MONTERREY. - Con una deuda de poco más de 100 mil millones de pesos, el gobierno de Samuel García, pretende conseguir créditos por 4 mil 680 millones de pesos más, pese a que lanzó la licitación, se requiere la aprobación del Congreso Local, con quien el gobernador está enfrentado y la bancada del PRI y PAN conforman la mayoría, ellos ya han advertido que no permitirán más endeudamiento.
En menos de una semana, la administración estatal ha lanzado la licitación para conseguir esos créditos a largo plazo, destinados a proyectos de inversión no especificados, en tanto el propio Samuel García dijo que los daños dejados por la tormenta “Alberto” a la infraestructura estatal son por 4 mil 800 millones de pesos.
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Las licitaciones fueron lanzadas, primero, por 900 millones de pesos y su adquisición está fechada para el 19 de julio, mientras que los pasivos por 3 mil 780 millones se adjudicarán el próximo 6 de agosto.
Con estos pasivos, el gobierno estatal alcanzaría el tope de endeudamiento de largo plazo de 4 mil 680 millones de pesos que se le autorizó en el Presupuesto 2023, que es el que rige actualmente porque no se ha aprobado el gasto para el 2024 debido a que Samuel García no lo mandó al Congreso.
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"Los bancos siempre te piden el decreto en el que se respalda la deuda, y ahorita no hay un decreto nuevo porque no hay un Presupuesto autorizado", advirtió el coordinador del grupo panista, Carlos de la Fuente, quien agregó que el tope de deuda autorizada para el 2023 no se puede ejercer automáticamente este año sin aprobación del legislativo.
El pasado 21 de junio el gobernador informó que enviaría el presupuesto 2024 completo al Congreso local el cual no presentó en noviembre pasado, y que ahora se necesitan por la emergencia de daños de la tormenta.
A cambio, los diputados de oposición condicionaron la aprobación a que libere fondos retenidos a sus municipios desde el año pasado y que demanda alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, Samuel García no lo presentó y acudió el 27 de junio con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitar 4 mil 810 millones de pesos para las reparaciones; dijo que llegarían los primeros mil 500 millones de pesos, pero el gobierno estatal no confirmado que llegaron.
Carlos de la Fuente, el líder de los panistas indicó que el gobierno no ha solicitado autorización para alguno de los dos endeudamientos, y recordó que no se ha aprobado el presupuesto 2024, ya que no lo ha enviado, por lo que rige el tope de endeudamiento del año pasado, que era de 4 mil 680 millones de pesos, y sólo si quedara algún saldo se podría solicitar.
Para los diputados del PRI, la sola licitación de la deuda ya viola suspensiones judiciales que exigen al gobernador enviar el presupuesto 2024 por lo que se urgió mandarlo.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, Nuevo León tiene una deuda pública de 102 mil 942 millones de pesos entre el gobierno central y sus organismos descentralizados.
Previo al inicio del sexenio de Samuel García, en en septiembre del 2021, los pasivos eran de 78 mil 225 millones.
La vicecoordinadora y vocera oficial de los diputados de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que el Artículo 96 de la Constitución de Nuevo León detalla que “si terminando un año, por cualquier circunstancia no se hubiere publicado la Ley de Egresos que debe aplicarse al siguiente ejercicio, seguirá vigente la misma del ejercicio que termina, cuya vigencia cesará con la publicación y entrada en vigor de aquella”.
Pámanes también precisó que el Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Gobiernos estatales y municipales podrán contratar créditos a corto plazo sin la autorización de la Legislatura local, siempre y cuando no exceda el 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos.
Exigió un alto a la desinformación promovida por el PRI y PAN, y acusó que, en vez colaborar con el Ejecutivo local en la aprobación de un crédito que permita trabajar en las reparaciones a daños por “Alberto”, solo busca golpetear sin importarle que los ciudadanos son los principales afectados.
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