Morelos- En el estado, el futuro académico y laboral de más de 5,500 estudiantes de nivel medio superior y superior está en riesgo por la falta de matrícula y la retención de certificados que, según la organización Derechos Humanos Raíces Global, se derivan de omisiones y presuntos actos de corrupción cometidos por Guadalupe Torres Godínez, Director General de Educación Media Superior y Superior (EMS).
Carlos Cruz Marzana, director de Operaciones Internacionales de la organización, afirma que Torres Godínez ha entorpecido desde hace más de un año la entrega de certificados oficiales. “Hubo un tiempo en que autorizó algunos, pero después dejó de hacerlo, haciendo prerrogativas de recibir dinero”, puntualiza.
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Corrupción en trámite
El director jurídico de Raíces Global, Israel Isaac Razo Reyes, sostiene que este “entorpecimiento” no es fortuito, sino parte de un esquema en el que el funcionario habría condicionado la liberación de certificados escolares al pago de un porcentaje adicional. Representa a varias instituciones de educación media superior y superior —entre ellas el Instituto de Competencias Educativas Profesionales, Instituto Azteca, el Centro de Estudios Superiores CUSEP y el Colegio Tierra de Bendiciones— que han sufrido atrasos en la matriculación.
En una reunión con directivos de universidades, Torres Godínez habría planteado que “les ayudaran para ayudarlos” y que, a cambio, agilizaría la liberación de trámites pendientes. Según Razo Reyes, pidió el 20 % de los recursos recaudados por cada institución en el trámite de matriculación, tanto en nivel medio superior como superior.
Este esquema comenzó en noviembre de 2024 y ha dejado un rezago considerable: más de 1,500 certificados de bachillerato y un número no precisado de licenciatura siguen sin firma, afectando a miles de jóvenes que no pueden continuar sus estudios o iniciar procesos de titulación.
Aunque los estudiantes han cumplido con todos los requisitos, la Secretaría de Educación estatal no les entrega los documentos oficiales, lo que impide la validación de su matrícula y de los estudios cursados. Entre octubre y noviembre de 2024, cinco instituciones ingresaron más de 1,600 certificados para autenticación; 1,300 permanecen sin firmar. A esto se suman 480 estudiantes de Educación Continua que no han recibido matrícula desde julio del año pasado.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente TJA/2S/021/2025, determinó que la retención de certificados y matrículas vulnera el derecho de los estudiantes a contar con sus documentos oficiales y continuar sus estudios. Por ello, resolvió que Guadalupe Torres Godínez debía ser destituido e inhabilitado por seis años, además de imponerle en mayo una multa de 200 UMAS. Sin embargo, el funcionario obtuvo una suspensión provisional mediante un amparo, lo que ha impedido su remoción. Al margen de esta situación, las autoridades estatales no han dado respuesta ni han cumplido con lo ordenado por el tribunal.
Para Cruz Marzana, el problema no es técnico, sino deliberado: “A las escuelas que les está deteniendo documentos les mandó revisiones oficiales y las pasaron; a otras que ni revisó, ya les liberó todos los certificados. Esto fue una apertura para recibir dinero y poder liberar documentos. Primero liberó 200 certificados y ahí se detuvo, para luego decirles qué iba a pasar para agilizarlo. Fue una clara muestra de corrupción”.
Pese a reuniones con autoridades educativas federales, los denunciantes aseguran que no hay solución a la vista. “Ya tuvimos una entrevista con la secretaria de Educación Pública y nos dijo que lo iba a resolver hace 15 días. Las autoridades de la SEP no reaccionan, no ven el tamaño del problema. Creo que ya es momento de ponerlo en manos de Margarita González Saravia”, advierte Cruz Marzana.
El impacto, señala, va más allá del ámbito escolar: “Son 5,500 familias, 5 500 jóvenes a quienes se les está cortando su futuro y su oportunidad de vida. No se puede permitir que un solo servidor público corte esta situación de bienestar para una comunidad tan importante en Morelos”.
No se resuelve
Actualmente, cinco universidades —todas en línea, con más de 12 años de operación y acreditaciones vigentes— son las más afectadas, pero el riesgo podría alcanzar hasta 31,000 estudiantes si la situación no se resuelve.
Ante la falta de respuesta, Raíces Global prepara movilizaciones en Morelos y en la Ciudad de México. “No le vamos a parar; lo queremos hacer llegar ahora a Margarita González Saravia, porque las autoridades de la SEP no resuelven. Si es necesario, llevaremos el caso ante la Fiscalía General de la República”, advierte Cruz Marzana.
Mientras tanto, muchísimos de jóvenes continúan sin poder inscribirse en universidades, sin validar sus certificados y sin posibilidad de acceder a empleos formales, a la espera de que se destrabe un conflicto que, según los denunciantes, tiene responsables claros y un impacto masivo en la educación y la economía del estado.
Esta periodista buscó la postura de la Secretaría de Educación, a cargo de Karla Aline Herrera Alonso, a través de su enlace de comunicación social, pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.
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