MONTERREY. - El juicio político contra el gobernador Samuel García no es negociable y será la actual legislatura quien concluya el procedimiento, esto antes de que termine el periodo el último de agosto, así lo consideraron diputados del PAN y del PRI, grupo mayoritario del Congreso local.
Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN y Lorena de la Garza, diputada de la bancada del PRI, coinciden en destacar que la ley no se negocia y tampoco los juicios políticos, en este caso, contra el gobernador Samuel García y su secretario general de Gobierno, Javier Navarro.
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A su vez, Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, calificó las palabras del PRI y PAN como irresponsables declaraciones.
“No se puede sancionar sin agotar un procedimiento previsto, eso vulnera los derechos humanos. Se está prejuzgando al decir que se va a aplicar una destitución porque falta la Sala Superior”, dijo Gaona.
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“El PRIAN miente, falta mucho por desahogar. Son declaraciones irresponsables las que hacen porque desconocen del tema jurídico. En su afán de golpear al gobernador, crean un mundo fantasioso. Es una cortina de humo para que a la gente se le olvide la escandalosa derrota que el PRIAN sufrió en las elecciones”, indicó.
Para el coordinador panista, los juicios políticos no son negociables y descartó que se involucre un desistimiento de juicios electorales en Monterrey a cambio de poner fin al juicio político contra el Gobernador.
“La Ley no se negocia, se aplica, y el juicio tampoco se negocia, estamos viendo el proceso, porque el gobernador trató de frenarlo, pero nuestra voluntad es seguir con eso”, señaló la priista Lorena de la Garza, quien agrega que el gobernador se equivoca si cree que puede presionar con impugnaciones en lo electoral para que el juicio en su contra se descarte.
“La Ley no se negocia, se aplica, y el juicio tampoco se negocia, estamos viendo el proceso, porque el gobernador trató de frenarlo, pero nuestra voluntad es seguir con eso”, abundó.
Ambos reiteraron el exhorto al Congreso del Estado para que la Comisión Anticorrupción retome a la brevedad posible los trabajos necesarios para sustanciar el procedimiento de juicio político en contra del Ejecutivo Estatal, luego de que el pasado 26 de junio sesionaron y acordaron que se llevarán todo julio para definir la ruta a seguir.
Lorena de la Garza, señaló la importancia de retomar de inmediato el procedimiento de juicio político iniciado previamente, a fin de determinar la responsabilidad política del Gobernador por la no presentación en tiempo y forma del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio de 2023.
Carlos de la Fuente expuso: “es necesario darle continuidad a todos los procesos jurídicos que existen dentro del Congreso, tal es el caso de este juicio político en contra del gobernador”.
Eduardo Gaona, el coordinador de MC sostuvo que, ante un pronunciamiento por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ruta jurídica no ha sido agotada.
Aún queda la Sala Superior, la cual puede revocar el pronunciamiento emitido por la Sala Especializada. Incluso, Gaona precisó que ambas bancadas no cuentan, ni contarán, con los votos requeridos para aplicar sanciones.
Además, el emecista dijo que, si quieren aplicar sanciones, el Acción Nacional y el Revolucionario Institucional tienen pendiente un castigo a su amigo, el ex gobernador Jaime Rodríguez.
Es por eso que la Bancada Naranja lamenta las declaraciones planteadas por Carlos de la Fuente y Lorena de la Garza, ya que, además de desconocer de leyes, hablan desde la comodidad de las vacaciones que ellos mismos aprobaron.
Las bancadas del PRI y PAN suman 27 diputados, es decir, se requieren 28 de los 42 legisladores en el caso de avanzar en el juicio político, por lo que el coordinador panista está consciente de ello, pero agrega: “si nos dan los 28 sí (se concretará), y si no, pues ya sabrán cómo votan los demás, principalmente los de Morena que, en teoría, son oposición”.
El juicio político contra el gobernador Samuel García se da luego de que no presentó el proyecto de presupuesto para el 2023 y que debió entregarse al Congreso en noviembre del 2022, pero después, tampoco presentó el del 2024.
También se tiene el tema del juicio político contra el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, quien no publicó más de 50 decretos que aprobó el Congreso y que debieron estar en el periódico oficial del Estado.