TUXTLA GUTIÉRREZ.- Heyman Vázquez, sacerdote mexicano, se ha dedicado a ayudar a miles de migrantes desde el año 2002, cuando llegó a Arriaga, Chiapas; luego, hizo lo mismo en la parroquia de Huixtla y, desde hace 14 meses fue enviado a otra iglesia, pero de Suchiate, en la frontera con Guatemala, para seguir con su labor de evangelizar y de ayudar a quienes menos tienen, al menos, con un poco de alimento, sobre todo el espiritual.
Desde esa época, advierte, ha visto cómo los extranjeros han sufrido vejaciones, desde asaltos, muertes hasta agresiones sexuales, en el caso, sobre todo, de niñas y mujeres, no sólo por parte de la delincuencia, sino de la misma autoridad.
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Según él, la cantidad de migrantes ha crecido de forma descomunal, comparado con otros tiempos, lo que ha servido para que los cárteles de la droga, a través de los llamados “polleros” o “coyotes” vean una elevada posibilidad de obtener dinero y que, incluso, se cometan otros delitos como extorsión, abuso sexual o hasta secuestro.
Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Suchiate, de hecho, es uno de los municipios que, en 2022, fue registrado con uno de los más altos índices de homicidios (32) del total de los que fueron contabilizados en Chiapas en ese año, es decir 486. En el primer lugar está Tapachula (56) y luego aparece Tuxtla Gutiérrez (38).
PLEITO POR EL “BISNE”
Heyman lamenta que la delincuencia organizada tenga controlado el tráfico de migrantes, como lo que sucede en Suchiate, “hay asesinatos (a cada rato) porque se pelean esos negocios, quieren tener el control, y eso provoca más violencia; calculamos que el 85% de las personas asesinadas tenían una relación con el trasiego de humanos”.
A pesar de que él y la gente que lo apoya no se dedican a contabilizar los casos de delitos cometidos contra migrantes porque ni siquiera funcionan como albergue (donde muchas veces sí se hace ese recuento), el cura refiere que, sin duda, los abusos sexuales contra las mujeres de otros países sí son constantes.
Su alcance, dice, llega a organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), cuyos especialistas se encargan de atenderlas. “Me dicen también los doctores de esa agrupación que han detectado muchas cuestiones de abuso sexual, y por eso ya buscan establecerse bien en esta frontera, donde puedan atender a las víctimas de forma más discreta, con más privacidad”.
Según la organización civil “Una ayuda para ti, Mujer Migrante”, el 70 por ciento de las migrantes que pasan por México sufren algún tipo de abuso sexual. Por ello, manifiesta Yaneth Gil Ardón, su directora, tienen que tomar pastillas anticonceptivas a las que “bautizaron” como “antiMéxico”.
SECUESTRO, TORTURA, ABUSO SEXUAL…
Con base en datos de la organización Human Rights First, desde que el gobierno estadounidense, encabezado por su presidente Joe Biden, implementó el Título 42 (una nueva restricción a la solicitud de asilo en la frontera norte) se han registrado más de mil 308 casos de abusos en contra de migrantes que transitan por territorio mexicano. Es decir, son víctimas de secuestro, abuso sexual, tortura, entre otros.
Advierte, de hecho, que los casos involucran a migrantes que esperan en México citas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) para poder presentarse en la frontera a solicitar un alivio migratorio.
La ONG recopiló información tras entrevistar a cerca de 2,668 personas, como abogados y otras fuentes; además, evidenció que el 41% de los solicitantes de asilo y migrantes entrevistados (1,109 personas) inscritos inicialmente en el programa “Regresa a México” (RMX 2.0) informaron de ataques en este país, incluidos secuestros, violaciones, torturas y otras agresiones violentas.
Los secuestros constituyeron, reveló, el 36% (401 denuncias) de estas agresiones. La policía mexicana, los agentes de inmigración y de la Guardia Nacional y otros funcionarios del gobierno fueron identificados como responsables o cómplices del 36% de los ataques violentos denunciados (399 denuncias), advirtió.
Además, Human Rights First mencionó que el 47% (1,263 personas) informó que la policía mexicana, agentes de inmigración y de la Guardia Nacional u otros funcionarios del gobierno mexicano les robaron o los extorsionaron.
Entre las múltiples denuncias documentadas por esa organización, se ejemplifica la de un taxista que secuestró y agredió sexualmente a una mujer nicaragüense y a otra migrante después de que el DHS la devolviera a México en el marco de la política RMX 2.0. “La mujer denunció la agresión en una entrevista realizada en abril de 2022 por un abogado voluntario”, dijo.
