MONTERREY. – Las diputadas priistas Lorena de la Garza y Perla Villarreal siguen detrás del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda para realizar el juicio político, pues ya se han tratado de ejercer acciones legales, esto después de que medios nacionales lo hayan exhibido en supuestos casos de corrupción, pero el mandatario regio tiene dos limitantes que aún lo protegen, el primero es el fuero y los demás son amparos conseguidos con jueces en otros estados por lo que no se le puede enjuiciar.
Por lo tanto, “el trabajo de nosotros como diputados es avanzar en el proceso del juicio político del gobernador y explorar la posibilidad del desafuero. Es crucial que se tomen estas medidas para que Samuel García no siga hipotecando el futuro de Nuevo León bajo el amparo de su fuero político”, comentó de la Garza.
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Las legisladoras hablaron a la prensa al referirse a las denuncias de Latinus sobre presuntas triangulaciones desde el DIF estatal hacia una empresa y luego al despacho particular del gobernador y su padre.
“Gracias a las revelaciones de medios nacionales, hoy tenemos un nuevo caso de corrupción, esta vez desde el DIF de Nuevo León. Un consorcio empresarial que ha recibido contrato por 820 millones de pesos en la administración de Samuel García. Y posteriormente, esta empresa pagó 4.6 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del gobernador y su papá”, explicó Lorena de la Garza.
“La reciente triangulación de recursos públicos desde el DIF hacia empresas proveedoras y de ellas hacia el despacho del gobernador Samuel García se une a otros casos que ya hemos denunciado. Esto evidencia un modus operandi en el gobierno para enriquecer al gobernador y su familia", declaró.
Estos casos explican la bonanza económica del gobernador y su familia. Entre 2015 y 2021, los despachos jurídicos de Samuel García facturaban 632 millones de pesos. Sin embargo, de 2021 a 2024, los ingresos se han disparado a 1,781 millones de pesos. Este crecimiento desproporcionado en los ingresos de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia supera el crecimiento de empresas como las del Grupo de los Diez, y refleja un patrón sistemático de corrupción, comentó.
Pedimos a la Auditoría Superior del Estado que investigue estos contratos otorgados desde el DIF. Es urgente que se investigue cómo las empresas a las que Samuel y su gobierno otorgan contratos, después regresan para contratar los servicios de los despachos jurídicos de Samuel García y su familia, dejándoles millones de pesos en ingresos, finalizó la diputada De la Garza.
Quieren chantajear, acusa Movimiento Ciudadano
En respuesta a las acusaciones contra el gobernador, el coordinador de los diputados locales de MC, Eduardo Gaona, acusó a su vez corrupción en el PRI y el PAN y aludió también a denuncias en medios locales sobre asuntos inmobiliarios.
“Por eso no podemos permitir, ni ceder al chantaje y extorsión al que quieren someter al gobernador, con la amenaza de la destitución. Quieren obligarlo a negociar para bajarle recursos a los alcaldes para supuestas obras, pero que termina en los bolsillos de los alcaldes panistas”, dijo.
El legislador acusó malos manejos en un edil panista y ante un posible caso de corrupción, el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano solicitó una auditoría especial al Municipio de Lampazos, ya que podría derivarse en un caso de enriquecimiento ilícito por parte de su alcalde del PAN, José Luis Santos Martínez, quien, con un sueldo de 35 mil pesos mensuales, presuntamente construye 12 departamentos en la cercana Laredo, Texas.
Gaona presentó un escrito ante la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, y se dio vista a las Fiscalías del Combate a la Corrupción del nivel estatal y federal, y puntualizó que los recursos federales obtenidos, fueron cabildeados anteriormente por el ex diputado local del PAN, Arturo Salinas, quien actualmente es presidente del Poder Judicial.
En el escrito, Gaona señaló que, con un sueldo de 35 mil pesos mensuales, y sin que se le conozca alguna empresa o actividad comercial, Santos Martínez hoy cuenta con un predio valorado en 28 millones de pesos en Laredo, Texas.
“Les gusta el negocio inmobiliario, parece que les gusta meter el dinero de la gente a que se construyan negocios propios y negocios que les den a ellos méritos, y no a la ciudadanía”, dijo Gaona.
Solicitó a las Auditorías y a las Fiscalías, del nivel local y federal, que se realicen las investigaciones y que se finquen las responsabilidades correspondientes, respecto a los ingresos y patrimonio en los años 2012 a 2015, y 2018 a 2021 del entonces alcalde de Lampazos, Santos Martínez, el cual gobernó también en esos períodos.
“Para esto quieren del dinero que le exigen al Gobernador los panistas, para esto quieren el dinero los alcaldes del PAN, los diputados del PAN que aquí se han venido a presentar para hacer propiedades en Texas. También les gusta a los panistas construir en las playas, para eso quieren el dinero de exigir moches, para hacer negocios en su grupo panista”, comentó.