Tras 12 años del asesinato masivo ocurrido al norte de Cohuila, el Estado Mexicano no ha dado grandes avances en lo que concierne a reparación, justicia e identificación de las víctimas que fueron asesinadas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en la conocida como “Masacre de Allende”.
Este es uno de los hechos que fueron parte de la cúspide de la violencia que llegó a la entidad con el asentamiento de Los Zetas, del cual se han derivado sentencias de hasta 174 años de prisión para una mujer que se desempeñaba como policía en Allende.
La historia, ha sido contada en reportajes internacionales e incluso, la plataforma Netflix proyectó una serie llamada “Somos”, sobre aquellos hechos por los que algunas familias habitantes de la región se vieron desplazadas de manera forzada por el crimen organizado, la corrupción y la complicidad del Gobierno Federal.
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La violencia que dejó a personas asesinadas y desaparecidas inició la tarde del viernes 18 de marzo de 2011 en un ambiente que ya de por sí era sumamente hostil tras una ola de homicidios en toda la Región Norte de Coahuila. Según los testimonios, ese día particularmente “el pueblo estaba completamente solo; se sentía un ambiente tenso”.
Al pueblo ingresó un grupo de camionetas que puso en alerta a los pocos habitantes de Allende. En los cajones de estas camionetas tipo pickup, llevaban lo que posiblemente serían no solo elementos del cártel, sino gente condenada en la prisión de Piedras Negras, quienes abrieron fuego y fueron por las personas que se encontraban en las viviendas.
Las víctimas entre quienes había habitantes del pueblo que estaban transitando, empleadas domésticas y familiares de presuntos miembros del cártel, así como ‘halcones’, y elementos de seguridad, fueron víctimas de un supuesto “ajuste de cuentas” que se convirtió en la masacre de casi un pueblo entero, según lo que se dice en las declaraciones judiciales.
Esta historia data de 2008, cuando Héctor Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuéllar y José Luis Garza Gaytán habían empezado a trabajar para el cártel de Los Zetas en la zona y el rancho “Los Garza”, era su punto; una propiedad más de tierra que se ubicaba entre la conexión de Allende y el poblado de Villa Unión.
A través de las carreteras, estas tres personas realizaban el trasiego internacional de droga, pero a la par recopilando toda la información de los líderes del cártel.
La ruptura de los tres sujetos con el cártel que dirigían en la plaza fronteriza Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales el “Z-40” y el “Z-42” en 2011, se debió a una supuesta filtración sobre los manejos de “la plaza” que Héctor inicialmente habría realizado a la DEA.
Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuéllar y Garza Gaytán, habían huido a Estados Unidos con una cantidad de entre 5 y 10 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, así como con los números contables del cartel, como lo menciona el expediente 168/2014 en poder de la Fiscalía.
En particular, Héctor Moreno en un testimonio en la corte de Estados Unidos, reveló que cuando se fueron, empezó el fuego abierto, y que las autoridades tenían la orden de no levantar ninguna denuncia ni alertar a los pobladores que se fueran.
Los avances en el acceso a la justicia y garantía de no repetición
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que sobre el caso, al menos 8 personas han sido sentenciadas condenatoriamente y en la mínima de las condenas, existe una persona que pagará delitos de secuestro y delincuencia organizada con 50 años de prisión.
Pero existen otras, como María Guadalupe “N”, “La Lupe”, que pagará con 174 años de prisión por haber sido quien trasladaba a bordo de unidades de Policía a personas para que fueran ultimadas y desaparecidas en el Rancho Los Garza.
De acuerdo con José Ángel Herrera, el caso de María Guadalupe tuvo esta condena debido a la agravante que se aplicó al cómo concluyeron los hechos delictivos que la elemento desencadenó con los secuestros; es decir, que estos secuestros no quedaron solo en eso, sino que derivaron en muertes.
“Ella era la persona que privó a la gente de la libertad, pero en total son ocho los policías que estuvieron involucrados en esta situación”, explicó Herrera.
Las deudas del Estado Mexicano al pueblo de Allende
Entre algunas de las deudas contra elementos del crimen organizado, están cuatro órdenes de aprehensión que no han sido o ya no pudieron ser cumplimentadas; una que falta, dos por la desaparición de la persona, y una más por la pérdida de la vida.
Uno de los grandes temas que rodean al caso a diferencia de muchas de las desapariciones que ocurrieron en la entidad bajo el mismo contexto de violencia, es que muchos de los restos de las personas que fueron llevadas y desaparecidas en el Rancho Los Garza, sí fueron encontrados; sin embargo, la mecánica que se aplicó para su exterminio fue tal que hasta el día de hoy no hay ningún reconocimiento.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre enero y abril de 2014, la Fiscalía Especializada que dirige José Ángel Herrera, recolectó después de un operativo la evidencia de 24 contenedores metálicos de 200 litros, de donde se obtuvo la totalidad de 794 fragmentos óseos, pero debido al grado de carbonización y calcinación de los mismos, fue descartado que los mismos estuvieran susceptibles a un análisis de reconocimiento de ADN.
Otra de las deudas que hasta ahora no se han resuelto, es un censo de las personas que fueron desplazadas o que en vistas de la alta violencia que se padecía en la región, decidieron dejar sus domicilios.
Esta fue una petición expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 10VG/2018, donde se pidió que el Gobierno del Estado y en su conjunto las Comisiones de Víctimas, colaboraran para identificar a estas víctimas del desplazamiento forzado que hasta hoy no han sido ubicadas.
Para ello, dicha Comisión había dado a las autoridades un total de seis meses para que esta petición se resolviera, pero hasta ahora, solo quedan testimonios antiguos y señalamientos de aquellas familias que habitaban tranquilamente y cuya paz un día fue interrumpida justo en la cúspide de “la guerra contra el narco”.