Apenas pasaron unas horas de este 16 de diciembre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera defendiera las reformas a la ley del INFONAVIT y a la Ley Federal del Trabajo para que, de manera sorpresiva, ante numerosos reclamos de sectores fundamentalmente sindicales, se aplazara para su discusión y aprobación para los primeros meses de 2025.
Algo ocurrió en los corredores de Palacio Nacional después de que la mandataria afirmara que se mantendría la estructura tripartita en la toma de decisiones y que los “ahorros”, como ella le llamó, estarían debidamente resguardados.
Se empezó a considerar que era mejor aplazar la discusión para aclarar las acusaciones de que la reforma no brindaba la seguridad de un manejo transparente en la administración de los recursos.
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Lo anterior, ya que en esta reforma se incluía la creación de una filial de carácter privado, responsable de la construcción de las viviendas, la cual actuaría de manera paralela a la entidad paraestatal, INFONAVIT, para realizar compras discrecionales con mayor libertad, y al mismo tiempo evitar el escrutinio público.
Por otra parte, en áreas sensibles, la Comisión de Vigilancia mantendría sus nueve integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, serían cinco por parte del sector gubernamental, dos del laboral y otros dos del empresarial.
Así también el Comité de Auditoría pasaría de tres a cinco integrantes, de los cuales tres serían del gobierno federal, uno del empresarial y otro del laboral.
El Comité de Transparencia pasaría de tres a cinco integrantes, de los cuales tres serían del gobierno federal, uno del laboral y otro del empresarial.
Al reducirse el alcance de la estructura tripartita en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría y de Transparencia al otorgar 5 votos al gobierno, 2 al sector empresarial y 2 al sector de los trabajadores, dejaría en plena mayoría al sector gubernamental para imponer condiciones de auto vigilancia.
La objetividad en la toma de decisiones en el INFONAVIT resulta crucial para garantizar la sana administración de los recursos, objeto de plena fiscalización.
El dictamen añade que al cumplir un año de cotización continua, los trabajadores tendrán derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el INFONAVIT, que se encuentre cerca de su centro de trabajo, así como en los programas de opción a compra de dichas viviendas.
Cabe señalar que la cartera vencida del INFONAVIT asciende a un 19%, en un balance de crédito de la institución, es decir 1 millón 402 mil créditos que no se pagan. No podemos olvidar que son recursos de los trabajadores que no se pueden dilapidar ni limitar la rendición de cuentas.
Este tiempo de espera debe traer como consecuencia la creación de foros públicos en los que se escuchen diversas voces, del sector empresarial, de las organizaciones sindicales y del propio gobierno.
Debe priorizarse la construcción de viviendas dignas para los trabajadores, pero también que no se dispongan de recursos de los trabajadores para fines distintos a su protección social.