Entre mayo de 2022 y el mismo período de 2023, un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reveló que más de 220 personas y 25 organizaciones en 40 naciones de todo el mundo enfrentaron amenazas y represalias, en ocasiones, incluso por parte de entidades gubernamentales, debido a su colaboración con las Naciones Unidas.
Los países mencionados en el informe incluyen, entre otros, Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, India, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela.
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"Defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil sufren una creciente vigilancia y continúan sufriendo tácticas legales, limitaciones a su movilidad y amenazas, o recibiendo penas de prisión por cooperar con la ONU y sus mecanismos", resumió el texto que se entregó al Consejo por la asistente del secretario general para derechos humanos, Ilze Brands Kehris.
(Foto: EFE)
Consecuencias
Debido a esta situación, se observa un aumento en el número de individuos que optan por declinar las solicitudes de colaboración con las Naciones Unidas, o aquellos que solo acceden a hacerlo si su contribución se mantiene en secreto.
Casi la mitad de los países señalados en el informe han aplicado o han dictado leyes que castigan la cooperación con Naciones Unidas, a medido bajo el paraguas de luchar contra el terrorismo o defender la seguridad nacional.
"Estos marcos legales graves obstáculos a veteranos socios de Naciones Unidas en todo el mundo, ya que fueron usados para dejar fuera de la ley a algunos de ellos, registrar sus oficinas, o interrogar, amenazar y juzgar a su personal", lamenta el documento.
CAO