TUXTLA GUTIÉRREZ.- En noviembre del año pasado, Jorge se desplazaba en su vehículo último modelo a la altura de la carretera del municipio de Huixtán, cuando hombres armados lo interceptaron y lo encañaron para bajarlo de su Mercedes Benz AMG, modelo 2020. Aunque estaba asustado, el comerciante originario de esta ciudad capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la región Altos, en donde se abrió una carpeta de investigación (CI), la 107/2022, para empezar con las pesquisas correspondientes, pero no hubo respuestas rápidas.
Jorge Alberto Vila González recordó que, el 18 de marzo pasado, cuando paseaba en el Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas, vio su coche, y tras solicitar el apoyo al número de emergencias 911, la policía detuvo a dos personas.
“El carro no llevaba placas, pero tenía mis portaplacas; además, ese coche es el único que hay en el estado, pues lo compré en la Ciudad de México por medio de un crédito bancario que aún sigo pagando”, detalló en entrevista con La Silla Rota.
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Ese día, acudió ante otro Ministerio Público para que se abriera otra CI, la 161/2023, en la que ratificó su denuncia. Asimismo, la autoridad verificó en la página del Registro Público Vehicular (Repuve) y detectó que el Mercedes Benz AMG aparecía con reporte de robo.
Por ello, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la instancia competente, mientras él le pidió al fiscal del MP Jesús Álvarez Moreno que hiciera la acumulación de la carpeta 107/2022, por tratarse del mismo hecho, pero este servidor público no lo realizó.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en su reporte de enero a diciembre de 2022, Chiapas aparece en el sexto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de robo de autos con violencia (66.86%) y en el “top 10” en la comisión de ese delito; en los primeros lugares aparecen Sinaloa (75.36%), Zacatecas (74.13%) y Guerrero (73.49%).
Durante el año pasado, subrayó la AMIS, se registraron, por día, 166 robos de coches en todo el país. En el 55.11% de esos actos delictivos, se ejerció la violencia contra las víctimas.
VÍCTIMA TAMBIÉN DEL SISTEMA
Ante las “trabas”, Jorge tuvo que viajar, el pasado 5 de mayo, a la Ciudad de México para solicitar su carta factura original, pero a su regreso, descubrió que su vehículo fue entregado a otra persona, en una fecha inhábil y, de forma inexplicable, todos los trámites y peritajes se hicieron en ese mismo día.
“¿Cómo es posible eso? Hay muchas irregularidades, porque devuelven mi coche a un tercero con una carta factura acreditada en el expediente 107/2022, en donde, por propia voz del contribuyente, se advierte que es falsa, es decir no reconoce ser propietario del Mercedes, ni conoce a la supuesta compradora (Ángela López Pérez), y que tampoco recibió 950 mil pesos, lo que dice la factura, y lo comprobó con sus estados de cuenta; y luego le confiesa al MP que la factura era falsa”.
Entre otras anomalías, la víctima contó que en los documentos se constató que fue entregado un Mercedes Benz negro, pero en la hoja de liberación, los datos advierten que se trataba de un Aveo blanco.
AUTORIDAD CÓMPLICE
El calvario para él apenas comenzaba, debido a que el MP se empezó a esconder, además de que le negaban sus copias certificadas. Ante ello, inició un juicio de control interno en contra de los servidores públicos que no le querían dar información sobre su caso.
Es decir, un juez ordenó, ante la serie de anomalías, que el carro fuera presentado ante la Fiscalía, por lo que se giraron los oficios a las personas que lo tenían en su poder, pero no se presentaron.
Con “algo de suerte”, Jorge confesó que hace poco volvió a ver su auto en el estacionamiento de un hotel de Tuxtla Gutiérrez, por lo que no dudó en solicitar el apoyo policiaco para asegurarlo por segunda ocasión.
A estas alturas se le hace injusto, manifestó, que la autoridad sea más “dura” con él, que con quien se robó su coche y, peor aún, con quien supuestamente pagó 950 mil pesos para adquirirlo; “a mí me han interrogado más, me han solicitado muchas cosas, y a esa persona no le dicen de dónde sacó tanto dinero para comprarlo”.
De hecho, en el segundo aseguramiento, el coche ya portaba placas, sin embargo, él explicó que había “un alta y una baja, pero ya manifesté que no se trata de mi nombre, ni de mi firma… Ahora, no nos quieren atender para solicitar la liberación de mi ‘unidad’, nos ponen muchos pretextos”.
Tan “engorroso” ha sido lidiar con la autoridad que, aseveró, en reiteradas ocasiones le negaron la CI, hasta que la obtuvo por medio de la orden de un juez, tras una queja interpuesta contra los MP.
Comentó que esos servidores públicos, de hecho, no se presentaron a cuatro audiencias por diferentes pretextos, es decir desde “hacerse los enfermos” o hasta advertir que había bloqueo carretero y no podían seguir su camino. Entre otras cosas, puntualizó que el caso se ha enrarecido aún más, pues la autoridad ha presentado otras CI que no corresponden con su caso, y hasta coche diferente.
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LE ROBAN
La víctima recordó que, hasta la fecha, le han robado al menos cinco vehículos. Este año, contó, a uno de sus trabajadores también lo amagaron con armas de fuego y le quitaron una camioneta de redilas. El hecho ocurrió en la autopista Tuxtla- San Cristóbal. “También acudí ante la autoridad, pero no hacen nada”, mencionó.
