Main logo

Dylan Esaú: destapa red de corrupción en Fiscalía de Chiapas

El 24 de julio de 2020, la FGE de Chiapas informó que desmanteló una red de trata que operaba en San Cristóbal; todo fue un montaje

Por
Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El 30 de junio de 2020, Dylan Esaú, de 2 años de edad, jugaba con un atomizador que utilizaba para mojar los pescados y mariscos que su mamá, abuelo y abuela tenían dentro del Mercado Popular del Sur (Merposur), en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en un instante desapareció y fue recuperado hasta 45 días después.

TAMBIÉN LEE: PASO A PASO DEL CASO DYLAN; DESDE SU RAPTO HASTA SU RESCATE

Su desaparición trajo consigo confusiones, la detención de una supuesta red de trata, la visibilización del trabajo infantil, pero lo más preocupante fue la reaparición de un ambiguo mecanismo de reacción por parte de la Fiscalía de Chiapas y el gobierno estatal para la búsqueda con vida del menor: la invención de pruebas, así como la detención y tortura de inocentes.

Juanita Pérez, madre del menor, se hizo viral tras denunciar la “pérdida” de su hijo. Con apenas un suéter, mochila y una fotografía impresa, salió a las calles y barrios de San Cristóbal de las Casas a buscar a Dylan.

Pasaron 18 días desde la desaparición del pequeño para que se concretara una reunión entre Jorge Luis Llaven Abarca, entonces fiscal estatal y la madre de Dylan. En ese lapso, la población se solidarizó con el caso y compartía carteles de búsqueda, así como el vídeo de Juanita.

En el día 15, se realizó una marcha en la ciudad colonial, en la que cientos de personas acudieron en auxilio a Juanita. Inclusive se emitió una Alerta Amber México por el pequeño, con apenas 60 centímetros de altura y 15 kilos de peso.

Para el 22, Juanita salió a la Ciudad de México. Con una playera con la fotografía de su hijo y un cartel, acudió a Palacio Nacional, al Zócalo y a la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que hablaría con Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, para intensificar las acciones de búsqueda.

RED DE MENTIRAS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2022 a Olaf Gómez Hernández, titular de la Fiscalía de Chiapas, por vulnerar los derechos humanos de cuatro mujeres indígenas tsotsiles, quienes fueron detenidas al involucrarlas en la comisión del delito de trata de personas. A las cuatro las detuvieron y recluyeron en penales de dicha entidad durante cinco meses.

El 24 de julio de 2020, la Fiscalía dio a conocer que, al investigar la desaparición de Dylan, desmanteló una red de trata que operaba en San Cristóbal de las Casas, logrando el rescate de 23 niñas, niños y adolescentes, así como la detención de cuatro mujeres indígenas.

Ante la naturaleza y gravedad del caso, la CNDH ejerció su facultad de atracción para analizar los hechos, determinó que el personal de la FGE debió advertir que se trataba de diversas familias indígenas, quienes vivían en un mismo domicilio, acorde a sus usos y costumbres, por lo que tenía que establecer una línea de investigación diferenciada, aplicando una perspectiva intercultural, tal como lo establece la Constitución.

En lugar de ello, solicitó la orden de aprehensión en contra de las víctimas, por lo que tres de ellas fueron ingresadas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 “El Amate», y la otra en el CERSS No. 5 de San Cristóbal.

Además, incurrió en dilación al no solicitar la elaboración de un dictamen antropológico en materia indígena para obtener más y mejores datos de prueba, antes de pedir la orden, cuyo resultado hubiera sido determinante para decretar su libertad.

Lo anterior, ocasionó que permanecieran privadas de su libertad, hasta el 23 de diciembre de 2020, fecha en que se determinó el desistimiento de la acción penal en su contra.

EL RESCATE

En las primeras horas del 14 de agosto, medios nacionales informaban la recuperación con vida de Dylan y una fotografía en los brazos de Juanita. Se

informó que el niño fue localizado en Cintalapa, en una comunidad a 150 kilómetros de donde fue secuestrado, y que se encontraba en manos de una mujer, quien dijo que lo quería hacer pasar por su hijo, al no poder concebir uno propio.

Sobre la familia a la que el Fiscal de Justicia acusó de estar involucrada en el secuestro y ser parte de una red de trata, señaló que se les investigaba por el delito de explotación infantil.

LA ACUSADA

El 9 de marzo de 2022, a dos años de la desaparición de Dylan Esaú, el juez de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, condenó a Margarita “N” a 37 años y 6 meses de prisión, así como a un pago de 521 mil 280 pesos por concepto de multa, por el Delito de Desaparición cometida por particulares, en agravio del menor.

A través de la Fiscalía de Justicia Indígena, informaron de la “ejemplar sentencia condenatoria”, misma que se cumplirá en el CERSS No. 5, lugar en el que se encuentra desde agosto de 2020.




rst