XALAPA, VER. - El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que su gobierno aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la operación del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS). En conferencia de prensa, este lunes 8 de julio, explicó que ya respondieron al organismo no gubernamental, sin embargo, destacó que los que deben poner en orden al grupo filial a Odebrecht, según la recomendación son los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín.
El 31 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 119/2024, en la que observaba que Grupo MAS viola los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable, a la participación y acceso a la información pública en materia ambiental en detrimento de los pobladores de Veracruz y Medellín de Bravo.
La resolución que se notificó al Estado, también incluye a autoridades de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, ambas del gobierno federal; al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, así como a los ayuntamientos de Veracruz, Medellín y Boca del Río, no obstante, el último municipio no recibe el suministro de agua de parte de Grupo MAS.
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En ese sentido, este lunes 8 de julio el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó de todas las acciones que se han emprendido contra Grupo MAS, que recibió la concesión por 30 años para dotar de agua potable a los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.
Adelantó que su gobierno va a incrementar la vigilancia y obligará a la filial de Odebrecht a cumplir con la ley, todo ello, dijo, en el ámbito de competencia del Ejecutivo, pues muchas de las acciones corresponden al nivel federal y municipal.
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“Nosotros no empezamos hoy, la recomendación no la hacen en mayo, pero el tema surgió de antes. Nosotros hemos traído a raya a grupo MAS dentro de nuestras atribuciones y el anuncio que estamos haciendo es que vamos tras ellos y vamos a endurecer las medidas, en cuanto a lo que nos corresponde”, dijo en conferencia de prensa.
El viernes 5 de julio se informó sobre la muerte del diputado local Fernando Arteaga Aponte, quien hasta mayo militó en el partido Morena, en esa fecha renunció y dejó la bancada mayoritaria.
En un sin número de ocasiones, el legislador presentó puntos de acuerdo que llevaron a la realización de auditorías y la revisión de las plantas de tratamiento de agua que usa Grupo MAS, y que fueron parte de las acciones que se enlistaron en la reunión con medios, sin embargo, no se mencionó al diputado.
En la misma conferencia el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista explicó que a la fecha la empresa ha iniciado al menos 16 trámites para poder operar las plantas de tratamientos de aguas residuales.
Mencionó que la mayoría de las ocasiones, la empresa presenta las solicitudes, especialmente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin embargo, no concluye los procesos administrativos y la Sedema los da por cerrados.
Explicó que solicitó un permiso de gestión de residuos de manejo especial para la planta de Floresta 1 desde el siete de agosto del 2023; el gobierno le pidió información complementaria el 30 de noviembre de ese mismo año; Grupo MAS la entregó el 22 de marzo, sin embargo, ya no dio continuidad al proceso y se cerró la petición el 10 de mayo.
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El 12 de octubre del 2023, solicitaron permisos para la construcción de un sitio de acopio temporal de arenas, en la zona norte de Veracruz, pero se negó. También han solicitado permisos para las plantas: 18 de marzo, Floresta 1, Rio Medio, La Florida, Norte, Torrentes, Matacocuite 2, Medellín, Condado de Valle Dorado, Arboledas San Ramón, Valle Alto, Puente Moreno, Casa Blanca y Dos Bocas, entre otras.
En todos los casos, dijo, los proyectos son irregulares y les falta el manifiesto de impacto ambiental por lo que se les han negado, “han empezado trámites, pero no le dan seguimiento, por lo que al incumplirse se dan por concluidas”.
Por su parte, el Procurador del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés afirmó que Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) y Compañía de Agua de Boca del Río (CAB), no tienen la capacidad del tratamiento de las aguas residuales en la zona conurbada.
Expuso que, a las empresas, hoteles, torres departamentales de reciente construcción, les entregan permisos validados por Conagua, lo que resulta irregular. Incluso, dijo que tras la orden del Congreso han detectado que las plantas no están funcionando o están contaminando.
"Se les han impuesto multas, severas en diferentes momentos y tiempos, pero aquí lo más importante es que toda esa agua genera un desequilibrio ecológico, hay impactos negativos por lo menos cinco áreas naturales protegidas".
Dijo que desde el año 2022, se inició un expediente 057, se supervisó la planta de Matacocuite, y se detectó que había una construcción y movimiento de tierra y no se contaba con los permisos para ampliar una planta.
“Llegamos a una conclusión, detectamos que la planta lleva un periodo de 10 años en las que presenta un colapso en cuanto a su operación y manejo.
“Tenemos otra planta, el 28 de septiembre del 2022, en este caso fue la planta Geo Los Pinos, en esta planta pudimos encontrar que si estaba en operación (…) la descarga de aguas residuales sin tratar se vierte directamente a un cuerpo de agua que se llama el Basurero, contiguo a un área natural protegida”.
Explicó que al asumir la concesión del servicio la empresa recibió al menos 26 plantas de tratamiento de aguas residuales y muchas de estas no están operando, “otra denuncia fue por la operación de lodos (…) que deben tener una disposición final adecuada, en la zona hay un tratamiento inadecuado, ahí hicimos una clausura total temporal del área”.
mb