El año 2024 estuvo marcado por una serie de acontecimientos políticos trascendentales en nuestro país. El evento central fueron las elecciones presidenciales y legislativas, las más grandes de la historia, de las que resultó electa la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum con casi seis millones de votos más que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador y por las que su partido, Morena, obtuvo una supermayoría en ambas cámaras del Congreso y terminó encabezando 75% de las gubernaturas del país.
Pero, más allá de que estos resultados electorales le han ganado a la Presidenta la seguridad de que durante su sexenio, -cómo ya se ha hecho-, podrá aprobar sin obstáculos cualquier reforma constitucional y legal, y hacerse del presupuesto necesario para continuar y ampliar los programas sociales, -eje de los gobiernos morenistas-, o proseguir con obras como la del Tren Maya o la refinería Dos Bocas, lo que observamos son cambios estructurales en la cultura política y en las instituciones que podrían estar redefiniendo nuestro régimen político.
Recordemos que un régimen político es el conjunto de normas, principios, instituciones y prácticas que determinan cómo se organiza y ejerce el poder en una sociedad, y define la relación entre los gobernantes y los ciudadanos, estableciendo las reglas para la toma de decisiones colectivas, el acceso al poder y la legitimidad del gobierno. La distinción más común es entre democráticos y autoritarios, con diversas subcategorías. Antes de la llegada al poder de López Obrador, había un consenso entre los partidos en la aspiración de transitar hacia un régimen democrático, con respeto a la pluralidad política y al disenso. Por supuesto, no era perfecto, pero se trabajó durante décadas en la construcción de instituciones que garantizarán derechos y generarán contrapesos en el marco de la división de poderes.
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Es claro que el modelo de democracia liberal que se impulsó, sumado a la lejanía de los políticos con los ciudadanos y sus necesidades, y a la falta de resultados en el combate a la desigualdad y a la pobreza, derivó en el triunfo de Morena en 2018, a su refrendo en 2024 y a la reducción de la oposición a su mínima expresión, incluyendo la desaparición del histórico PRD.
2024 ha representado la consolidación no solo político electoral de Morena, sino la consolidación de la cultura política que los ha caracterizado, una en la que la polarización ha sido el eje de su estrategia, la pluralidad política desestimada y el expertise técnico en el proceso de decisiones de políticas, ignorado. En apenas unas horas, el Congreso hizo cambios estructurales al Poder Judicial al aprobar la elección por voto directo de miles de jueces, ministros y magistrados, sin dotar del dinero suficiente al INE para la organización de la elección. Tanto el contenido de la reforma, como la implementación de la misma, hacen suponer que la idea de contar con una justicia más profesional, expedita y sin corrupción, no necesariamente estará garantizada con esta reforma que, por el contrario podría derivar en un debilitamiento del sistema judicial con ingerencia política y de intereses privados e incluso, criminales.
La desaparición de los organismos constitucionales autónomos incluido el INAI que garantizaba un derecho fundamental en democracia: el derecho a saber y a ejercer escrutinio sobre los gobernantes, hoy está en el aire, igual que la capacidad de la Cofece para garantizar competencia económica ahora que dependerá de la Secretaría de Economía. Lo anterior junto con la cooptación de la CNDH, implica un debilitamiento institucional que podría derivar en lo que Steven Levitsky y Lucan A. Way definieron como autoritarismo competitivo, un tipo de régimen que combina elementos democráticos con autoritarios tendientes a minar la competencia electoral real y al pluralismo político.
El futuro del sistema político mexicano dependerá en gran medida de cómo evolucionen estas dinámicas. Si bien aún existen elecciones competitivas, una sociedad civil activa y medios de comunicación críticos, el debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas podría llevar al país a una transición hacia el autoritarismo, sobre todo, si la oposición no logra reorganizarse y ser una alternativa viable, o si los contrapesos institucionales desaparecen por completo. La historia política de México muestra que las transiciones democráticas son posibles, pero también que los retrocesos autoritarios pueden surgir de manera gradual, utilizando precisamente las instituciones que se crearon para proteger la democracia.