Tetela del Volcán, Morelos- Luis Rodrigo “N” ocupa un lugar en el Cabildo de Tetela del Volcán, un municipio de la región de los Altos de Morelos, a 81.9 kilómetros de Cuernavaca. Hasta ahora, su trayectoria política no había registrado incidentes graves; sin embargo, este fin de semana fue detenido acusado de presunta violencia familiar, tras una denuncia presentada por su esposa.
El caso ha sido sumamente criticado en redes sociales, sobre todo por tratarse de una autoridad electa, y porque ocurre en un estado donde existe alerta de violencia de género desde 2015. Lejos de disminuir, los casos de violencia familiar y de género en Morelos se mantienen altos y continúan en aumento.
Tras la detención, el regidor fue presentado ante la Fiscalía de la Región Oriente, donde se realizó la audiencia de control. El juez determinó que enfrentará el proceso en libertad, bajo medidas cautelares que le prohíben acercarse a la víctima y lo obligan a acudir periódicamente a firmar. La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 21 de agosto, cuando se definirá de manera formal su situación legal.
Te podría interesar
El Cabildo de Tetela del Volcán, emitió un comunicado para separar la conducta individual del regidor de la labor institucional. En el pronunciamiento, se destacó que la institución mantiene su compromiso con la protección y promoción de los derechos de las mujeres: “Ningún tipo de violencia tiene cabida dentro de la función pública ni en la vida comunitaria”, señala el documento.
Fuentes del Cabildo, confirmaron que esta es la primera vez que Luis Rodrigo “N” enfrenta un proceso relacionado con violencia de género. No obstante, se tiene registro de tres detenciones anteriores por alteraciones al orden público, una de ellas durante su gestión como regidor electo.
Violencia familiar en aumento
El caso se produce en un contexto de creciente violencia familiar en Morelos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio se han registrado 2 mil 848 denuncias por este delito en el estado, equivalentes a una tasa de 144.46 casos por cada 100 mil habitantes.
La detención de un servidor público por este tipo de delitos subraya la importancia de que las instituciones mantengan mecanismos de prevención y respuesta ante la violencia familiar. Además, refleja la vigilancia que ejercen las autoridades judiciales sobre cualquier persona, independientemente de su cargo político.
Mientras se acerca la fecha de la audiencia de vinculación a proceso, el caso seguirá siendo supervisado por las autoridades y acompañado por el Cabildo, que mantiene su postura de transparencia y respeto a la ley.
Secretaría de las Mujeres califica de grave el caso
Clarisa Gómez Manríque, secretaria de las Mujeres del estado, calificó como grave la presunta violencia ejercida por el regidor de Tetela del Volcán, Luis Rodrigo “N”, contra su esposa, y destacó la relevancia de ofrecer acompañamiento a las víctimas sin revictimizarlas.
Durante su intervención, la funcionaria reiteró que la Secretaría mantiene sus puertas abiertas para brindar apoyo a todas las mujeres que lo requieran. “El día que ellas decidan hacerlo, las puertas de la Secretaría estarán abiertas para proporcionar acompañamiento y respaldo a quienes así lo necesiten”, explicó.
Sobre la posible implicación de autoridades municipales en casos de violencia familiar, la secretaria reconoció la seriedad del asunto. “Sí, totalmente. En el caso del regidor, corresponde que la denuncia sea presentada por la mujer, siempre respetando su decisión y el momento en que ella considere pertinente actuar”, agregó.
Gómez Manríque subrayó que el acompañamiento se ofrece de manera flexible, asegurando que las víctimas tengan la libertad de decidir si desean denunciar o no. “Ella tomará su decisión, y nosotras estaremos presentes para apoyarla en lo que decida hacer”, concluyó.
¿Por qué no deberían ser servidores públicos los violentadores?
En Morelos se han registrado varios casos de violencia familiar y violencia contra las mujeres por parte de servidores públicos. Entre los más emblemáticos está el de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, quien durante su administración fue señalado en varias ocasiones por agredir a sus parejas. En 2024, ya como exgobernador, fue detenido acusado de violencia familiar y actualmente enfrenta un proceso privado de su libertad en una cárcel de Cancún.
Otro caso que ha generado atención es el de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de la entidad, quien está acusado de presuntamente intentar violar a su media hermana, Fabiola N. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación en su contra. Integrantes de la organización Género 33 señalaron que “alcanza una gravedad mayor cuando se trata de personas en espacios de poder que ejercen este tipo de violencia contra las mujeres”.
Adriana Mújica, integrante de Género 33, explicó la relevancia del asunto: “Y pues el problema es que deja de ser un asunto ‘personal’, porque como autoridades mandan un mensaje grave de que ‘está bien violentar y que no pasa nada’...”
Por su parte, Ariadna Urbina, también integrante de la organización, reflexionó sobre las implicaciones éticas y sociales de que una persona agresora ocupe un cargo público. Señaló que este tipo de situaciones deja de ser un asunto privado y afecta la percepción de la ciudadanía sobre la autoridad: “Creo que ahí tiene muchísimo que ver y es la razón de ser de la 3 de 3, ¿no? Un servidor público debe actuar de manera profesional, ética, congruente y responsable. Pero cuando alguien que no respeta esos principios dentro de su propia casa llega a un cargo, manda un mensaje equivocado a toda la sociedad. No hay justificación para que un agresor, un violentador o un deudor alimentario ocupe un puesto de autoridad”.
Urbina agregó que esta incongruencia también se refleja en los partidos políticos, que muchas veces no verifican los perfiles éticos y profesionales de quienes postulan: “Esto no solo afecta a la víctima, sino que degrada la confianza en las instituciones. En particular, la incongruencia proviene de los propios partidos políticos, que no aseguran perfiles éticos y competentes en sus filas, lo que permite que personas mediocres lleguen a ocupar un cargo público y ejerzan poder sin responsabilidad”.
Contexto: El caso es relevante porque expone cómo la violencia familiar y de género alcanza incluso a figuras del servicio público, lo que revela la urgencia de fortalecer mecanismos de prevención, sanción y acompañamiento a víctimas en un estado que desde 2015 vive bajo alerta de género. Además, refuerza la exigencia social de que los representantes políticos sean responsables de sus actos y enfrenten las consecuencias legales de manera transparente.