Conforme se acerca la fecha para que el INE se pronuncie sobre la composición de la próxima legislatura, crece la lucha contra la sobrerrepresentación. La constitución establece que ningún partido obtenga, bajo ningún mecanismo, un número de curules superior al porcentaje de votos obtenidos o permitidos por la ley.
A la fecha, está pendiente la asignación de las doscientas diputaciones de representación proporcional, que se contemplan en el marco constitucional para garantizar la pluralidad política, la debida inclusión y la representación de las minorías en el Congreso de la Unión.
La constitución establece en su artículo 54 que: “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios” y “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
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La exigencia de distintos especialistas, es que se cumplan los dos límites que establece el ordenamiento constitucional y que la cláusula de sobrerrepresentación se aplique por coalición y no por partido político.
Un análisis serio e integral del precepto en debate, exige que se haga una interpretación histórica que garantice que los techos de sobrerrepresentación reconozcan a las coaliciones como una fuerza política única en cada proceso electoral, y que la asignación por coalición preserve la simetría entre los porcentajes de votación y los porcentajes de representación, fortalezca el sistema de partidos y distribuya el poder con base en la voluntad popular expresada en las urnas.
Integrantes del Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPN), señalaron que de prevalecer la interpretación literal del texto constitucional y la vigencia de algunos acuerdos previos, como se ha advertido; así como la pretensión de la secretaria de gobernación de obtener 373 diputados, “la coalición gobernante podría llegar a tener el 75% de la Cámara, cuando la votación de los tres partidos que la componen llegó apenas al 55%” además, “generaría graves distorsiones como que el Partido Verde, que quedó en quinto lugar en las elecciones legislativas, se convierta en la segunda fuerza en San Lázaro”.
El riesgo democrático de la sobrerrepresentación representa la mayor amenaza a nuestra democracia, la pretensión del gobierno de acumular una mayoría mecánica y artificial por esta vía, atenta contra los más elementales principios democráticos y reproduce las graves distorsiones que han vulnerado nuestro sistema electoral en el pasado reciente. Por ningún motivo debemos ver con pasividad la transferencia de votos o de diputados de un partido a otro, permitirlo es violentar la ley y la voluntad popular.
El llamado a los consejeros del INE es a ejercer su responsabilidad en la asignación de diputados plurinominales respetando la cláusula de sobrerrepresentación con estricto apego al espíritu del constituyente; y con un sentido de realismo crítico, reconociendo los vínculos históricos, jurídicos y políticos que unen a los partidos de la coalición gobernante y su voluntad de gobernar en conjunto.
A los consejeros del INE les expresamos: Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes que de ella emanen y velar en todo por la prosperidad de la unión es su responsabilidad. Preservar y fortalecer nuestra democracia es su misión específica, estaremos atentos a su resolución