A 12 años de la masacre en el municipio de Allende, Coahuila, donde una célula de Los Zetas, con la complicidad de policías municipales, demolió propiedades, asesinó y desapareció a personas entre el 18 y el 20 de marzo, hoy la reportera Laura Sánchez Ley, reveló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV) se ha negado a reparar el daño a las víctimas pese a la promesa ofrecida por el gobierno federal.
En junio de 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de Gobernación ofrecieron disculpas a los sobrevivientes de la masacre de Allende, la promesa de poder recibir una compensación económica que se encuentra truncada, debido a que la CEAV está en tribunales peleando para no dar la compensación, de acuerdo con un documento posteado en X por la periodista Lara Sánchez Ley.
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A través de un recurso de revisión presentados el 7 de septiembre de 2023 ante un tribunal, la CEAV sostiene que los hechos trágicos ocurrieron por culpa de autoridades del fuero común, por lo que la compensación económica a las víctimas se encuentra en el limbo.
Este argumento se contrapone al acuerdo de 2017, por medio del cual la CEAV ejerció la facultad para brindar ayuda y cubrir con una compensación a las víctimas de la masacre de Allende registrada entre el 18 y el 20 de marzo de 2011.
12 años sin justicia
A 12 años de la masacre de Allende aún se desconoce el número de personas desaparecidas; se habla de 27 y hasta 300 víctimas.
El exgobernador Rubén Moreira estimó en 300 los desaparecidos. En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que en realidad se trataba de 38. En 2016, el gobierno estatal dijo que eran 27 víctimas de desaparición, mientras que el colectivo Alas de Esperanza afirma tener constancia de 45.
El 16 de mayo del año en curso, 10 esposas, madres e hijas de las víctimas, integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, fueron convocadas al Palacio de Gobierno a una reunión con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentarles el plan de reparación integral del daño por las desapariciones en Allende en 2011, en acatamiento a la recomendación 10 de la CNDH.
Sin embargo, las autoridades se limitaron a ofrecerles una compensación económica, sin precisar el monto ni cómo sería estimado en función del daño sufrido.
La recomendación 10, que investiga las violaciones graves a los derechos humanos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas del 18 al 20 de marzo del 2011, documentó la desaparición de 38 personas, incluidos tres menores de edad.
La cifra de víctimas aún es incierta, ya que la violencia traspasó los límites del pequeño municipio ubicado a casi 60 kilómetros de la frontera con Texas y la autoridad estatal mantiene la versión de que el caso de Allende debe analizarse de forma independiente, sin relacionarlo con otros sucesos de violencia en la región.
Por la masacre en Allende, 19 personas se encuentran bajo proceso.