El 2024 será recordado como el año que fue demolido el Poder Judicial Federal. El 4 de septiembre la Cámara de Diputados votó en una sede alterna a la de San Lázaro, en la Deportiva de la Magdalena Mixhuca, la iniciativa de reforma que desde el 5 de febrero de este año presentó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
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Fue una sesión caótica, hecha en un gimnasio, realizada ahí ante los bloqueos que trabajadores del PJF hicieron al palacio legislativo de San Lázaro, inconformes porque con la reforma se truncaba el sueño de miles de ellos de convertirse en juzgadores y el miedo a ser despedidos en cuanto comience el nuevo sistema. También se quejaron de no ser escuchados y por eso realizaron paros que duraron varias semanas.
Ese día los diputados en lugar de legislar enfrente de sus curules, lo hicieron en tablones usados para fiestas; en lugar de voto electrónico, era a mano alzada; y en lugar de tablero electrónico, tenían que hacer los conteos de manera manual. De ese tamaño era la prisa por cumplir una de las prioridades de López Obrador.
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Senado encendido
La sesión en el Senado no fue muy distinta a la de la Cámara de Diputados. Realizada 10 días después, inicialmente la sesión comenzó en su sede de Reforma. Afuera, protestaban trabajadores del Poder Judicial.
Esa sesión del 13 de septiembre será recordada por dos cosas: por el voto que el entonces panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, hizo a favor de la reforma judicial, con lo que Morena y sus aliados PVEM y PT alcanzaron las dos terceras partes de la mayoría calificada para conseguir la reforma constitucional.
También será recordada como la sesión en que los trabajadores del Poder Judicial Federal lograron entrar al Senado, por Reforma, luego de que al parecer alguien les abrió. Apenas ingresaron subieron las escaleras e ingresaron por las puertas de cristal. Era una tarde lluviosa en que llegaron al famoso chacalódromo, en la antesala de la entrada al recinto, al que después de forcejear con elementos de seguridad lograron entrar, no sin dejar tirados a algunos empleados.
En el recinto se instalaron en los escaños, tomaron la tribuna y gritaron consignas como "No a la reforma judicial". Obligaron no sólo a suspender la sesión sino a cambiarla de sede, a la Casona de Xicoténcatl, entre Donceles y Tacuba, donde se instaló un férreo sistema de seguridad que incluso no dejaba pasar a los propios senadores. Como ocurrió en la Cámara de Diputados, la reforma fue aprobada de madrugada.
La propuesta presidencial
La propuesta presidencial presentada el 5 de febrero de 2024, junto con 19 reformas constitucionales más, consistía en modificar la constitución para elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, pero cuyos candidatos fueran propuestos por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También planteaba flexibilizar los requisitos para ocupar dichos cargos, reducir la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 ministros y crear un Tribunal Judicial para sancionar a los juzgadores que no resuelvan los casos en 6 meses.
Pero rápido comenzaron las advertencias de lo que pasaría en caso de ser aprobados esos cambios propuestos por el presidente. Al ser electos los juzgadores y por ello tener un tiempo de campaña, se abre la posibilidad de que algunos de los candidatos se alíen con los poderes económicos, políticos e incluso con el crimen organizado, para alcanzar el cargo, pero al convertirse en jueces, magistrados o ministros, perderán autonomía al deberle el cargo a alguien.
Otra crítica es que la capacidad de quienes fueran electos no estaba garantizada al flexibilizarse los requisitos -entre los cuales estaba el tener cartas de recomendación de vecinos y conocidos- y ya no ser indispensable contar con la carrera profesional.
Una más es que el Tribunal Judicial al tener la facultad de actuar por su cuenta se puede convertir en una Santa Inquisición que castigue a los jueces incómodos.
El triunfo de Sheinbaum es el comienzo del fin
El camino para la reforma judicial se aplanó con el triunfo en la elección del 2 de junio de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien desde campaña advirtió que en caso de ganar, iría por el Plan C, que incluía la reforma judicial.
