No hay duda. La propuesta del Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum suena bien: acabar con los privilegios de la clase política genera aceptación, respaldo y simpatía de la ciudadanía. Sin embargo, el concepto no siempre tiene una carga negativa. Gobernar también es un privilegio y amerita sus recompensas.
El problema de fondo está en los excesos, arbitrariedades y abusos que se cometen desde cualquier posición de poder. Incumplir la ley, conducirse sin apego a un código de ética, aliarse con el crimen organizado o corromperse es algo que se debe evitar en un sistema político que realmente aspire a una transformación.
En consecuencia, se trata de un tema que va más allá de la semántica o la retórica. Si bien es cierto que la llamada cultura del privilegio “es la normalización de la desigualdad y sus efectos en la vida cotidiana al punto en que ya no se le cuestiona”, también lo es que su existencia es una de las mayores disfuncionalidades de la democracia.
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¿Cuáles deben ser los límites de los privilegios legítimos? ¿En qué circunstancias tienen que ser cuestionados y/o sancionados? ¿La llamada 4T realmente está haciendo su mayor esfuerzo para desterrarlos de nuestro sistema? Los límites a los salarios, a las prestaciones adicionales como bonos, cajas de ahorro, seguros de gastos médicos privados, viajes en primera clase, vehículos de lujo y otros beneficios que tienen los políticos son apenas unos cuantos de los elementos que deben ser analizados y corregidos.
Por eso, la narrativa del combate a los privilegios —en el contexto del Plan B— parece, simplemente, un eufemismo. De acuerdo con CEPAL, la cultura del privilegio se sustenta en una serie de prácticas desigualadoras. Es decir, en “reglas e instituciones que pueden ser formales o informales y que tienden a favorecer a los grupos sociales que ya eran más favorecidos”.
Con base en este principio, los alcances del proyecto —y de otros que apuntan en el mismo sentido— resultan insuficientes frente a los diversos escándalos y denuncias públicas relacionados con personajes vinculados a los gobiernos de todos los partidos. Pero en especial a algunos dirigentes, funcionarios y trabajadores ligados a Morena y sus partidos aliados.
Aún más. Tampoco se deben olvidar los privilegios de las élites empresariales, de algunos sindicatos y ciertas organizaciones de la sociedad civil ligados en forma directa al poder público. La creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación o los órganos internos de control aún tienen mucha tarea qué hacer para reducir la cultura del privilegio.
Los efectos perniciosos de esta forma de ejercer el poder público favorecen un círculo vicioso en donde el dinero y manejo de recursos influyen en los resultados de las elecciones, en la conformación del Congreso, en la repartición de cargos dentro de la administración y en las decisiones de política pública. Por lo que hemos visto, se trata de privilegios que van más allá de hacer viajes o de utilizar un avión privado sin justificación.
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Por su naturaleza asimétrica, la cultura del privilegio ha estado ligada, además, a la discriminación, la opresión y el incremento de actos delictivos. Mientras más grandes son los privilegios de los grupos políticos y de interés económico, mayores son las desventajas e injusticias que viven los grupos mayoritarios de la población.
La exposición que hacen los medios y las redes sociales de esta situación, a través del periodismo de investigación, la denuncia pública e incluso el escándalo político, contribuyen a crear conciencia de la relevancia que tiene el tema, pero no a su eficaz solución. La comunicación es tan solo un apoyo de las políticas públicas que se requieren para acabar con el problema, pero es evidente que se requieren acciones mucho más contundentes.
Recomendación editorial: Alejandro Sahuí Maldonado, Jesús Rodríguez Zepeda y Teresa González Luna Corvera (coordinadores). El privilegio. Teoría y estudios antidiscriminatorios. México: Editorial Fontamara, 2025.