PUEBLA.- Dieciocho horas y 40 minutos de un único día, 24 de marzo de 2022, fueron insuficientes para evitar la muerte de Alondra Luisa Mortier Patiño, una joven de 18 años de edad a la que hospitales públicos y privados de Puebla le condicionaron atención médica por depósitos monetarios que sus padres, de oficio pepenadores, estaban lejos de solventar de manera inmediata. Cuando la atendieron, obligados por orden del gobernador, lo hicieron mal.
La tragedia de Olivia Verónica y Miguel Ángel comenzó a las 3:30 horas de ese jueves, día en que Alondra, la mayor de sus hijas, sintió un intenso dolor en el estómago. Ellos viven a contracorriente. Exigen. Gritan. Protestan. Lloran. Se doblan, pero no se quiebran. En el camino recorrido en los últimos 15 años se sobrepusieron al despojo de una casa que les había donado el gobierno en 2007 y a ser desalojados en 2020, durante los momentos más crudos de la pandemia por covid-19.
La fuerza se la dan sus hijos Alondra Luisa, César Jesús y Carmen Rocío, y sus propias ganas de vivir. Ahora toca no bajar los brazos para lograr que se haga justicia por Alondra, víctima de un deficiente sistema de salud y de la insensibilidad de médicos capaces de negar la atención a un paciente, a pesar de su gravedad.
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Juntos quedan tres de los cinco integrantes de la familia Mortier Patiño que llegaron a vivir a un cuarto de techo azul, paredes naranja y piso color cemento en la calle Pino Suárez de la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla. Alondra murió en marzo y desde entonces César Jesús vive con una de sus familiares que le prodiga la atención especial que requiere; Carmen Rocío y sus padres se han dedicado a exigir justicia ante lo que consideran el asesinato de Alondra.
En una esquina del cuarto, sobre el piso de color gris-verdoso, está tendido un colchón con fotos de una vivaz y alegre adolescente: Alondra, con el vestido de sus 15 años. En su blusa con la cara de Minnie Mouse. Posando sobre un taburete negro. Abrazando los besos de Olivia Verónica y Miguel Ángel. Alondra con una sonrisa permanente y mirada luminosa, sin atisbo de lo vivido por sus padres en 2007, cuando ella tenía cuatro años, ni en su adolescencia vivida en 2020. En su álbum de fotos hay una leyenda: “lo que decidas ser y hacer, asegúrate que te haga sentir feliz”. Alondra en la memoria de Olivia Verónica, su madre, a quien decía: “te quiero mucho mami, te voy a sacar de esta pobreza”.
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LAS NEGLIGENCIAS
A ojos extraños, como prolongación del colchón, se confunden sobre una colchoneta documentos que trazan la ruta de injusticias que la mataron, pero Olivia Verónica y Miguel Ángel saben bien qué orden explica la cadena de negligencias, maltratos y abusos cometidos por médicos de la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla, privada, del Hospital General del Norte, de la delegación de la Cruz Roja, y funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Eran las 03:30 horas del 24 de marzo pasado cuando Alondra sintió un dolor intenso. “Despertó a su mamá y a su hermana porque le dolía su estómago y tenía vómito. Le preguntamos que si se había recargado del estómago o si había cenado mucho. Respondió que no. Tampoco quiso que fuéramos a buscar a un doctor, nos dijo que ella aguantaba hasta que amaneciera”, dice Miguel Ángel, su papá.
El dolor no cedió: minutos después de las 03:30 horas se paró de la cama y empezó a vomitar y a quejarse. Entonces la familia completa vivía en la calle Xicoténcatl del Barrio Santo Domingo en San Jerónimo Caleras. De ahí sus padres salieron con ella hasta la carretera rumbo a Tlaxcala para conseguir un taxi y llevarla al Hospital General de la Zona Norte Bicentenario de la Independencia, conocido como Hospital General del Norte. Fue la primera vez que la familia se dividió en este año: Olivia Verónica la lleva a los consultorios y Miguel Ángel se quedó en trabajo social.
