La intervención militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile reconfiguró la historia política y social de este país sudamericano. Ese día las Fuerzas Armadas, conformadas por la Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Carabineros y Ejército, decidieron interrumpir el gobierno socialista de Salvador Allende a través de un golpe de Estado que hoy cumple 50 años.
Antes de sumergirse en los acontecimientos de esa fecha, es esencial comprender qué es un golpe de Estado. Diversos manuales de política y politólogos definen este acto como la interrupción y sustitución de un gobierno, generalmente llevada a cabo de manera ilegal por distintos actores, ya sean políticos, sectas o militares. Este tipo de acto, particularmente en el siglo XX, ha tenido la intervención frecuente de fuerzas militares.
En 1970, Chile eligió democráticamente a Salvador Allende, el primer líder con inclinaciones distintas al resto en ascender al poder mediante el voto popular en un marco legal. Su administración de carácter reformista generó tensiones y una división en el país, culminando en una severa crisis económica y social.
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Los preparativos para el golpe iniciaron antes del 11 de septiembre. El 8 de ese mes, el general Arellano Stark buscó el respaldo del general Pinochet sin obtener una respuesta definitiva. Al día siguiente, el propio Allende anunció su intención de realizar un referéndum para solucionar la crisis política que atravesaba el país. Sin embargo, en un clima de creciente tensión, las cúpulas militares ya tenían otros planes.
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La mañana del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas desplegaron su operativo exigiendo la renuncia de Allende, quien se refugió en La Moneda, el palacio presidencial. Alrededor de las 7:30 am, Salvador Allende se dirigió al Castillo de La Moneda, rodeado de tanques. A las 11:00 am, Allende transmitió su última comunicación al país, reiterando su compromiso con Chile. Posteriormente, se llevó a cabo el bombardeo de La Moneda, y Salvador Allende fue hallado sin vida dentro del edificio.
Después de este acto, Chile ingresó a un periodo de dictadura militar bajo la junta encabezada por Augusto Pinochet, que duraría hasta 1990. Este régimen, marcado por violaciones a derechos humanos, represión y censura, contrastó con la reputación de Chile como una de las democracias más estables en América Latina.
El impacto de este golpe de Estado ha dejado huellas profundas en la identidad chilena. A pesar de los esfuerzos por aprender y garantizar que tales eventos no se repitan, la memoria colectiva aún siente las reverberaciones de ese periodo.
Apoyos al golpe de Estado
El grupo denominado La Cofradía jugó un papel central en la conspiración contra Salvador Allende, liderando eventos que culminaron con su derrocamiento. Todos los miembros de este núcleo ocuparon posiciones de poder durante el régimen de facto.
Las reuniones de La Cofradía eran itinerantes, rotando entre las residencias de sus integrantes, todos involucrados en actividades contra el gobierno de Allende. La planificación de la intervención tuvo como escenario Viña del Mar. Se reconoce que en Valparaíso, oficiales se reunieron de forma confidencial con un oficial de Marines estadounidense, el teniente coronel Patrick Ryan. Además, José Toribio Merino, Jefe de la Armada en Valparaíso, mantuvo diálogos con él.
De acuerdo con archivos clasificados, hubo reuniones entre personal diplomático y naval estadounidense y los opositores chilenos. Se indica que agentes de la CIA en Chile colaboraron con grupos opuestos a Allende. El embajador Nathaniel Davis también figura en el informe.
Tras la elección de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970, Henry Kissinger tuvo comunicaciones telefónicas urgentes discutiendo la situación chilena con directores de la CIA. Días después, el presidente Nixon instruyó a la CIA a actuar contra la elección de Allende. La CIA inició operaciones encubiertas en el país. Posteriormente, la economía chilena sufrió presiones de Estados Unidos con bancos y entidades financieras internacionales suspendiendo préstamos a Chile.
Chile buscó alternativas de comercio y financiamiento, estableciendo compromisos con la Unión Soviética. Sin embargo, el gobierno de Allende esperaba mayor ayuda económica de la Unión Soviética de la recibida. Historiadores del mundo señalan posibles conexiones entre Allende y la KGB, aunque la información aún no se confirma en su totalidad.
El golpe de 1973 es ampliamente reconocido por especialistas como un plan con énfasis naval, donde participaron principalmente miembros de la Fuerza Aérea. Información indica que organismos de inteligencia naval de EU tenían acceso a las instalaciones de la Armada chilena e incluso que varios barcos del ejercito de Estados Unidos estaban en mar chileno durante todo lo sucedido.
Sin embargo, Estados Unidos no fue el único país que estuvo involucrado en el golpe de Estado de Chile. Un reciente artículo de "Declassified UK" indica que el Reino Unido respaldó en secreto a la Junta Militar chilena que tomó el poder tras el golpe de Estado de 1973. Mark Curtis, reconocido por sus publicaciones sobre política exterior británica, sostiene en el reportaje que la principal motivación del Reino Unido era proteger sus inversiones y asegurar el acceso al cobre.
