MONTERREY.- Jorge Alberto Tadeo Hernández, es un subteniente de Infantería que combatió el narcotráfico, pero lleva 12 años en prisión en el Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México. Lo acusan de la muerte de un integrante de la organización criminal de Los Zetas, en Nuevo León, quien falleció de un paro cardiaco cuando era llevado para ser puesto a disposición de la entonces Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público Militar abrió una investigación por la muerte del presunto zeta y Tadeo Hernández fue detenido en 2011; sin embargo, sin explicación alguna, el Juzgado Quinto en Materia Penal del estado de Nuevo León le ha negado la libertad.
“Pido mi libertad por el Código Penal Federal, por excluyentes de responsabilidad a funcionarios públicos por obedecer órdenes superiores”, demanda.
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A través de su abogado, Marco Ramírez Gutiérrez, envió una carta al gobernador Samuel García Sepúlveda para solicitar apoyo legal y que se analice su caso, pero todo parece indicar que su caso permanecerá en el olvido, pues se le ha remitido a la Defensoría de Oficio.
En 2011, Tadeo Hernández era comandante de una Base de Operaciones Mixtas en Nuevo León, durante la álgida lucha que se tenía contra las embestidas de Los Zetas a la población neolonesa.
El subteniente de Infantería recuerda que durante un patrullaje en la zona centro de Monterrey se detuvo a dos sospechosos, uno de ellos Eduardo González, un presunto integrante de Los Zetas, que tenía en su posesión drogas, armas de uso exclusivo del Ejército y un vehículo con reporte de robo.
Durante la revisión, en el auto se encontraron 80 cartuchos, un rifle AR-15 con cargadores, dosis de cocaína, piedra de cocaína y aparatos de comunicación.
Fue entonces que, en el traslado a la PGR, Eduardo González sufrió un paro cardiaco y fue llevado de inmediato a un hospital de la localidad, donde murió.
SOLO OBEDECIÓ ÓRDENES
Tadeo Hernández recuerda también que siempre estuvo entregado con responsabilidad a las labores militares y a la lucha contra el narcotráfico, y siente el orgullo de haber encabezado 21 soldados del 22 Batallón de Infantería y de policías de Nuevo León, quienes capturaron a Juan Carlos Olvera Acosta, “El Sonrics”, jefe de Los Zetas.
Durante estos 12 años de prisión, ha solicitado la intervención de la Cámara de Diputados, la secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante quienes hizo llegar su caso; sin embargo, el silencio ha sido la característica de esas dependencias, explica.
El militar argumenta que la directriz de combate al narcotráfico y su cuestionario inteligente están bajo resguardo en el juzgado y no han sido incorporados como pruebas en el expediente de la causa penal en su contra.
Tampoco, lamenta Hernández, se ha tomado acción penal en contra del Ministerio Público Militar, adscrito a la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio de Escobedo, Nuevo León, quien integró la carpeta de investigación en 2011, pues, asegura, favoreció indebidamente a supuestos testigos militares.
El subteniente Hernández, cree que pareciera ser una prioridad mantener en la cárcel a los militares que combatieron a la delincuencia y que, eliminaron o detuvieron a sicarios que secuestraban, robaban, mataban o desaparecían a ciudadanos.
Hoy, el militar exige que se respeten las leyes, que se le haga justicia y que se le dicte la formal libertad. Advierte que ante este tipo de injusticia y lo que pareciera ser una embestida contra los militares, “los soldados evitan tener enfrentamientos con presuntos delincuentes, debido a que saben que podrían ser acusados y encarcelados si en la refriega muere alguno de quienes delinquen”.
Rubrica sus aseveraciones al recordar al general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien luego fue secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y que “encarceló a más de 50 militares, entre tropa y oficiales, que en realidad si combatían a la delincuencia en Nuevo León”.