Por considerar que hay un conflicto de intereses, la comunidad LGBTIQ+ solicitó de manera a Alejandro Gertz Manero que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de la muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves Herrera registrado en Aguascalientes.
Con base en los artículos 5 y 13 de la Ley de la FGR, se pide atraer la investigación debido a que se presume que la fiscalía de Aguascalientes tiene riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad, en virtud de que le magistrade acusó públicamente al fiscal local de subejercer sus facultades para la investigación de crímenes cometidos en contra de al menos otro integrante de la comunidad LGBTIQ+.
“Anunció conclusiones preliminares sin una investigación que se apegue a estándares de debida diligencia y con un enfoque de investigación orientado a los más altos estándares de casos que involucren a personas con orientación sexual e identidad de género diversas”.
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Además, porque la fiscalía hidrocálida no tomó en consideración las denuncias presentadas por Jesús Ociel Baena Saucedo por amenazas en contra de su vida. “Está llevando ese proceso en un contexto local estigmatizado, pues el estado de Aguascalientes se ha posicionado como un espacio inhóspito para las personas que se identifican con una orientación sexual o identidad de género diversa”.
La versión oficial
Dorian Herrera, pareja de Jesús Ociel Baena, dio positivo a metanfetaminas en las pruebas realizadas por la fiscalía General de Aguascalientes, reveló el fiscal de ese estado, Jesús Figueroa.
Detalló que la dependencia también investiga la filtración de las fotos donde aparece el cuerpo ensangrentado de le magistrade, sosteniendo una navaja.
“Sabemos que llegaron policías estatales y de investigación y los peritos que procesaron el lugar, no hubo acceso a medios, por lo que alguno de estos malos servidores la filtró”, dijo.
Reafirmó que se trató de una pelea entre pareja que terminó en homicidio; sin embargo, no descartó seguir entre las líneas de investigación un crimen de odio, ante las amenazas que recibía Ociel Baena en redes sociales.
Reacción de la comunidad LGBTIQ+
Al respecto, los organismos internacionales de derechos humanos han reportado que existe una tendencia preocupante, sobre que las autoridades del sistema de administración de justicia suelen realizar suposiciones prejuiciosas y sesgadas desde el inicio de las investigaciones de crímenes en contra de personas LGBTIQ+, denunciaron integrantes de dicha comunidad.
“Se ha precisado que las autoridades estatales deben hacer todo lo que sea razonable en el caso concreto para descartar o confirmar posibles motivos discriminatorios. Esto puede implicar recolectar y asegurar pruebas, explorar todos los medios posibles para descubrir la verdad, emitir decisiones razonadas, imparciales y objetivas, sin ignorar hechos o líneas de investigación que pudieran ser indicativos de violencia motivada por discriminación”.
“La investigación de los crímenes relacionados con la orientación sexual e identidad de género reales o percibidas de las víctimas se puede ver gravemente afectada cuando existen suposiciones estereotipadas en cuanto los motivos, posibles personas sospechosas o circunstancias de los hechos ilícitos”.