Hace poco, refiriéndose a los organismos constitucionales autónomos, (OCA) escuché a una analista política decir que durante la época neoliberal se construyeron instituciones de país rico que de nada sirvieron a los más necesitados. El argumento de que los OCA no sirvieron al pueblo, junto con el de una supuesta corrupción y el de la austeridad, se repitió una y otra vez en el Congreso durante la discusión sobre su eliminación. Así, en tan solo unos días, décadas de desarrollo institucional mexicano se fueron a la basura.
Personalmente, creo que instituciones que garantizan derechos como el INAI o procuran que haya competencia económica en favor del consumidor, no riñen con políticas sociales ambiciosas y necesarias como las que los gobiernos de Morena implementan. En aras de la austeridad podría haberse reducido el presupuesto de estos organismos; de haber corrupción, se debió investigar y sancionar; e incluso podría haberse hecho un rediseño institucional para hacer estas organizaciones más pequeñas y eficientes. Este tipo de organismos autónomos constitucionalmente, o no, pero sí independientes del Poder Ejecutivo, se inventaron para garantizar la imparcialidad y la especialización técnica en áreas clave para la población y al eliminar estas instituciones y transferir sus funciones al Ejecutivo, se desafían principios fundamentales como la separación de poderes y el equilibrio institucional.
Entre los organismos desaparecidos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Por supuesto, no todos ellos tienen la misma importancia y quizás no sea tan grave que las funciones de algunos de ellos sean realizadas por el Poder Ejecutivo, pero haber desaparecido todos de un plumazo sin una valoración individual y sin prevenir la vulneración de derechos ciudadanos, no fue una buena idea.
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Pienso en el acceso a la información pública que garantizaba el INAI: ahora, ¿ante quién recurriremos cuando un municipio, un estado o una universidad pública niegue información dado que el Poder Ejecutivo Federal no tiene potestad de dichas instancias? ¿Quién administrará la plataforma nacional de transparencia que contiene información pública que todas las autoridades deben publicar por ley, como los sueldos de los diputados y senadores, alcaldes y secretarios de gabinete? De ser el Ejecutivo Federal, este tendrá que firmar convenios con miles de autoridades y estará en la voluntad de estas el hacerlo o no.
Los organismos constitucionales autónomos que desaparecieron en México tienen equivalentes en muchos países del mundo y hay una relación entre su existencia y un mejor desempeño económico. La independencia regulatoria y la transparencia son elementos clave para atraer inversión extranjera, fomentar la competencia económica y evitar prácticas monopólicas.
Diversos actores, tanto nacionales como internacionales, han expresado su inquietud. Los inversionistas temen que la centralización de funciones en el Ejecutivo mine la independencia regulatoria, lo que podría afectar la confianza y reducir la atracción de capital extranjero. Esto es especialmente preocupante en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la competencia económica y la energía. A nivel internacional, organismos como el Banco Mundial y expertos en política pública han señalado que esta medida podría dificultar el cumplimiento de acuerdos internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al comprometer la imparcialidad en áreas reguladas.
Desde el ámbito académico y la sociedad civil, la desaparición de estos contrapesos institucionales es vista como un debilitamiento del Estado democrático. Al concentrar más poder en el Ejecutivo, se corre el riesgo de erosionar los mecanismos de rendición de cuentas, facilitando prácticas monopólicas y limitando la transparencia en decisiones públicas. En conclusión, aunque la medida se presenta como una estrategia de racionalización administrativa, sus implicaciones irán más allá del ahorro presupuestal, implicaciones que podremos empezar a ver en poco tiempo.
*Politóloga e internacionalista. Expresidenta de la Cámara de Diputados.