OPINIÓN

Lenguas Viperinas

Por
Escrito en OPINIÓN el

Kershenobich y la Cofepris

Por fin se designó al titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Se trata de la Doctora Armida Zúñiga, quien ha generado comentarios muy en positivo. Ella, por décadas, ha trabajado en las áreas de regulación y conoce a fondo el sistema. Los conocedores dicen que el secretario de Salud, David Kershenobich, hizo una muy buena designación, pero la pregunta es si contará con los recursos necesarios para poder desempeñar su labor. Al tiempo.

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO

Jorge Islas el acusado frente a Fernández Noroña

El que tuvo una gira por distintas ciudades de Estados Unidos, fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En su paso por Nueva York, el petista recibió muchos comentarios que tienen que ver con las necesidades de la comunidad mexicana en la región, pero algo de lo que tuvo que escuchar fue las acusaciones que organizaciones hicieron en contra del ex cónsul Jorge Islas. Roberto Bravo, un líder comunitario, levantó la voz por los mexicanos y expuso que el nombramiento de Islas como Coordinador General de Consulados es rechazado. ¿Qué hará Noroña como presidente de la Cámara que se encarga de velar por la política exterior mexicana?

SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS

La jueza Nancy Juárez y el rigor de la represalia

Quien hoy siente el rigor de la represalia es la jueza Nancy Juárez. Se trata de la juzgadora que determinó frenar la reforma judicial y dictaminó que el Ejecutivo Federal, que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, debía bajar del Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual entró en vigor la modificación que se hizo al sistema de justicia en el país. La jueza ha demostrado que ella no cometió conducta irregular alguna, y ella misma evidenció que sufrió presiones por parte del ex ministro Arturo Zaldívar y por ello, hoy es víctima de las represalias.

Consejo Ciudadano ¿Público o civil?

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (CSJCDMX) que entre 2020 y 2024 recibió más de 380 millones de pesos de la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad capitalina, tiene una concepción muy curiosa: cuando se le pide información en torno al uso de los recursos públicos, alegan que son un organismo civil, no obligado a la transparencia, aunque la ley diga lo contrario.

Pero cuando conviene a sus directivos, se ostenta como un ente público. Sucede que Salvador Guerrero Chiprés, su expresidente, fue denunciado por una extrabajadora debido a presuntos actos de discriminación debido a que ordenó retirar una figura religiosa de su escritorio. Ante la protesta de la colaboradora, Guerrero respondió que en un edificio público imperaba el laicismo y por eso no había lugar para la figura. La denuncia llegó al Consejo para Prevenir la Discriminación de la capital que analizó el caso y le dio la razón al entonces titular del CSJCDMX. Lo que llama la atención es la flexibilidad del organismo: si se trata de aclarar en que gastan millones, piden que se les aplique la ley como organismos civiles privados, si se defienden de acusaciones, piden que se les considere como organismos públicos.