El dolor tumbó a Alondra de la silla en la que la hicieron esperar más de hora y media afuera del consultorio. Hasta que escuchó el ruido de la caída, la médico Gina Sánchez Flores salió a ver qué pasaba y lejos de auxiliar les dijo “dejen de estar haciendo visiones y paren a la niña, pero mi hija no se estaba haciendo tonta, tenía muy fuerte su dolor del estómago”.
Miguel Ángel cuenta que ante el ruido de la caída salió otro doctor de un pasillo y les dijo “yo no soy de esta área, si no con gusto se la atiendo, pero déjenme ver”. Entró al consultorio de Sánchez Flores y le preguntó si podía atender a Alondra. Respondió que sí, que en un momento. Al retirarse el medico dejó la puerta abierta y Miguel Ángel pudo ver que “la doctora estaba sentada con su café, su plato de galletas, su torta y su coca”. La presión no garantizó una buena atención médica, pero sí evitó que la espera fuera más larga: la médico se limitó a preguntarle “¿qué te duele”? Cuando Alondra respondió que “el estómago y la boca del estómago, y tengo vómito”, me dijo “a ver, señor, le voy a extender una receta y vaya a buscar ampolleta, alcohol, jeringa y algodón”.
Eran alrededor de las 5 horas cuando le inyectó el medicamento sin siquiera recostarla: “le bajó su short y así como estaba paradita se la aplicó; yo le pregunté si no era necesario que la internara y me dijo que no, porque ‘viene por un simple dolor de estómago y no se le puede internar porque tengo muchos contagiados de covid-19. Mejor llévesela’”.
Las cifras disponibles en el Sistema de Información de la Red IRAG desmienten a Gina Sánchez Flores, médico general que tiene una percepción mensual bruta de 39 mil 728.60 pesos y neta de 24 mil 231.62 pesos: el 24 de marzo en ese hospital no había ocupada ni una cama con ventilador, ni una con ventilador UCI y solamente tenía en servicio 4 por ciento de las camas en hospitalización general.
A Miguel Ángel le dio otra receta. “Cámbiela en la farmacia y siga dándole el medicamento”. En la farmacia le dijeron que no le podían entregar lo prescrito porque faltaba el sello de la doctora. Regresó con Sánchez Flores, quien dijo “no tengo sello, por eso te estoy dando mi cédula profesional y mi firma” y lo regresó a la farmacia de donde lo enviaron a la subdirección para que se la sellaran, pero ahí dijeron no conocer a Sánchez Flores y le negaron el sello. No tuvo otra opción que volver con Gina Sánchez Flores, quien ya estaba con la también médico general Dolores Yazmín Monterrosa Díaz, quien al darse cuenta de lo que pasaba le dijo a su colega “no te preocupes amiguis. Yo te voy a dar una receta con mi sello y firma, como si yo hubiese consultado a la paciente”.
Los errores, negligencias y descuidos del personal del Hospital General del Norte estaban lejos de terminar. La nueva receta hablaba de una paciente de nombre Norma Angélica Cruz Tirado, de 30 años de edad, no de la adolescente Alondra, de 18 años. Y aunque la corrigieron a petición de Miguel Ángel, volvió a quedar mal escrito el primer apellido de Alondra: en lugar de Mortier, lo escribieron Montier, “porque una letra más, una letra menos no perjudica en nada”.
Cuando Alondra fue dada de alta, a sus papás les pidieron ir a Salud Digna a hacerle unos exámenes de orina, de sangre, un ultrasonido y rayos X. “Cuando ya los tenga va con otro médico para que diagnostique lo que tiene su hija”. En Salud Digna la familia Mortier Patiño estuvo gran parte del 24 de marzo. Entre las 16:00 y 16:30 horas de ese día regresaron a su vivienda, pero “mi hija ya no pudo estar ni sentada ni acostada, y le dijo a su hermana que la llevara a caminar.
