Un juez de Control en Almoloya de Juárez ordenó que sea recluida por defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos. Hasta el momento es buscada por tres delitos fiscales y uno por delincuencia organizada. Las investigaciones contra Inés Gómez Mont iniciaron en 2017 en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
El expediente fue registrado como: FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017. Las primeras pruebas recabadas por el Ministerio Público indican que Inés Gómez Mont no cumplió con el pago de 13 millones 572 mil pesos obtenidos de forma ilícita. La conductora buscó realizar un acuerdo reparatorio en su beneficio. En noviembre de 2017 ofreció al Servicio de Administración Tributaría (SAT) un primer pago por cerca de 11 millones de pesos.
En junio de 2019, durante la presente administración, un segundo por dos millones 604 mil pesos. A finales de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó ambos pagos, porque el acuerdo se realizó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin que les fuera notificado. La FGR aseguró que los montos cubiertos no significaban que la investigación estaba terminada.
Te podría interesar
En 2019 la FGR inició una nueva investigación (FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019). El expediente fue abierto por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (Femdo), antes Seido. La nueva carpeta, integrada por el Ministerio Público, menciona que la conductora de televisión recibió depósitos por más de 14 millones de pesos.
El dinero fue transferido a Inés a través de dos empresas “fantasma”. Dos mil 500 millones de pesos se obtuvieron a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio pasado. Según el expediente la Segob firmó un contrato con la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV, por 2 mil 503 millones 155 mil pesos. El contrato fue para el supuesto equipamiento del centro de vigilancia de los penales federales.
Te podría interesar
Los recursos del convenio fueron transferidos a las empresas Rancel, SA de CV; Modemo, SA de CV; Comcelint, SA de CV; así como a Tecnología e Innovación Arrimplo, SA de CV; También a Gupea Construcciones, SA de CV, e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, SA de CV. Estas últimas dos empresas depositaron a Inés Gómez Mont 7 millones 395 mil pesos (Ingeniería y Arquitectura Tangamanga) y 7 millones 448 mil 816 pesos (Gupea Construcciones). La acusación de la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada incluye a 12 personas, así como a siete empresas.
Según el expediente los líderes de la organización criminal son: Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Para la FGR ellos obtuvieron un mayor beneficio de los recursos desviados del erario público. Al conocer la determinación de la FGR, la conductora ha solicitado diferentes amparos para evitar su captura. También para que se anulen las investigaciones de la FGR, al considerar que ella estuvo dispuesta a reparar el daño. Sin embargo, en ninguno de los recursos presentados, ha obtenido beneficios.
En un posteo en Instagram, Inés Gómez Mont calificó de falso que se haya dictado prisión preventiva en su contra, como publicó Reforma.
“Se trata de un encabezado falaz sin sustento. Además, ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tiene más de un año y actualmente están siendo debatidas en tribunales”.
“Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma Reforma: La acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDO, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados. Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta!”, escribió en Instagram.