La Fiscalía General del Estado de Chiapas investiga presuntos actos de violencia cometidos durante el proceso de inducción de alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, tras recibir cinco denuncias y la difusión de videos y testimonios que documentan las llamadas “novatadas”.
El caso, que ha dejado al menos una estudiante hospitalizada, volvió a colocar bajo escrutinio a la institución de educación superior rural más antigua del estado y reabrió el debate sobre el modelo de formación que, durante casi un siglo, ha preparado a los maestros destinados a las comunidades campesinas e indígenas.
Mientras la Mactumactzá se ha convertido en uno de los principales bastiones del activismo estudiantil y de las movilizaciones de la CNTE, Chiapas mantiene el mayor rezago educativo del país: casi dos millones de personas, en su mayoría habitantes de comunidades rurales e indígenas, son analfabetas o no concluyeron la educación básica.
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Las escuelas normales rurales fueron uno de los proyectos educativos más ambiciosos de la Revolución Mexicana. Inspiradas por la visión de José Vasconcelos buscaron formar maestros misioneros comprometidos con la educación, el desarrollo social y la transformación de las comunidades campesinas e indígenas.
La primera Normal Rural del país se fundó en Tacámbaro, Michoacán, en 1922. En Chiapas, la Escuela Normal Rural Mactumactzá abrió sus puertas el 24 de febrero de 1931, en los terrenos de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue trasladada a la finca La Chacona, donde funcionó como Escuela Regional Campesina. Al concluir el cardenismo fue cerrada y no reanudó actividades sino hasta 1956, cuando reabrió como Escuela Normal Rural Mactumactzá.
La llegada de Pablo Salazar Mendiguchía al gobierno de Chiapas, en el año 2000, despertó expectativas de una nueva relación con los movimientos sociales. Sin embargo, su administración marcó el inicio de una prolongada etapa de confrontación con los estudiantes de Mactumactzá. Las primeras protestas se centraron en la exigencia de mayor presupuesto, mejores condiciones para el internado, incremento de becas y asignación de plazas para los egresados.
La tensión escaló al grado de que el gobierno estatal planteó públicamente la posibilidad de cerrar la Mactumactzá, argumentando que se había convertido en un foco permanente de conflicto. El punto de quiebre llegó el 6 de agosto de 2003, cuando un operativo policial contra una manifestación estudiantil derivó en un enfrentamiento en el que perdió la vida el normalista Joel David Martínez López, además de registrarse varios heridos y detenidos.
Durante los gobiernos de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello persistieron los bloqueos carreteros, la retención de autobuses y las manifestaciones en demanda de mayores recursos, plazas docentes y en defensa de las escuelas normales rurales. Sin embargo, en julio de 2018 el conflicto dejó de estar exclusivamente en las calles. La muerte del aspirante José Luis Hernández Espinosa durante un curso de inducción colocó por primera vez las novatadas en el centro de la discusión sobre la vida interna de la Mactumactzá.
La tragedia dio origen a una investigación de la Fiscalía General del Estado que derivó en la detención del entonces director, Conrado de Jesús Borrás León, acusado por el Ministerio Público de homicidio y homicidio en grado de tentativa por omisión, al considerar que conocía esas prácticas y no actuó para impedirlas.
Borrás, recluido en el penal de El Amate, rechazó las acusaciones. En una carta sostuvo que las novatadas eran organizadas por el comité estudiantil, negó haberlas ordenado y afirmó que nunca existió un proyecto académico que las respaldara. Reconoció que se realizaban cursos de inducción, pero rechazó haber autorizado prácticas que pusieran en riesgo la integridad de los alumnos.
En noviembre de 2018, el Ministerio Público se desistió de la acción penal y Borrás recuperó su libertad. Posteriormente fue reincorporado a la Dirección de Educación Secundaria y Superior y, con el respaldo del comité estudiantil, regresó a la dirección de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Su retorno no estuvo exento de controversia. Una investigación sobre la asignación de plazas en la Normal documentó desacuerdos entre parte del personal docente y administrativo, el sindicato y el comité estudiantil.
La confrontación con el gobierno alcanzó otro punto crítico durante la administración de Rutilio Escandón Cadenas. El 18 de mayo de 2021, un operativo policiaco para desalojar un bloqueo carretero concluyó con la detención de 95 estudiantes, en su mayoría mujeres, hecho que provocó una amplia condena de organismos de derechos humanos y volvió a colocar a la Mactumactzá en el centro del debate nacional.
Las protestas derivaron en destrozos a comercios ubicados en la avenida Central de Tuxtla Gutiérrez y en la quema de un autobús frente al palacio de gobierno. Ante estos hechos, dirigentes del sector empresarial reprobaron los actos vandálicos y exigieron a las autoridades el restablecimiento del Estado de derecho.
Con la llegada de Eduardo Ramírez al gobierno estatal, en diciembre de 2024, la estrategia oficial siguió las directrices del morenismo. En el discurso se privilegió el diálogo y las mesas de negociación con los normalistas; sin embargo, en los hechos predominó una política de tolerancia absoluta hacia sus movilizaciones, permitiendo bloqueos y protestas violentas sin una intervención decidida de la autoridad.
En 2025, la Escuela Normal Rural Mactumactzá ejerció alrededor de seis millones de pesos en recursos federales destinados a su operación y mantenimiento. Sin embargo, las diferencias entre estudiantes y autoridades no desaparecieron. El 15 de mayo de 2025, el normalista Jesús Alain Vázquez Pérez murió al caer de una camioneta en movimiento durante una persecución policiaca, cuando un grupo de estudiantes trasladaba a dos policías estatales que previamente habían sido retenidos.
Este año, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del estudiante, los normalistas de Mactumactzá marcharon por la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, realizaron pintas e incendiaron una réplica de cartón de una patrulla PAKAL frente al Palacio de Gobierno.? Ante cada hecho vandálico, la fiscalía estatal abre una carpeta de investigación pero siguen las marchas y los bloqueos.