OAXACA.- Daira acompañaba a su mamá en la venta de empanadas y gelatinas en la agencia de San Juanito cuando una bala le arrebató la vida. Sólo tenía 14 años de edad. Su madre recibió un impacto en el tobillo y aún con la bala incrustada, se dio de alta voluntaria del hospital al enterarse del fallecimiento de su hija. Ambas víctimas eran inocentes en un hecho provocado por mafias sindicales.
Desde hace tres años la tragedia las asechaba. Mayra, la madre de Daira contaba con medidas cautelares tras haber sido testigo circunstancial del asesinato del entonces candidato a agente municipal de San Juanito, Norberto Ayala. En ese entonces también había sido herida de bala. Las medidas cautelares resultaron obsoletas en un sistema en donde todo falla.
Como todos los días, Daira y su madre salieron a trabajar. Inmersas en el 63.8 por ciento de población que en Oaxaca vive en pobreza, no tenían más opción, aunque sí la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Daira retomaría este lunes sus estudios de secundaria abierta. Quería aprender, tener una carrera y poder romper el círculo de precariedad.
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Sus sueños quedaron truncados en un charco de sangre sobre el pavimento, ahí en donde el cuerpo de Daira quedó expuesto más de cinco horas a falta de un ministerio público.
Las redes sociales dieron cuenta de los hechos la tarde del 26 de noviembre de 2022. Tres personas asesinadas, dos mujeres y un hombre, así como una persona herida de bala. Se trató de un ajuste de cuentas en contra de Filiberto J.R. “El Chivo”, líder transportista.
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Mayra fue trasladada primero a la Cruz Roja para recibir atención médica. No fue recibida porque no contaba con dinero para la atención. Después fue trasladada al hospital civil doctor Aurelio Valdivieso, en donde firmó su acta voluntaria para abandonar el lugar al enterarse que su hija había fallecido.
En la pequeña casa de Daira se palpa la pobreza. El techo de lámina daba cobijo y resguardo a la familia, quien ahora teme seguir en el mismo lugar. Una gallina camina entre las veladoras y el féretro, colocado en la sala para el velorio. Dolor, ausencia, hermanas y abuelos con el corazón roto y sin poder entender lo que había pasado. Miedo, pobreza, impunidad.
A 200 metros de la casa de Daira las llamas de las veladoras bailotean con el soplar del viento. Adentro de la casa, Mayra observa la escena con los ojos perdidos, sentada en una silla de ruedas, aguantando el dolor de la bala incrustada y el del corazón ante la pérdida.
Los sollozos imperan en el lugar. No hay reclamos de justicia porque dejaron de creer en ella. La justicia es una utopía para quienes viven en la pobreza, sobre todo si son mujeres.
LA CRISIS DE LA VIOLENCIA EN NIÑAS Y ADOLESCENTES
De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en lo que va del 2022 se cometieron 32 homicidios dolosos en contra de niñas y adolescentes en Oaxaca. De éstos nueve fueron con arma de fuego, tres con arma blanca y cuatro con otro elemento.
En México -detalla la REDIM- la totalidad de las muertes por homicidio de personas de 0 a 17 años entre enero de 2015 y octubre de 2022 ascendía a 20,096; una cifra que duplicaba la capacidad máxima del Auditorio Nacional.
Únicamente la cantidad de muertes por homicidio de mujeres de entre 0 y 17 años en México durante el mismo periodo (4,968) duplicaba el aforo del Palacio de Bellas Artes, indica.
El artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que las “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades […] deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida”.
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