Alondra, vestida con un pantalón corto y una playera blanca, intenta andar con ayuda de Carmen Rocío, pero se apoya en las paredes, se desploma. Intenta volver a ponerse de pie, pero se desmaya. Trabajadores de Megacable y vecinos las auxiliaron, pidieron una ambulancia que nunca llegó y le ayudaron económicamente a sus papás para que se pudieran mover.
En taxi fueron a la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla, a cuyo propietario José Miguel González Moreno se le abrió en 2016 la Averiguación Previa 071/2016/NORTE porque en ese lugar, ubicado en la 15 Sur y Avenida Juárez, pudieron haberse practicado abortos clandestinos, hecho que los padres de Alondra ignoraban.
En esa clínica les dijeron que, si tenían 100 mil pesos la podían atender, al encontrar una respuesta negativa, ordenaron al camillero que la sacara a la calle y les recomendaron llevarla al Hospital Universitario de la BUAP, en donde condicionaron la atención a un depósito de 80 mil pesos, porque “ya no es un hospital público”.
A sugerencia del taxista con el que llegaron al hospital de la BUAP se dirigieron a la Cruz Roja, pero el tráfico vehicular prolongó el traslado. “Yo me bajo del taxi desesperada, tratando de buscar ayuda o alternativas. Mi hija me decía ‘mamita, no me dejes morir’. Yo estaba dispuesta a robar, a asaltar un banco, para que la atendieran y estuviera bien”, narra Olivia Verónica, su mamá.
Unos policías abrieron paso al taxi hasta urgencias de Cruz Roja y así es como llegaron a la clínica sólo para que les condicionaran la atención ahora a un depósito de 20 mil pesos. Algún testigo les sugirió que fueran a ver al gobernador Miguel Barbosa “para que le ayude a que le atiendan a su hija”.
El papá de Alondra fue corriendo a Gobernación y en el camino encontró dos camionetas blancas con vidrios polarizados; en una de ellas alcanzó a ver al gobernador y se paró enfrente de la unidad. Miguel Barbosa bajó un poco el vidrio de la ventanilla y cuando le conté lo que me pasaba me dijo “vaya a Atención Ciudadana. Ahorita hablo para que lo atiendan y le atiendan a su hija”.
Cuando Miguel Ángel llega a Atención Ciudadana, ya lo estaba esperando una licenciada que “me dice ‘no se preocupe, ya tengo órdenes de que se le ayude; regrese a la Cruz Roja, ya van a atender a su hija y no le van a cobrar’. Y sí, cuando llego de nuevo a la Cruz Roja ya estaban atendiendo a Alondra, pero la subdirectora la canaliza al Hospital General del Norte y le pide pagar 4 mil pesos por el traslado y ‘si no tiene el dinero vuelva a Atención Ciudadana y platíqueles’”. En Atención Ciudadana pudo hablar por teléfono con Adriel Vázquez, titular de la Unidad de Gestión Social, “y me dice que no va a haber problemas, que a mi hija me la van a trasladar sin costo, solo tenía que esperar un folio para que la recibieran en urgencias.
El folio y la llamada del gobernador cambiaron todo en el Hospital General del Norte: cuando Alondra llegó ya la estaban esperando y “la llevaron a un cuartito donde se le amontonan muchos doctores y me dicen “’hay que operarla de inmediato, ¿por qué no la atendieron en la mañana?’. Yo les dije que sí la atendí, que estuvimos ahí a las 5 de la mañana”.
Cuando Alondra estaba en quirófano le pidieron a Miguel Ángel que esperara afuera “’‹porque si se necesita algo lo localizamos rápido’. Esperé un ratote hasta que sale un doctor alto, moreno, calvo, y me dice que necesita una cubeta nueva y grande ‘porque ahí voy a echar el páncreas, el estómago y los intestinos de su hija. Se los vamos a quitar, se los vamos a enseñar y se los voy a entregar’”.
