Cd. Victoria.- Un Juez federal invalidó el decreto de expropiación de 42 hectáreas del poblado La Pesca, de Soto la Marina, que había sido aprobado por la anterior legislatura local de mayoría panista, en septiembre de 2021, a solicitud del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El amparo 309/2022 fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito, pero la resolución la emitió el Juzgado Segundo de Distrito, del centro auxiliar de la novena región de Zacatecas, quien actuó en auxilio del órgano jurisdiccional tamaulipeco.
En su sentencia, el juzgador determinó otorgar la protección de la justicia federal al quejoso, Sergio Manuel Lorena Hermosillo, y en consecuencia dispuso dejar jurídicamente insubsistente el decreto de expropiación, por causa de utilidad pública, del inmueble.
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“Resulta procedente el juicio de amparo promovido contra el decreto de expropiación, por causa de utilidad pública, del inmueble con superficie de 428, 117.95 metros cuadrados o 42-81-17.95 hectáreas” indica la resolución.
La 63 legislatura local, de mayoría panista, justificó el decreto de expropiación con el argumento de que, el objeto era salvaguardar el medio ambiente y desarrollar un turismo sustentable, para lo cual se impulsarían en la zona diversos proyectos turísticos.
Cabe señalar que, la bancada de Morena intentó frenar la expropiación con una iniciativa de decreto para derogar la fracción XV del artículo 4 de la Ley de Expropiación, Ocupación temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.
Sin embargo, aunque la reforma fue aprobada, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca la vetó, y con ello quedó firme el decreto expropiatorio.
El mandatario panista argumentó que, esa superficie expropiada a un ciudadano identificado como, Héctor R. Zambrano, el 31 de agosto del 2021, serviría para desarrollar proyectos turísticos.
En su momento, el diputado de Morena, Alberto Granados, expuso que: “lo que no dice la iniciativa es que dichas expropiaciones son bajo presiones, abusos, extorsión y amenazas, además de los engaños bajo los cuales el Gobierno estatal ha pretendido a toda costa, arrebatar a los particulares lo que con esfuerzo han logrado crear como patrimonio”.
El decreto expropiatorio originó una serie de protestas por parte de habitantes del poblado La Pesca, quienes argumentaron que muchos de ellos son dueños legítimos de los predios desde hace casi 40 años.
Acusaron al gobierno de inventar la identidad de Héctor Zambrano, presunto propietario del inmueble, porque nadie lo conoce en el poblado.