Conforme se acerca el 1 de septiembre, fecha en que se instala el Congreso mexicano, crece la preocupación en diversos sectores ante el avance de la deriva autoritaria. Organismos nacionales e internacionales han advertido las graves consecuencias de diluir los derechos de las minorías políticas y de eliminar los contrapesos al poder ejecutivo.
El gobierno actual y el entrante buscan, por todos los medios, concretar las reformas a la constitución que propuso el presidente. Si el INE le otorga a la coalición gobernante, encabezada por Morena, una sobrerrepresentación por encima de los votos obtenidos; si el tribunal electoral confirma esta decisión y la cámara de diputados se integra con una súper mayoría de 373 diputados a favor del gobierno; y si los operadores del régimen, aprovechando la división de la oposición, doblan a tres o más senadores electos con presiones y prebendas; lo que sigue es la instalación de un nuevo régimen.
Con algunas variantes, el cambio inadvertido que se está dando en México, lo hemos visto en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. La democracia se ha utilizado para encumbrar a regímenes populistas, soportados por el ejército, con partidos hegemónicos, liderados por autócratas insaciables de poder y auto elogios; que enarbolan banderas de izquierda, que escenifican desplantes nacionalistas y anti norteamericanos y utilizan al pueblo como argumento de todos sus excesos. El escándalo de Alberto Fernández, en Argentina, es solo un botón de muestra.
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Morena hoy tiene una presencia nacional extensa, la variada mezcla de sus integrantes –mayoritariamente ex priistas– los identifica como un movimiento ecléctico, revisionista, sin programa ni identidad propia; por el liderazgo unipersonal de su líder, más cercano al caudillismo que a la formación orgánica de una estructura política de vanguardia.
El nuestro es un cambio de régimen aparentemente acelerado, cultivado durante dieciocho años de oposición al interior del grupo en el poder e instrumentado durante el presente sexenio. La anunciada continuidad, busca una consolidación que a Venezuela le ha llevado veinticinco años, desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia. Hoy, el dictador Nicolas Maduro, enfrenta el cuestionamiento de propios y extraños, a sus contradicciones y extravagancias. La división de la coalición gobernante y el “apoyo crítico” que recibe, anticipa el debilitamiento y la probable caída del régimen chavista.
Durante los próximos días se conocerá la definición del INE sobre los diputados plurinominales. Los expertos y diversas organizaciones ciudadanas se han pronunciado en contra de la sobrerrepresentación: la iglesia católica ha llamado al respeto a la voluntad popular y a la formación de “un congreso para todos”; el CCE ha pedido a las autoridades electorales un reparto justo e equitativo de las diputaciones para “preservar los equilibrios democráticos y la representación política del país”. La agrupación Unidos hará llegar al Tribunal Electoral miles de firmas a través del “Amicus Curiae”.
En tanto, los legisladores de Morena, maquilan los cambios constitucionales de manera inescrupulosa y al margen del proceso legislativo. Los cambios anunciados radicalizan las medidas para la reforma al poder judicial y la eliminación de los órganos constitucionalmente autónomos; la pretensión es aprobarlos antes de que se instale el próximo gobierno, en lo que ya se avizora como un cambio de juego.
A los demócratas nos corresponde advertir, persistir y resistir ante los riesgos del autoritarismo.