En definitiva, la crisis sanitaria y social por la pandemia del Covid 19 nos impactó de diversas maneras, la más trágica de ellas la pérdida de miles de vidas que enlutaron hogares y dejaron un vacío en la sociedad, pero hubo otros impactos que modificaron de forma temporal y en ocasiones permanente, nuestra manera de convivir en sociedad.
No es aventurado decir que la pandemia vino a modificar nuestras vidas. Por eso también debemos tomar como referencia y lección la tragedia, las experiencias derivadas de este hecho lamentable, para prevenir y tomar medidas que atenúen los efectos de este tipo de sucesos.
Y es que no estábamos preparados. La propia autoridad sanitaria y gubernamental dio diversos traspiés que llevaron a la confusión por meses, y desde el gobierno, pasó demasiado tiempo en una curva de aprendizaje que se tradujo en sufrimiento para la ciudadanía.
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Por esta razón, hace unos días presenté una iniciativa, una propuesta en la Cámara de Diputados, para garantizar una respuesta oportuna y eficaz del gobierno frente a emergencias sanitarias, específicamente en lo que se refiere a la disposición presupuestal.
El objetivo es que ante una emergencia por contingencia sanitaria, como la ocurrida por la pandemia del Covid 19, la respuesta del gobierno no se vea limitada por la capacidad presupuestal, sino que haya un mecanismo más ágil para poder encaminar el recurso a la atención de la urgencia, todo en un marco legal.
Y es que las emergencias sanitarias no pueden enfrentarse con rigidez presupuestaria. Se requiere capacidad de reacción inmediata para proteger la vida y la salud de las personas. Esa debe ser la prioridad.
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la pandemia de Covid 19 el gasto estatal en salud disminuyó 2% respecto a 2019, a pesar del incremento en la demanda de servicios médicos.
Estos datos reflejan que la presión financiera derivada de la emergencia limitó la capacidad de los gobiernos locales para fortalecer justamente las áreas más críticas. Y en un momento de emergencia sanitaria, la prioridad debe ser atender la necesidad de la población.
Hay algunos datos que nos indican claramente que hace falta mucho por hacer para prevenir futuros problemas de salud. Por ejemplo, según el análisis del IMCO, las entidades federativas ejercieron 26 mil 25 millones de pesos adicionales en salud y protección social respecto a lo originalmente aprobado; sin embargo, estos recursos extraordinarios no fueron suficientes para compensar la reducción en términos reales frente al ejercicio previo a la pandemia.
¿Qué hizo falta? En mi opinión, debemos avanzar en un diseño presupuestario que prevea este tipo de emergencias para atenderlas sin deterioro del aspecto presupuestal y sin que la actuación del gobierno se limite por cuestiones reglamentarias sino que por el contrario, sea el marco legal el que facilite el trabajo en favor de la ciudadanía.
Las contingencias de salud son críticas y tienen un impacto significativo en la sociedad, por lo que es necesario establecer un marco reglamentario que facilite la acción para proteger a la ciudadanía. En ese sentido fue formulada mi propuesta.