MORELOS- Hace año y medio, un traslado masivo de internos del penal de Atlacholoaya a diversas cárceles del país, rompió la rutina de familias en Morelos, cambiando la vida de 133 personas privadas de la libertad y de quienes las visitaban regularmente.
Lo que debía ser un procedimiento administrativo se convirtió en un conflicto que mantiene separadas a familias enteras y ha derivado en protestas frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir el cumplimiento de una sentencia que ordena el regreso de los internos al estado.
Familiares de los internos protestaron frente al TSJ para exigir que se cumpla la sentencia que los devuelva a Morelos. Durante la manifestación, leyeron un comunicado dirigido al magistrado presidente Juan Emilio Lizalde Figueroa, en el que manifestaron su inconformidad ante la respuesta emitida por la autoridad en junio pasado sobre los traslados realizados el 8 de marzo de 2024 hacia estados como Michoacán, Durango, Guanajuato y Sinaloa.
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En el escrito, las familias señalaron que, a pesar de que sus abogados presentaron oficios de apelación y se recibió comunicación de la sala auxiliar de Alzada, a cargo del magistrado Javier Mujica Díaz, indicando que los traslados no se ejecutarían mientras se resolviera la apelación, persistía la falta de claridad sobre los procedimientos y los motivos de la separación de los internos de sus familias.
El comunicado detalla cuatro solicitudes principales: atención directa por parte del magistrado presidente; explicación sobre la detención de los traslados; información precisa sobre el proceso; y propuestas que permitan acercar a los internos a sus familias durante la resolución del caso.
Las familias también hicieron énfasis en el impacto económico que significa viajar a otras entidades para visitar a sus parientes, que puede superar los cuatro mil pesos, y en la necesidad de mantener la cercanía familiar como parte de la reinserción social de los internos.
“Hoy en día, muchos de los familiares somos los únicos sustentos de la familia, mujeres y adultos mayores, hermanas y esposas, quienes caminamos solas con una cruz invencible, similar a la de una celda y apartados de nuestros propios seres queridos”, señalaron.
Asimismo, denunciaron que sus parientes han sido vinculados con grupos delictivos de manera generalizada, lo que atribuyen a la práctica de copiar y pegar descripciones en los expedientes sin respaldo real.
Tras varias horas de protesta, el magistrado presidente recibió a una comisión de familiares, instaló una mesa de trabajo y se comprometió a revisar personalmente el asunto en la sala donde se lleva a cabo el proceso, con el objetivo de dar seguimiento a las solicitudes de manera puntual.
“Nos sentimos encerradas con ellos”: testimonios de familiares
Algunas de las asistentes accedieron a dar testimonios a la Silla Rotas bajo anonimato, para narrar parte de la situación que enfrentan: “Para poder ver a mi hijo tengo que gastar más de cuatro mil pesos. A veces viajamos un día entero solo para llegar al penal, y luego regresar. Somos mujeres, madres, esposas, hermanas… muchas de nosotras los únicos ingresos de la casa. Y aun así, nos toca cargar con esta cruz, lejos de nuestros hijos. Es como si estuviéramos encerradas con ellos en la distancia”, relata a quien llamaremos Mariana, madre de uno de los internos.
“No entendemos por qué los mantuvieron tan lejos”, expresa Lucía, hermana de un interno. “Nos dijeron que se hizo un oficio para regresarlos, pero ahora nos dicen que el traslado no se hará mientras se resuelva la apelación. Mientras tanto, estamos desconectados de ellos. Algunos de mis familiares solo han podido ver a su hermano tres veces en un año y medio. Esto no solo afecta a ellos, también a nosotras. Cada viaje es un gasto enorme y un desgaste emocional que no termina”.
“Nos duele que a nuestros familiares los señalen como parte de grupos delictivos. Muchas veces esas acusaciones son falsas, copiadas y pegadas de manera automática en sus expedientes. Es humillante y desesperante. Queremos una solución que nos permita acercarnos a ellos, que les recuerden la importancia de la familia mientras cumplen con el proceso legal”, comenta Carmen, esposa de uno de los internos.
“Lo más difícil es ver cómo la distancia y la burocracia los aleja de su reinserción. Ellos necesitan el apoyo de su familia, y nosotras necesitamos saber que están bien. Queremos transparencia, claridad, que se nos diga qué está pasando y cuándo podremos volver a estar juntos. No pedimos más que eso”, añade Ana, prima de otro de los internos.
El origen de los traslados: la extorsión
El contexto de estos traslados se remonta al 11 de marzo de 2024, cuando familiares denunciaron irregularidades y extorsión por parte de Jorge Israel Ponce de León, entonces coordinador de Reinserción Social, quien, según señalaron, exigía sobornos que iban de 20 a 50 mil pesos a cambio de no reubicar a internos a penales de otras entidades.
