Monterrey.- El sistema penitenciario de Nuevo León ha obtenido una calificación global de 7.00, inferior a la del año anterior (7.02), y a pesar de los esfuerzos realizados, persisten graves deficiencias en áreas clave como la reinserción social, debido a la falta de personal técnico y actividades educativas, deportivas y laborales suficientes. Además, el sistema sigue enfrentando serios problemas de sobrecupo, al estar los centros penitenciarios operando al 92.29% de su capacidad.
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Así lo destaca el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2024, presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León donde la titular Susana Méndez Arellano explicó que es basado en la observación directa, entrevistas y encuestas a personas privadas de la libertad, lo que refleja la situación actual del sistema penitenciario, destacando retos y áreas de mejora cruciales para garantizar el respeto de los derechos humanos.
Entre los hallazgos más relevantes, el diagnóstico muestra que, de las 35 recomendaciones planteadas en el informe de 2023, la Secretaría de Seguridad del Estado ha cumplido con 5 de ellas, parcialmente con 27 y no ha cumplido con 3. La falta de personal adecuado y la carencia de recursos, tanto humanos como financieros, continúan siendo un obstáculo para garantizar la reintegración social de las personas privadas de la libertad y proteger su bienestar integral.
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Uno de los principales retos para la autoridad penitenciaria es evitar la sobrepoblación y hacinamiento de los Centros, los cuales, en conjunto, alojan a 10,197 personas privadas de la libertad (9,642 hombres y 555 mujeres) y están diseñados para 10,590 personas; es decir, se encuentran en un 92.29% de su capacidad. Aunado a que, continúa con déficit de personal de seguridad y custodia.
Del total de personas privadas de la libertad, 418 presentan algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un 4.10% de la población penitenciaria.
Los datos también reflejan que la participación de los internos en actividades educativas ha incrementado un 20.7% respecto al 2023, alcanzando a 1,626 personas, mientras que la participación en actividades deportivas ha disminuido un 16.21%, lo que resalta la necesidad urgente de fortalecer las ofertas de actividades recreativas y formativas en los centros.
Adicionalmente, se identificaron graves deficiencias en la atención médica, como el retraso en el suministro de medicamentos, la falta de tratamientos odontológicos y la omisión en la atención especializada en algunos casos. Las condiciones de los alimentos también fueron señaladas negativamente, con quejas sobre la mala calidad y la cantidad insuficiente.
Este diagnóstico incluye 39 recomendaciones dirigidas a la autoridad penitenciaria, que abarcan áreas normativas, operativas y materiales. Entre las propuestas destacan la creación de un nuevo reglamento interno, la mejora en la atención a la salud y la implementación de estrategias para prevenir abusos durante las revisiones a visitantes y personas privadas de la libertad. Además, se subraya la necesidad de mejorar la infraestructura de los centros, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad para personas con discapacidad y la ventilación en áreas críticas.
Se sugiere aumentar la plantilla de personal de seguridad y custodia, contar con personal técnico, médico, odontológico, nutriología, y psiquiatría; Garantizar que el personal de pediatría brinde una adecuada atención a las niñas y niños que viven con sus madres en el CERESO Femenil; Contratar personal de ginecología, en el CERESO Femenil, a fin de atender las necesidades propias de las mujeres privadas de la libertad; garantizar la atención médica y odontológica, oportuna y gratuita, para las personas privadas de la libertad que habitan en los Centros y el suministro de medicamentos de forma oportuna y suficiente.
Susana Méndez, dio a conocer que el organismo ha recibido 304 quejas durante 2024 relacionadas con violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo casos de falta de atención médica, restricciones a las visitas familiares y violaciones a la integridad física y psicológica de los internos.
VGB