Hay crisis que aparecen de golpe. Otras tardan meses en construirse hasta que llega un momento en el que resulta imposible seguir creyendo que todo es casualidad.
Desde julio de 2024 la relación entre México y Estados Unidos comenzó a tomar un rumbo distinto. La captura de Ismael “El Mayo” Zambada abrió una crisis diplomática que nunca terminó de resolverse. Después llegaron investigaciones en cortes norteamericanas, negociaciones con integrantes de los principales cárteles, la clasificación de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, sanciones financieras contra redes vinculadas al narcotráfico y al huachicol, cancelaciones de visas, filtraciones sobre investigaciones a personajes políticos y un discurso cada vez más firme desde Washington que sostiene la posible infiltración del crimen organizado en distintas estructuras del Estado mexicano.
Las grandes decisiones de Estado rara vez son producto de la improvisación. Primero se construye una narrativa. Después se genera respaldo político e institucional. Finalmente llegan las decisiones. Por eso vale la pena observar los acontecimientos de los últimos doce meses como parte de un mismo proceso.
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El martes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional rechazando esos señalamientos y calificando de falsas diversas afirmaciones provenientes de autoridades y actores norteamericanos. Más allá de quién tenga la razón, quedó expuesta una diferencia de fondo. Si dos gobiernos ya no comparten el mismo diagnóstico sobre un problema, difícilmente compartirán la misma estrategia para enfrentarlo.
Allí comienza el verdadero riesgo.
La confianza es uno de los activos más valiosos entre dos naciones. No solamente sostiene la cooperación política. También genera certidumbre para invertir, producir, abrir empresas y crear empleos.
Y en economía, como ocurre con la seguridad, la percepción suele convertirse en realidad.
Cuando un inversionista percibe incertidumbre, espera. Cuando las empresas esperan, la inversión se detiene. Cuando la inversión se frena, dejan de generarse empleos formales. Crece la informalidad y, en demasiadas regiones del país, el crimen organizado encuentra con mayor facilidad jóvenes para reclutar.
Si esta ruta continúa, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de la política exterior. Revisiones aduanales más lentas. Controles migratorios más estrictos. Mayor vigilancia sobre operaciones financieras. Nuevas restricciones para las remesas. Una revisión del TMEC donde el eje ya no sea solamente el comercio, sino la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y el huachicol.
Los países no entran en crisis únicamente cuando se rompen los acuerdos. También cuando se rompe la confianza. Recuperarla puede tomar muchos años. Perderla, apenas unas cuantas semanas.
Ojalá las señales de los últimos meses correspondan únicamente a un periodo de tensión entre dos gobiernos. Pero si forman parte de una estrategia de mayor alcance, México podría enfrentar uno de los escenarios más delicados de las últimas décadas. Y como casi siempre ocurre, quienes primero pagarán la factura no serán los presidentes, los gobernadores o los altos funcionarios. Serán los trabajadores que dejen de encontrar empleo, las empresas que cancelen inversiones y millones de familias que terminarán absorbiendo el costo de una relación rota.