TIJUANA.- José Gregorio anda de un lado a otro en las oficinas de migración en Tijuana, Baja California, con otros venezolanos deportados por esta frontera y teme que se acabe el tiempo para regularizar su condición en México.
Todos forman parte del primer grupo que las autoridades norteamericanas expulsaron el pasado jueves 13 como parte de un acuerdo binacional del que activistas y migrantes exigen conocer detalles.
“Tenemos muchas dudas, inquietudes, nadie nos brinda información exacta de qué va a suceder con nosotros”, mencionó José Gregorio.
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Mostrando el brazalete que la patrulla fronteriza norteamericana le puso el 9 de octubre cuando cruzó la frontera por Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta que este jueves 20 vencerá su permanencia en México.
“Para poder hacer un trámite, para poder hacer un papeleo, vamos a quedar de ilegales y esa es la preocupación que tenemos en este momento”, mencionó.
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Una parte del grupo fue a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), otro a las oficinas del INM en la garita El Chaparral.
Los venezolanos buscan una visa temporal o un permiso de trabajo, pero el gobierno mexicano sólo les ofrece refugio y los migrantes dicen que aceptarlo es perder la oportunidad de iniciar el mismo trámite en Estados Unidos, su objetivo principal.
“Pensamos que, en conclusión, México y Estados Unidos su acuerdo es ‘den refugio’, porque así vamos descartando”, dijo una venezolana que acompañaba a José, pero no quiso dar su nombre.
LAS EXPULSIONES
De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno de Baja California, hasta este miércoles ya habían sido expulsados 650 venezolanos por Tijuana.
“Es posible que este número incremente”, dijo el secretario Catalino Zavala Márquez.
Según las primeras proyecciones de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, pueden ser hasta 200 deportaciones diarias, una cifra que no se ha cumplido, pero ya está provocando complicaciones.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, dijo que la federación notificó de estas nuevas expulsiones con poco tiempo de anticipación.
Además, los albergues de la sociedad civil están al tope principalmente por familias desplazadas de Michoacán y Guerrero.
Por esa razón, solo algunos de los venezolanos tienen espacio allí, y otros están pagando algún alquiler con el poco dinero que les puede quedar.
“Están sustentándose en hotel, al día, pero ese chorro pronto se les va a acabar, ¿y qué va a hacer?”, planteó José Gregorio.
José Luis Pérez Canchola, activista y ex procurador de derechos humanos en Baja California, destacó que en este escenario la migración forzada de las familias extranjeras requiere atención integral.
“No caer en la trampa de los Estados Unidos de usarnos como patio trasero para deportar a estos migrantes. Esto debe suspenderse de inmediato y entrar a una negociación”, comentó.
EL VIAJE
“Extorsión, grupos paramilitares en fronteras. Guatemala, extorsión de todo tipo de autoridades. En todos los países nos vimos expuestos a muchos peligros y a extorsión en todo momento”, aseguró la venezolana.
Ella y José dejaron Venezuela el 19 de septiembre y el 9 de octubre llegaron a suelo estadounidense, donde se entregaron a las autoridades migratorias.
Pasaron cinco días en un saturado centro de detención en Texas, donde aseguran que permanecieron incomunicados y según la joven que acompañaba a José Gregorio, también en condiciones antihigiénicas.
“Mucha desconoce el tema de las mujeres embarazadas con 8, 9 meses. De hecho, hubo una chica que le hicieron cesárea y la volvieron a meter allí mismo con su cesárea y su bebé en las mismas condiciones que estábamos todas: durmiendo en el suelo”, contó.
Cuentan que eso terminó cuando las autoridades norteamericanas los trasladaron a California, Estados Unidos, entre transbordos de vuelos y camiones donde solo les respondían que todo estaba bien.
“Cuando vimos ya estábamos acá, afuera, sin ningún tipo de explicación, nunca nos dijeron nada, tampoco nos hicieron firmar nada. Simplemente nos dejaron allí (...) Fue un engaño total”, dijo la venezolana.
Molestos por todo esto, activistas protestaron este lunes frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quemando un par de piñatas con los rostros del canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken.
Exigieron que el gobierno federal apoye con recursos al estado y al municipio para hacer frente a esta emergencia migratoria, y transparentar los términos del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos para la expulsión de venezolanos.
El municipio y el estado proyectan ahora la habilitación de un albergue, pero no han dado mayores detalles.
El secretario General de Gobierno en Baja California dijo que alrededor de 250 venezolanos fueron los que participaron en los disturbios en la estación migratoria de Tijuana, donde los trámites están tomando un promedio de 4 días.
Sus posibilidades son primero obtener permiso de 30 días para el libre tránsito, también el asilo político, el refugio o regresar a su país.
Aproximadamente 100 venezolanos fueron trasladados a instalaciones del INM en la capital del estado, Mexicali, y “algunos incluso optaron por hacer viaje en avión a Ciudad de México”, dijo Catalino Zavala este miércoles.
José Gregorio insiste, en cambio, en que todo lo que quiere es resolver su condición migratoria para no ser deportado y continuar con su camino de asilo en Estados Unidos.
“Que México nos ayude sea con un permiso de permanencia, una visa turística, pero que no nos perjudique el trámite al estar del otro lado”, reiteró.
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