Pasada la elección, la Cámara de Diputados organizó foros para discutir la reforma judicial. Sin embargo, pese a que se contó con la presencia de magistrados y ministros, de académicos y legisladores que planteaban los inconvenientes de la reforma, los diputados de Morena, PT y PVEM eran muy claros y contundentes: la reforma iba tal y cómo la envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para justificar su postura inflexible, usaron el argumento de que el pueblo les dio ese mandato con más de 30 millones de votos.
Se apuran a legislar
El 1 de septiembre empezó la nueva legislatura que a tambor batiente inició los trabajos para discutir y votar ante el Pleno la reforma judicial.
En tanto, los trabajadores del Poder Judicial, ante la iniminencia de los legisladores para hacer el dictamen en comisiones, desde el 21 de agosto hicieron paros de labores tanto en la sede del Poder Judicial de la Federación, como en juzgados y en algunas ocasiones salieron a las calles.
Reclamaron no sólo no haber sido escuchados, como les prometieron los legisladores, sino también expresaron su miedo a ser despedidos o a no cumplir sus sueños de llegar a jueces, magistrados o ministros, para lo cual llevaban una vida preparándose.
Pero ni las protestas ni los bloqueos a las sedes legislativas, ni el documento elaborado por el Poder Judicial para tener un sistema integral de seguridad pública y justicia, con propuestas para mejorar al sistema judicial, presentado por la presidenta de la SCJN, Norma Piña, el 8 de diciembre, modificaron las posturas de los legisladores de Morena, PT y PVEM.
Ese 8 de septiembre Piña alertó que la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
Apenas fue aprobada la reforma por el Senado, se envió la minuta a los congresos estatales y fue rápidamente aprobada por más de 20 congresos estatales, con lo que se alcanzó la mitad más una de las entidades que debían hacerlo. Regresó a la Cámara de origen, la Cámara de Diputados que la envió a la presidencia. Fue promulgada y publicada por el entonces presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre, día de la Independencia de México.
La suerte del Poder Judicial estaba echada.
Siguen las dudas y cuestionamientos
Los cuestionamientos a la reforma no se han detenido.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el coahuilense Rubén Moreira desde que se organizaron los foros advirtió que votar por 800 cargos iba a ser un asunto tardado y complejo. No se quedó con las ganas de hacer un ensayo donde efectivamente los votantes se perdían entre los nombres y las boletas.
También el gobierno federal reconoció el 12 de noviembre, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la reforma se hizo sin diagnóstico alguno.
También en el camino diputados y expertos legislativos han mostrado que la redacción de la reforma está plagada de errores. Pero también hay voces que señalan que eso lo hicieron Morena y sus aliados deliberadamente para evitar que se presenten amparos, pues con cada reforma el amparo presentado previamente pierde su validez.
Aunque se presentó un atisbo de esperanza para que la SCJN revisara la constitucionalidad de la reforma, luego de aceptar amparos de legisladores para hacerlo, se presentó un giro cuando alguien que supuestamente estaba en contra de la reforma, voto sorpresivamente con otro sentido. Fue algo similar a lo ocurrido en la Cámara de Diputados, con Miguel Ángel Yunes Márquez.
Fue el caso de Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien el 5 de noviembre anunció que votaría en contra de la revisión de la constitucionalidad de la reforma. Sin su voto, no tenía caso continuar, por lo que la sesión acabó antes de lo previsto.
La venganza
En su último informe de actividades, el 10 de diciembre, la presidenta de la SCJN Norma Lucía Piña Hernández señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.
Confió que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos.
Piña expuso que hubo coincidencias entre los ataques y las amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el ejercicio de su función jurisdiccional cuando aprobaron decisiones contrarias a los intereses del gobierno.
“Se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante”, planteó en su informe, que fue desairado por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.
Uno de estos casos fue cuando la mayoría de los ministros votó que era inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional, en abril de 2023, a la Sedena, lo que calificó de un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad, recordó Piña.
O como han dicho otras voces, fue la venganza del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra un poder que no se plegó a sus deseos.
VGB