Eran pasadas las 23:00 horas cuando Miguel Ángel vuelve con la cubeta, la entrega y cuando va a avisarle a su esposa Olivia Verónica que ya la consiguió lo alcanza un policía. Le pregunta si él es el papá de Alondra, la niña que está en quirófano. Responde que sí y el policía le dice “que suba rápido”.
Las lágrimas de Miguel Ángel ya no se contienen, pero sigue contando: “cuando llego al quirófano, las puertas están abiertas, y me dicen ‘señor, lo siento mucho, su hija acaba de fallecer, sólo me dio tiempo de quitarle el páncreas, el estómago y sus intestinos’, pero nunca me enseñaron lo que le quitaron a mi hija”.
El doctor alto, moreno y calvo me dijo “esto pasó por no haber atendido a su hija en el momento adecuado. Le dije que tengo papeles que prueban que mi hija estuvo ahí a las 5 de la mañana. Entonces no hizo bien su trabajo la médico Gina Sánchez Flores, quien se negó a internarla, porque según ella había muchos contagiados de covid y Alondra sólo iba por un dolor de estómago”.
Oficialmente Alondra falleció el 24 de marzo a las 23:40 horas por una perforación gástrica y dos horas de choque séptico. El cuerpo fue entregado el viernes 25 a las 19:29 horas, en una bolsa negra con cierre, hasta que Olivia Verónica y Miguel Ángel lograron conseguir dinero para pagar la funeraria que, además, nunca preparó el cuerpo porque “no nos alcanzó el dinero”.
DENUNCIAS POR JUSTICIA
En los padres de Alondra hay mucho dolor y dudas: ¿por qué nadie les especifica bien cuál fue la causa de la muerte? y en busca de respuestas y justicia ante lo que consideran un asesinato de Gina Sánchez Flores interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que quedó asentada en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM-I/006628/2022 y el 18 de abril se acercaron al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, quien al ver todos los documentos que habían recabado dijo, sin dudar: “es negligencia médica, no hay más” y con él coincidió una Juez de Control federal a la que recurrieron por recomendación de la Defensoría Pública Federal: es negligencia porque “no la atendieron como debe ser, porque no le hicieron las preguntas que se debían, porque no le tomaron los signos vitales y porque los estudios que mandaron a hacer por fuera debieron hacerlos adentro. No hay modo de que se salven esos doctores, a menos que aflojen dinero, pero por donde le quieran buscar es negligencia médica”.
El mismo José Antonio García les dijo que iba a suspender a partir de ese día, y hasta que se esclarecieran los hechos, a Gina Sánchez Flores y A Dolores Yazmín Monterrosa Díaz, así como a todos los que estuvieran involucrados; agregó que pudieron llegar a un acuerdo económico sin la intervención de la fiscalía y les recomendó acudir a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla, cuyo titular, José de Jesús Ocampo Huerta, les repitió lo que el titular de Salud: “había muchas alternativas para no necesariamente ir a la fiscalía”.
El 9 de mayo, el titular de Salud estatal, José Antonio Martínez García, admitió que falleció en el Hospital General del Norte y aunque ante sus padres reconoció que hubo negligencia médica. En la videoconferencia con el gobernador Miguel Barbosa, afirmó que la médico Gina Sánchez Flores estaba siendo investigada presumiblemente por haber diagnosticado mal y no haber brindado buen servicio.
De acuerdo con el funcionario, Sánchez Flores diagnosticó reflujogastroesofágico, dio tratamiento ambulatorio, dio de alta a Alondra, que no evoluciona satisfactoriamente y regresa al hospital y se le diagnostica abdomen agudo. Es intervenida quirúrgicamente encontrando los médicos una perforación gástrica y necrosis del estómago (…) por la gravedad, lamentablemente perdió la vida.