Pese a que ese reporte se basó más en situaciones ocurridas en ciudades del Norte de México, para el padre Heyman Vázquez, localidades como Suchiate y Tapachula son “focos rojos” para que se cometan más abusos contra la población migrante.
Según su experiencia, las autoridades mexicanas, como el Instituto Nacional de Migración (INM), están coludidas con los grupos criminales. “Y otra cuestión que vemos, es que a los migrantes que viajan en transporte, son bajados en los retenes y los hacen caminar, por ejemplo, de Suchiate a Tapachula, como que les gustara verlos sufrir, que se cansen más”.
Con base en notas periodísticas y con información del Observatorio Feminista contra la Violencia hacia la Mujer en Chiapas, el peligro para la población extranjera no regularizada es inminente, y más si se trata de mujeres, como lo que le pasó a Yarleni, originaria de Cuba, quien fue asesinada en Tapachula con un arma blanca, el pasado 30 de noviembre.
AVANZAR SIN TANTO TRÁMITE, PERO EXPUESTO AL ACOSO POLICIACO
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a casi un mes de que termine el año, Chiapas fue el estado que más solicitudes recibió de migrantes que buscan el refugio, con 84,247; lo siguen la Ciudad de México (24,962) y Tabasco (7,052).
Sin embargo, hay quienes transitan por la entidad y no tienen la intención de desgastarse en un trámite, como el caso de Eneyer Borges, quien salió de la zona costera de Venezuela desde agosto pasado, pues como maestro de obra ya no le alcanzaba para mantener a su esposa y dos hijos menores de edad (obtenía 6 dólares mensuales).
El varón, quien es acompañado por uno de sus hermanos y un amigo, “dibuja el mapa” que ha recorrido en estos meses, y advierte que, de su país hasta Honduras todo marchaba bien, pero una vez que pisó Guatemala y llegó a México les ha ido algo mal.
“En Guatemala le roban mucho al venezolano, la policía prácticamente te asalta, y aquí en México, la policía y migración se ponen duros, te extorsionan”, evidencia quien, desde hace días, permanece en Tuxtla Gutiérrez, refugiado en una terminal de autobuses.
Eneyer ya había llegado a la Ciudad de México, pero lo deportaron por una supuesta orden que les dieron desde los Estados Unidos, por lo que ahora volverá a intentarlo, pese a que en estos momentos esté activa la política del Título 8.
Su meta, por el momento, es llegar de nuevo a la CDMX, y para ello ya cuenta con un permiso para circular por un cierto tiempo. “Acá (en Tuxtla, Chiapas) no he hecho ningún trámite, es un documento que ya traía”.
“Muchos amigos, conocidos o hasta familiares han salido de donde soy; nosotros, por así decirlo, somos de los últimos”, dice el hombre de 32 años de edad con bachillerato trunco, quien ha gastado cerca de 4 mil dólares en su viaje hasta México; “y todo ese dinero lo prestamos, estamos endeudados”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), actualizada hasta septiembre pasado, en Chiapas sólo se denunció el 15.4 por ciento del total de delitos; además, refiere que se iniciaron carpetas de investigación (CI) en el 61.7% de los casos.
Sin embargo, la cifra negra advierte que en el 90.5% de delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició una CI, lo que podría abarcar en gran medida a migrantes que transitan por la entidad chiapaneca, como el caso de Eneyer que sufrió extorsión.
Para Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), el problema migratorio es utilizado por el presidente Joe Biden para conseguir fondos del Congreso, al igual que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y los países involucrados, “buscan monetizar la desgracia y las muertes que, con tanto flujo, se han normalizado”.
Asevera que AMLO sabe que “tiene a la gallina de los huevos de oro”, pues a cada 20 kilómetros en la zona sur, se les cobra a los migrantes “y tiene monetizando tanto a Migración, que cobra sus cuotas, como a la Policía Federal que hace lo mismo con los transportistas en motos, en combis, en tráileres o en rutas marítimas y en la frontera norte hasta escoltados hasta el hoyo para cobrar miles de dólares”.
El panorama que se viene, deduce, es que existe la probabilidad de que las leyes de asilo cambien con un endurecimiento y muchas deportaciones en las próximas semanas.
“Nunca habían cerrado esta frontera (en referencia a la norte) o ninguna otra; es aparentar que están rebasados o visibilizar más claramente para justificar y endurecer las leyes de asilo, pero esta vez será permanente; Joe Biden necesita oxígeno y comprometer la política migratoria le ayudará para tener dinero, seguir las guerras y prepararse para las elecciones con un supuesto plan migratorio”.