron llevadas al CERSS número 14, “El Amate”, en Cintalapa; ahí ellas estuvieron con sus bebés durante casi cinco meses, mientras se “aclaraba” el caso.
¿JUSTICIA?, “NI A MEDIAS”
De acuerdo con Enereida Gómez Sánchez, quien también fue detenida en esa ocasión junto con su esposo, desde el 27 de julio de 2020 ha buscado la justicia para su padre Adolfo, pero hasta la fecha no hay respuestas positivas. “¿Qué nosotras no valemos porque somos indígenas?, ¿no valemos?”
A tres años de ese hecho, no sólo sufren por la pérdida de su padre o la enfermedad de su madre, sino por el burocratismo de la justicia chiapaneca que, en reiteradas ocasiones, les ha cancelado las audiencias.
Entre otras cuestiones, la mujer alega que, por estos trámites, han acabado con su familia y con la poca economía que tienen, “estoy entre el coraje y la tristeza, porque no obtenemos justicia, por eso pido que el gobernador nos escuche, porque perdí a mi tesoro (su papá)”.
En San Cristóbal de Las Casas, puntualizó, ya estaban establecidos y vivían en paz, hasta que fueron víctimas de una “cacería de brujas”. De lo que ella y sus familiares están convencidos, aceptó, es que Adolfo no se suicidó, sino que lo mataron. “Porque él mismo confesó la tortura que vivía, lo que le hacían en el CERSS 5”.
Aunque advierte que ya no se lo devolverán con vida, pidió, de nueva cuenta, que la justicia en Chiapas se haga realidad.
Este martes, de hecho, se celebrará la audiencia intermedia ante la jueza de “El Canelo”. Al respecto, Patricia Aracil confió en que ella es coherente y honesta, “pero sí solicitamos al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Ramos Pérez, que evite y que no se ejerza ninguna presión sobre esa jueza; que no estén a favor de los acusados cuando son servidores públicos”, quienes tienen que pagar por los delitos de extorsión, tortura y homicidio.
Lo que más duele, dijo de nueva cuenta Enereida Gómez, es que a su padre no lo pudieron despedir como debería de ser, “es por eso que nos duele tanto”.