TUXTLA GUTIÉRREZ. - Ante la llegada del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador a la 7a Región Militar de esta ciudad donde ofreció su conferencia matutina, familiares de víctimas de desaparición, feminicidios y homicidios exigieron la atención de sus casos.
Desde la madrugada de este lunes, algunas mamás se acercaron al mandatario federal antes de que éste ingresará al inmueble de la milicia, a quien además le entregaron documentos con la esperanza de ser atendidas.
Mauricio Damián Estrada de la Vega, padre de Damián Estrada Moreno, quien se ahogó en una alberca de una guardería el pasado 7 de febrero, aseguró que la detención de José de Jesús "N", director de ese centro educativo, como probable responsable de la muerte del menor, "sólo se trata de un mal circo montado, cuando la Fiscalía se adjudica una detención cuando se trató de una entrega voluntaria".
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Para él, quienes deberían estar detenidas son Brunett "N" y Francia "N", directora y maestra de la guardería, por no salvaguardar la vida de su hijo. Ante ello, refirió, se solicitará la reclasificación del delito de Homicidio culposo a doloso.
"Una realidad es que se ha hecho uso de influencias para retardar el caso, y tuvo que ser el presidente el que hablara del caso (para tener una copia de la carpeta de investigación".
Como se informó, AMLO prometió, en la "mañanera" del pasado jueves, atender a los familiares de Damián. Por ello, este lunes, a Mauricio Estrada y a Rigoberto Moreno, abuelo del menor, les permitieron entrar a la 7a Región Militar.
Esta acción provocó la molestia de familiares de los 21 desaparecidos, hace 20 meses, del municipio de Pantelhó por parte de integrantes del grupo autodefensa El Machete, pues aseveraron que el presidente debería recibir a todos los que buscan justicia. ¡No es sólo una persona, son 21 las desaparecidas", manifestó Geovanny, uno de los inconformes, frente a personal de seguridad que vestía de civil.
Ante ello, un funcionario de la Secretaría de Seguridad Nacional, que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comenzó a acercarse a las familias que exigen justicia, a quienes les recibió oficios y les prometió una atención personalizada.
CASSANDRA, NI RASTRO, NI SEÑA
El pasado 17 de diciembre, un grupo armado ingresó a un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, a 10 kilómetros de la capital de Chiapas y se llevaron, por la fuerza, a varias personas, entre ellas a Cassandra Isabel Arias Torres.
Por ello, este lunes, Isabel Torres Aquino, madre de la desaparecida, esperó tener contacto con Andrés Manuel López Obrador y tuvo suerte: le recibió una carta sobre la desaparición, "porque hasta hoy no hay avances de la investigación, ni me han dado copia de la carpeta de investigación".
Según ella, el Ejecutivo Federal le prometió que giraría instrucciones a las autoridades chiapanecas para que se le dé celeridad al tema.
Además, evidenció que ha habido omisión por parte del alcalde de Berriozábal, Jorge Acero quien, afirmó, desde el principio negó que el hecho se trató de un "levantón", pese hay que hay evidencias contundentes de que sí existen.
LENNIN, EL CRIMEN QUE QUIERE OLVIDAR EL ESTADO
Sandra Solís está afuera de la 7a Región Militar. En sus manos, porta un par de documentos que ya le entregó a AMLO, uno el 17 de octubre de 2020 en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo y otro este lunes, en donde le pide, de nueva cuenta, ordene esclarecer los hechos sobre el asesinato de su hijo Lennin Eliovet Alejandro Cruz Solís, quien desapareció el 29 de agosto de ese año, y apareció muerto casi tres días después, sin órganos, a orillas de un río de la capital tuxtleca.
Para ella, refirió, a su hijo lo asesinaron y le quitaron los órganos. "El único avance que ha habido es que la carpeta pasó a la Fiscalía de Homicidios, pero ya me han querido cerrar el caso".
Aseveró que la Fiscalía mantiene la misma hipótesis sobre el deceso: su hijo cayó en ese afluente, de forma accidental, y su cuerpo rodó hasta la desembocadura del Cañón DEL Sumidero. "Eso no es posible, a mi muchacho lo mataron; solo le encontraron un pedacito del corazón".
Según la denunciante, ella tuvo acceso a videos donde se ve a Lennin con vida, y por ello compró un disco duro para guardar esas evidencias, las cuales entregó a María Magdalena Castellanos Llaven, abogada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien después le aseguró que ese disco duro se lo robaron.
"Aunque hay una copia que tiene la Fiscalía de Homicidios, a la que ya le hice la petición de esos videos, pero aún no hay nada; ni siquiera han mandado a llamar a la persona que hallo a mi hijo".
¿Y LOS 21?
Hace un año y ocho meses, 21 personas fueron detenidas, amarradas y luego desaparecidas por el grupo autodefensa El Machete, en el municipio de Pantelhó.
Según el grupo armado, esos hombres estaban relacionados con organizaciones delincuenciales locales, a quienes les atribuía, además, la muerte de al menos 200 personas en los últimos 20 años.
Sin embargo, Andry Aguilar Morales, familiar de tres de los 21 desaparecidos, lamentó que este martes el gobierno federal sólo le dé prioridad a un caso, el del niño Damián, y no a todos los que buscan justicia.
"Queremos que Andrés Manuel nos ayude, sabemos que él hará algo por nosotros. Tenemos la fe", a pesar, confirmó, que ya le entregaron como tres cartas.
De acuerdo con el denunciante, desde hace casi 20 meses tuvieron que huir de Pantelhó porque están amenazados de muerte.
"Ahorita solo queremos que Francisca Morales hable con Obrador, porque somos como 200 personas desplazadas, queremos que hagan algo, porque en el pueblo hay mucha violencia".
AFECTADOS POR MOVIMIENTO ZAPATISTA DEL 94
Quienes también esperaban dialogar con AMLO eran los desplazados de los municipios de Margaritas, Ocosingo y Altamirano, quienes en 1994 perdieron 29 mil hectáreas a manos de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Augusto García Álvarez, en voz de los cerca de 4,000 afectados, recordó que no sólo perdieron sus propiedades, sino que se tuvieron que refugiar en otros lados, hasta la fecha.
"Desde hace 29 años hemos pedido que se reivindiquen nuestros derechos, porque dejamos 29 mil hectáreas que estaban en plena producción, que nos daban el sustento, pero el gobierno ha sido irresponsable".
El presidente Obrador, rememoró, sabe del caso e incluso ordenó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, atender la problemática, pero no ha pasado nada. "Solo queremos ser indemnizados, es lo justo, porque hemos sido invisibilizados".
A la 7a Región Militar, ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, llegaron también egresadas de Enfermería de una escuela privada que exigen títulos, así como otras madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, entre ellas Maricruz Velasco Nájera y Adriana Gómez, madres de Karla Gómez Velasco y Jade Yuing Gómez, asesinadas en los años 2018 y 2020, respectivamente.