En ese momento, los familiares aseguraron que los traslados eran presentados como mejoras en la organización de los centros, pero que en la práctica se trataba de tácticas de represión y extorsión. Entre los testimonios recogidos, Verónica, hermana de uno de los internos trasladados a Sinaloa, detalló que su hermano mantenía buena conducta, participaba en actividades educativas y deportivas dentro del penal, y que pese a su historial, fue trasladado sin previo aviso.
“Desde que fue trasladado prácticamente no lo hemos visto. Llevamos 14 años visitándolo con esfuerzo y sacrificio; ahora, por motivos económicos, nos es imposible mantener la frecuencia de visitas”, explicó.
Juana, esposa de otro interno, señaló que desde el traslado a Michoacán, mantener comunicación y visitas con su esposo ha sido extremadamente difícil y costoso. “Para poder verlo hemos tenido que gastar solo de traslado vía terrestre más de cuatro mil pesos”, relató.
Desde el inicio de este sexenio, Jorge Israel Ponce de León fue destituido por Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría y Protección Ciudadana y se abrió un procedimiento administrativo por las irregularidades detectadas durante su gestión. Las familias continúan demandando transparencia y una solución que les permita mantener el vínculo familiar con las personas privadas de la libertad.
Se instala Comisión para el mejoramiento del sistema penitenciario
Hace algunos días, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presidió la instalación de la Comisión para el Mejoramiento del Sistema Penitenciario en el Estado, un órgano destinado a garantizar que los centros penitenciarios y de medidas cautelares operen bajo principios de respeto a los derechos humanos y contribuyan a la seguridad y bienestar de la sociedad.
Durante la ceremonia, la mandataria estatal señaló que, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se ha consolidado un trabajo integral en el que la reinserción social ocupa un lugar prioritario. En ese contexto, solicitó a las y los integrantes de la comisión elaborar un plan que considere a hombres, mujeres y jóvenes, incluyendo acciones de reinserción social, salud, educación, cultura, deporte, alimentación y trabajo.
Asimismo, instruyó supervisar las condiciones de vida en los centros, así como revisar juicios, sentencias y programas de preliberación. El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, en el presente gobierno se han obtenido resultados significativos en el combate a la delincuencia, lo que ha generado un aumento en la población penitenciaria.
Esto motivó, indicó, la creación de la comisión para atender el destino de quienes son detenidos, consignados y privados de la libertad, garantizando siempre la dignidad y los derechos humanos. En su calidad de presidenta del órgano, González Saravia tomó protesta a sus integrantes: Juan Salgado Brito como vicepresidente; Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación; Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Edgar Antonio Maldonado Ceballos, fiscal general del estado; y Nadxieelii Carranco Lechuga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Completan la lista de integrantes Armando Hernández del Fabbro, director general jurídico de la Secretaría de Gobierno y responsable de la Secretaría Técnica; Eduardo Javier Romero Espinoza, coordinador del Sistema Penitenciario de la SSPC; Everest Alejandra López Romero, directora general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos; María Eugenia Boyás Ramos, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes; y Xóchitl Minerva Torres Espinoza, directora general de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMPLA Morelos.
Posteriormente, la gobernadora tomó protesta a las y los invitados especiales Mónica Aldabe De Cardona, Galia Tonella, Sergio Valdespín, Gerardo Vargas, Bertha Paredes Noyola y Aida Hernández Salgado.
Durante el acto, las y los miembros del nuevo organismo y los invitados reconocieron el liderazgo de la Gobernadora y asumieron el compromiso de contribuir desde sus ámbitos de acción para alcanzar resultados positivos. La comisión tendrá como función supervisar y vigilar el funcionamiento de los centros penitenciarios, asegurando que operen con estricto apego a la normativa vigente y a los objetivos estratégicos de la administración estatal. También promoverá el uso de lenguaje incluyente, evitando expresiones que generen desigualdades o exclusión. El órgano se crea en cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Planeación para el Estado de Morelos y está vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo 2025–2030, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 6423 Extraordinaria, de fecha 9 de mayo de 2025. El acuerdo que regula su funcionamiento se encuentra publicado en el número 6458 del mismo medio, fechado el 13 de agosto de 2025.
Contexto: La información revela posibles violaciones a derechos humanos y corrupción en el sistema penitenciario de Morelos, afectando no solo a las personas privadas de la libertad, sino también a sus familias, que enfrentan graves consecuencias económicas y emocionales. Además, exhibe la falta de transparencia en los procesos judiciales y penitenciarios, lo que socava la confianza ciudadana en las instituciones y pone en riesgo los principios de justicia y reinserción social.