PREPOTENCIA DEL MP
Los padres de Alondra afirman que buscaron nuevamente al gobernador Miguel Barbosa, que los envió a fiscalía y ésta pasó la carpeta a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que ha llevado el caso, hasta llegar a la justicia alternativa, donde “la doctora y su aseguradora se ponen muy prepotentes. No llegamos a un acuerdo, así que voy a judicializar mi carpeta, la vamos a pasar con un juez de control también porque la ministerio público nos ha tratado mal: nos dice que somos unos pepenadores estresantes. Yo le contesté que somos estresantes porque estamos atrás de la carpeta de mi hija, porque me interesa que se esclarezca”.
Alondra fue velada desde el viernes en la noche, sábado todo el día y toda la noche y el domingo hasta las 14:00 horas, cuando se la llevaron al cementerio, y en todo ese lapso, aseguran sus padres, “nuestra hija nunca se nos echó a perder”.
La extrañeza que esto ocasionó en Miguel Ángel y Olivia Verónica fue reforzada cuando en la funeraria les dijeron “señor, esto está muy raro porque para los días que usted la estuvo velando, más las casi 24 horas que pasó en el hospital antes de que le entregaran el cuerpo, casi fueron 60 o 62 horas y no se echó a perder su hija. Usted debe poner una denuncia, porque está bien raro”.
Miguel Ángel jala aire por la boca para respirar. Luego asegura que no es justo que las doctoras sigan trabajando después de lo que hicieron. “No es justo porque mataron a mi hija y nosotros vendimos todo lo que teníamos y estamos pagando intereses muy altos por un préstamo que pedimos para los gastos”.
Hace una pausa y luego repite con coraje y llanto: “me dijeron que si a mi hija la hubieran internado a las 5 de la mañana, cuando yo llegué, estuviera viva; quizá con varias cirugías, pero viva. Ahora no le quieren hacer justicia porque es hija de unos pepenadores, no se vale”.
2004, LA PROMESA; 2006, EL DESPOJO
En noviembre de 2004, Miguel Ángel levantó un cargamento de metal cromado que le regalaron. El contacto con el material le hizo perder la vista y su pareja lo llevó a la Cruz Roja, donde conocieron a un reportero de la entonces cadena Radio Acir que contó su historia y el conductor Javier López Díaz pidió a su auditorio donativos para ayudarlo a comprar el medicamento que necesitaba.
Los escuchas aportaron dinero, el DIF les proporcionó despensas y Óscar Aguilar González, por órdenes de Melquiades Morales Flores, entonces gobernador del estado, prometió regalarles una vivienda construida por el Instituto Poblano de la Vivienda.
En enero de 2005, Aguilar González los citó durante tres días consecutivos en el IPV donde los hizo esperar de las 8:00 a las 23:00 horas, y fue hasta que Miguel Ángel Mortier reclamó que Aguilar González ordenó que de inmediato los trasladaran a la colonia El Refugio. Les abrieron un inmueble de la calle Metepec, les entregaron las llaves y les aseguraron que nadie les podía quitar su casa.
Un año después, el 9 de enero de 2006, personal del IPV les informó que tenían que desalojar la vivienda y ante la negativa de la familia Mortier, el 10 de enero, los desalojaron, los subieron en unas camionetas, los llevaron a Villas de Amozoc, donde vivieron seis meses hasta que en julio un grupo de mujeres los corrieron.
2020, LA CRISIS DE LA PANDEMIA
En los meses más crudos de la pandemia por covid, a Miguel Ángel el coronavirus le quitó su trabajo como chalán de albañil; sin empleo, buscó echarlo a la calle el casero que le rentó dos cuartos a unos metros del bulevar Carmelitas, en la colonia Tres Cerritos, una de las 153 que contempló el gobierno de la ciudad para entregar 27 mil despensas a quienes se quedaron sin empleo.
Su esposa también perdió su trabajo como ayudante de cocina, aunque su patrona le dio el equivalente a dos semanas de salario para que pasara la cuarentena y “pos algo es algo, pero ya se nos acabó ese dinero”.
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