En otra ocasión, reveló, le hurtaron otro coche, el cual apareció tiempo después en el municipio de Tenejapa, como parte de un operativo tras el que fueron recuperados más de medio millar de carros robados; “y algo curioso, el jefe de la banda era el alcalde de ese municipio en aquella época”.
A pesar de que ha habido anomalías en su proceso, Jorge confió en que la Fiscalía, a través de su titular, hará su trabajo, “porque creo que sí hace bien su labor, pero hay funcionarios ahí que no hacen bien su trabajo”.
Con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021, Chiapas registró 1,486 robos de automotor (vehículos de 4 ruedas y motocicletas), en 2022 la cifra bajó a 1,230, mientras que de enero a agosto de este año se contabilizan 683 casos denunciados ante la autoridad competente.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Chiapas, en un reporte presentado a principios de este mes, advirtió que, en el primer semestre de este año, se contabilizaron 515 carpetas de investigación (57% de éstas se trataron de motos), lo que colocó a este delito como el tercero a nivel estatal con mayor incidencia en ese lapso.
Además, especificó que, por semana, se cometieron 21 robos de coche en toda la geografía chiapaneca. San Cristóbal de Las Casas, expuso, fue el municipio en donde se abrieron más CI; asimismo, el 47% de los casos se trataron de robo de motos.
Para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana, de la Universidad Iberoamericana, con sede en la Ciudad de México, la política de seguridad y de justicia en todo el país es extremadamente opaca, un problema que, aseveró, ha hecho mucho daño porque se debilita la rendición de cuentas.
Comentó que lo ideal sería que la autoridad explique por qué sube o baja un delito, “en la ciencia hay interpretaciones que requieren ciertos métodos, porque no podemos afirmar que la causa de la disminución o alza de un delito es por tal cosa, como decir que el robo de coches subió porque hay menos patrullaje; en la academia me preguntarán cómo lo demuestro, qué método apliqué para llegar a esa conclusión”.
En la política pública, detalló que existe una etapa llamada evaluación, la cual conlleva un método por medio del cual se permite comprobar cuáles acciones del Estado “provocan qué consecuencias, en cualquier tema; si yo digo que hay menos hambre entre la gente, en la política pública hay manera de medirlo; puedo advertir que hay menos hambre porque reparto más despensas, por ejemplo”.
NULAS O POCAS RESPUESTAS SOBRE POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Sin embargo, aseveró que el problema en la seguridad y justicia es que esas mediciones no se hacen, o casi nunca se hacen, pero tampoco se exigen. “Yo puedo decir cualquier cosa, como, por ejemplo, el que subió el robo de vehículo porque la delincuencia organizada incorporó este mercado ilegal a sus actividades desde el año pasado; entonces, los periodistas recogen la nota, lo reportan, pero nadie pregunta si es cierto”.
Insistió que, en Chiapas, y en general en todo el país, ninguna autoridad da a conocer los métodos que utilizan sus políticas de seguridad, y menos cómo la evalúan para asegurar la rendición de cuentas. “Entonces, como no tenemos respuestas (en el caso de robo de autos), un periodista, por ejemplo, se queda con especulaciones, o con ideas generadas por discursos de la autoridad”.
Para él, dijo, es necesario que la autoridad responda cuál es la estrategia de reducción o aumento de robo de vehículos en Chiapas, qué resultados tiene y cómo se obtuvieron esos resultados o cómo los midió, “qué estrategia funcionó y cuál no (para ‘atacar’ ese delito)”.
Uno de los pocos casos que se han dado a nivel nacional de autoridades que explican a detalle los métodos utilizados para el análisis de delitos es Guadalupe, Nuevo León, a través del trabajo titulado “Estudios de la Seguridad Ciudadana”.
Al respecto, Ernesto López Portillo sostuvo que este ejemplo lo deberían hacer todas las autoridades en el país, “que hagan su chamba, sólo eso, y la misma Constitución, en su artículo 21, advierte que una de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública es promover la evaluación de la ciudadanía”.
En el caso de la entidad chiapaneca, los esfuerzos para “ahondar” en los temas de seguridad emanan, principalmente, de organizaciones civiles. En su análisis de incidencia delictiva de primer semestre del año, presentado hace unos días, el Observatorio Ciudadano de Chiapas argumentó que, en ciudades como San Cristóbal de Las Casas, el robo de motocicletas estaría vinculado al aumento de violencia generada por parte de grupos delincuenciales que, incluso, son conocidos como los “Motonetos”, mismos que están vinculados con los cárteles.
Carmen Villa, directora del Observatorio, advirtió en ese entonces que el alza del robo de motocicletas es un dato en el que han ahondado de manera reiterada, al relacionarlo con la presencia cada vez mayor del crimen organizado y, sobre todo, con su relación con otros ilícitos.
“El tema de robo de motocicletas está muy vinculado con la presencia de grupos criminales, y como lo hemos visto, en ciudades como San Cristóbal esto es más notable”.
En ese sentido, el Observatorio reveló que 19 municipios del estado presentaron un alza sobre este delito en comparación con el mismo periodo pero del año pasado. Entre algunas localidades que aparecen en esa “lista negra”, además de San Cristóbal, están Arriaga, con un alza de 492.02% y San Fernando con más de 293%.