El periodista desvela un memorando oficial del 21 de septiembre de 1973, emitido por Alec Douglas Home, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno conservador de Edward Heath. En este documento, Douglas Home detalla el apoyo británico a la junta, priorizando los intereses británicos sobre la situación política de Chile. Entre las expectativas del Reino Unido se encontraba un mejor entorno para las inversiones, una renegociación de préstamos y la reanudación de créditos de exportación. Además, se anticipaba una disminución en el precio del cobre debido a la reactivación de la producción en Chile.
Según Curtis, el Gobierno británico no solo se abstuvo de condenar el golpe en público, sino que también brindó un firme respaldo en privado. De manera simultánea, las autoridades británicas se esforzaban por establecer una relación cordial con los militares chilenos al mando.
Apenas tres días después del golpe que terminó con Allende, Reginald Secondé, embajador británico en Santiago, comunicaba al Foreign Office sobre las posibles miles de bajas resultantes del golpe. Sin embargo, enfatizaba la conveniencia para Londres de alinearse con los líderes del golpe, sugiriendo un acercamiento confidencial.
En los documentos que Secondé remitió a Londres, se describía a la administración de Allende como causante de una posible "ruina económica" para Chile. Se percibía optimismo respecto al nuevo régimen, que, según el embajador, buscaría instaurar un gobierno ordenado. Adicionalmente, Secondé mencionaba que la comunidad empresarial británica acogía con entusiasmo las perspectivas que el nuevo régimen militar ofrecía, especialmente después de las nacionalizaciones impulsadas por Allende en el sector del cobre.
El mismo artículo indica que Secondé y la junta chilena coordinaron el comunicado que el Reino Unido emitiría al reconocer a la Junta Militar. Este comunicado buscaba mitigar las reacciones de la opinión pública británica, señalando que el régimen militar chileno había prometido tratar a los detenidos "con humanidad".
Consecuencias del golpe de Estado a 50 años
En el entorno político chileno actual, voces como la de Jorge Alessandri, diputado, resuenan con opiniones que avalan el golpe militar de 1973. Esta postura refleja una tendencia que expertos como Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, identifican como un cambio en la percepción sobre los eventos históricos relacionados con la dictadura.
Chile, un país en búsqueda de memoria y justicia, enfrenta una polarización en la que distintos actores políticos intentan definir el recuerdo del golpe. En medio de este escenario, el presidente Gabriel Boric ha enfatizado la importancia de no dar por sentada la democracia y reevaluar los sucesos de las últimas décadas.
Hace diez años, durante la conmemoración de los 40 años del golpe, Sebastián Piñera, presidente de Chile en aquel entonces, se refirió a la complicidad de ciertos sectores con la dictadura. Actualmente, declaraciones como las de Johannes Kaiser y Luis Silva muestran un giro en el discurso, con perspectivas que van desde minimizar hasta justificar la violencia de la época.
Un informe reciente de "Claves Ipsos" indica que la mayoría de los chilenos confía en la consolidación de la democracia para evitar un nuevo golpe. Además, muchos esperan que en las próximas décadas se alcance un consenso sobre los sucesos de 1973 y se busque justicia para las víctimas.
Las heridas siguen
El mandatario chileno, Gabriel Boric, expresó su deseo de que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado se convirtiera en un acto de unidad nacional en torno a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, destacó que las diferencias políticas han prevalecido en este período. Manifestó su esperanza de que, en el futuro, haya un compromiso mutuo para proteger la democracia y garantizar los derechos humanos.
En el mismo contexto, Boric subrayó que la Unidad Popular, liderada por el expresidente Salvador Allende, no tuvo responsabilidad en el golpe de Estado ni en los eventos que siguieron. Se refirió específicamente al régimen de Augusto Pinochet que surgió después del golpe.
El presidente refutó una teoría que señala que la existencia de Pinochet es consecuencia directa de Allende, la cual considera peligrosa y un ejemplo de relativismo histórico. Boric resaltó que siempre hay opciones en política y que el golpe no era una certeza.
Al tocar el tema de los negacionistas y su presencia en las instituciones, el mandatario expresó que se ha percibido un retroceso en ciertos sectores. Sin embargo, enfatizó que no todos comparten este punto de vista.
En noticias relacionadas, el Gobierno de Boric anunció recientemente un plan innovador para buscar a las personas desaparecidas durante la dictadura. Este plan es pionero en asignar al Estado la tarea de investigar el paradero de estas personas. Boric indicó que la intención es que el Estado asuma la labor de investigación y no los familiares de los desaparecidos.
La dictadura en Chile afectó a más de 40,000 personas, considerando a quienes perdieron la vida, los desaparecidos, prisioneros políticos y aquellos que sufrieron tortura. Según datos oficiales, agentes estatales causaron la muerte de más de 3,200 chilenos. De estos, 1,469 fueron víctimas de desaparición forzada. Aunque se han identificado los restos de 307 de ellos, todavía se busca a 1,162 personas.
Con información de EFE.
DJC