Que la discusión sobre la libertad de expresión en los medios esté en el centro de la conversación es sin duda una buena noticia. La mala, es que llegó ahí por la propuesta del gobierno federal de avanzar en los lineamientos de la defensa de las audiencias, que en opinión de especialistas como Artículo 19, es una fuente de amenaza y una puerta para la censura gubernamental.
Del tema se ha escrito mucho en los últimos días y no voy a repetir argumentos que desde diversas posiciones ya han hecho –incluso desde voces que han empujado el tema y ahora ven motivos de preocupación– pero sí quisiera advertir sobre dos elementos que el gobierno ha puesto en la mesa que resultan alarmantes.
El primero tiene que ver con la insistente posición que sostiene que quienes informamos desde la radio o la televisión tenemos que distinguir entre información y opinión. Para decirlo claro: eso es imposible. Y lo es por muchas razones. Primero, porque no existe tal cosa como una realidad objetiva que se selecciona y jerarquiza sola. Todos los días ocurren en la ciudad, el país y el mundo cientos de acontecimientos que tienen valor noticioso. El solo hecho de seleccionar cuáles se presentan ya tiene una carga de subjetividad que se explica por la línea editorial, el perfil de la audiencia y hasta la agenda de quien conduce el espacio que privilegia ciertos temas sobre otros.
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A eso se agrega la inevitable subjetividad que implica la selección de voces invitadas, y por supuesto, la elaboración de cualquier pregunta que por la simple selección de palabras implica un sesgo. Y ni hablar de elementos más difíciles de etiquetar como el tono de voz, el lenguaje corporal o hasta el ánimo de quien presenta la información.
No hay pues tal distinción posible entre opinión e información en el sentido que plantea el gobierno. La falacia que cree que es plenamente distinguible –como en un diario que separa una nota de una columna– es en realidad una caricatura de un tema más complejo.
Un segundo elemento preocupante pasa por la valoración que hace la Presidencia de elementos tan ambiguos como el uso del contexto de una noticia o de la referencia a eventos del pasado, a los que señala como amenazas para la veracidad de una información. Seamos claros. ¿Quién puede definir cuánto contexto es suficiente para una nota? Si doy un dato económico, por ejemplo, ¿está bien si lo comparo con el del mes pasado o del año anterior? ¿Es correcto que lo mire solo en la evolución de ese sexenio o lo adecuado es mirarlo en comparación con gobiernos anteriores?
Y en todos esos casos la información es verdadera, solo que el punto de comparación que tome va a impactar en la interpretación de la noticia. Y no hay ningún mecanismo objetivo que diga que hay una forma única y correcta de resolver esos temas.
Por eso es preocupante lo que plantea el gobierno, porque en cualquiera de estos debates no hay una solución definitiva. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un radioescucha –real o al servicio del gobierno– se queja de que presenté poco contexto de una nota y la defensora de audiencia se da por satisfecha con la respuesta del periodista? En el modelo actual, nada. En la propuesta, sin embargo, el quejoso puede llevar el tema hasta el punto que sea una autoridad gubernamental la que decida si se atendió o no su reclamo, lo que en los hechos hace obsoletos a los defensores de audiencia de cada medio y huecas las palabras presidenciales que dicen que es un tema de autorregulación.
Lo que está en juego es mucho. No es solo un tema legal sobre qué atribuciones tiene el gobierno –que también lo es– sino un debate que puede terminar en un sistema en el que éste y futuros gobiernos puedan presionar, ahora por esta vía, para inhibir al periodismo crítico.
Todavía no estamos ahí, pero la defensa de las audiencias puede ser el Caballo de Troya por el que entren nuevas formas de presión y censura, y por el bien de los medios y de la misma ciudadanía, no lo deberíamos permitir.