Durante más de medio siglo el narcotráfico evolucionó como cualquier otro mercado. Creció conforme aumentó la demanda, cambió rutas cuando fue necesario, sustituyó productos, diversificó organizaciones y sobrevivió a gobiernos de todos los colores. La captura de grandes capos, los decomisos millonarios y las extradiciones nunca lograron alterar de manera permanente esa dinámica.
La explicación siempre fue más amplia. Todo mercado ilegal necesita consumidores, una estructura capaz de producir y distribuir, instituciones responsables de combatirlo, un sistema financiero que permita mover y ocultar las ganancias y una narrativa que justifique las decisiones del Estado. Durante décadas el esfuerzo se concentró principalmente en perseguir al proveedor. Mucho menos en reducir el consumo, fortalecer las instituciones o cerrar los espacios por donde circula el dinero del crimen.
Sin embargo, algo cambió. No cambió la droga. No cambiaron los cárteles. Tampoco cambió el mercado. Cambió el Estado que decidió enfrentarlos y la lógica bajo la cual pretende hacerlo.
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La imagen más ilustrativa ni siquiera ocurrió en México. Desde hace meses circulan videos de lanchas rápidas cargadas con cocaína frente a las costas venezolanas. Son detectadas desde el aire y destruidas antes de completar su recorrido. Más allá de la operación militar, el mensaje es contundente.
La seguridad pública busca detener al responsable. La seguridad nacional busca que la amenaza deje de existir. Esa diferencia cambia por completo la forma de entender este fenómeno.
Durante más de cuarenta años el narcotráfico fue tratado, esencialmente, como un problema criminal. El éxito se medía por detenciones, procesos judiciales, decomisos y extradiciones. Hoy la lógica comienza a ser distinta. La designación de ocho cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte de Estados Unidos representa mucho más que una nueva categoría jurídica. Refleja el paso de una visión de seguridad pública a otra de seguridad nacional.
Cuando cambia esa premisa también cambian los objetivos. Ya no basta con detener operadores. La prioridad es desarticular toda la estructura que hace posible la amenaza. Laboratorios, rutas, precursores químicos, redes logísticas, empresas fachada, comunicaciones y lavado de dinero dejan de verse como piezas aisladas para convertirse en un solo objetivo.
El dinero adquiere un papel tan importante como la droga. La presión ya no recae únicamente sobre los recursos administrados por las organizaciones criminales. También alcanza a quienes, conforme al marco legal aplicable, faciliten o sostengan esas estructuras.
Pero esta nueva visión conserva una debilidad de origen. Ninguna estrategia de seguridad resolverá el problema si no va acompañada de una política seria de salud pública para disminuir el consumo. Mientras el mercado siga creciendo, siempre habrá quien esté dispuesto a abastecerlo. Las estadísticas internacionales muestran que el consumo mundial de drogas continúa en aumento. Ahí permanece el combustible que alimenta todo este negocio.
Ocho cárteles mexicanos ya fueron designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Ese dato, por sí solo, marca el inicio de una etapa distinta. Podemos debatir si esta estrategia tendrá éxito o fracasará. Lo que ya no admite discusión es que Washington dejó de ver al narcotráfico únicamente como un problema criminal y comenzó a tratarlo como una amenaza para su seguridad nacional. Quien siga analizando este fenómeno con las reglas de ayer difícilmente entenderá lo que ya empezó a cambiar.